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miércoles, 23/07/14 - 12: 31 h

servicios bancarios

El veto a la prejubilación crea pensionistas de primera y de segunda en banca

Ruth Ugalde

lunes, 29/10/12 - 06:00

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  • Las entidades nacionalizadas se enfrentan a tener que aplicar, obligatoriamente y por exigencia de Bruselas, los 20 días de la reforma laboral.
  • El retraso de la jubilación anticipada complicará todavía más el retiro de los empleados de estas entidades y aumentará el agravio comparativo con los bancos sanos.
El Gobierno inicia la reforma de la Administración para mejorar su eficacia

El sector financiero ha sido, tradicionalmente, uno de los más generosos a la hora de llevar a cabo ajustes masivos de plantillas. Por ejemplo, indemnizaciones con hasta 70 días por año trabajado o prejubilaciones con prácticamente el 90% del sueldo han sido un práctica habitual dentro de las entidades.

Esto ha facilitado los acuerdos entre empresa y sindicatos en los cerca de 30.000 recortes de empleo que, según los representantes de los trabajadores, se han llevado ya acabo dentro de toda la reforma del sector financiero de los últimos cuatro años.

Aunque no existen cifras oficiales, los sindicatos cifran en torno al 80% el peso que han tenido las prejubilaciones sobre el total de este ajuste.

Una práctica que, además, se ha  hecho recurriendo a los dos años de prestación por desempleo, garantizando la empresa el pago de las cotizaciones y con el 80%-90% del sueldo hasta cumplir los 65 años, o los 61 en caso de jubilación anticipada.

Pero este oásis de los retiros se ha ido complicando en los últimos años, los mismos en los que bancos y cajas se han visto inmersos en la que probablemente sea la mayor reestructuración de su historia.

Por una parte, el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y de la anticipada a los 63 ha encarecido estos acuerdos, que poco a poco van recortando el porcentaje del sueldo que garantiza la entidad, aunque éste sigue siendo muy elevado.

Por otro, la medida aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha terminado desarrollando y aprobando el actual, impide a las empresas con beneficios prejubilar a sus trabajadores con cargo a las arcas públicas del desempleo y les obliga a tener que reingresar al Estado el dinero que éste pagará a sus empleados por estar en paro.

Pero, además, hay dos novedades que amenazan no sólo con dejar en un bonito recuerdo estos retiros dorados. Por una parte, la decisión del Gobierno de retrasar la edad de jubilación anticipada de 61 a 63 años, incluso en aquellos casos en los que el ajuste de plantilla se aplique por motivos económicos, excepción que existía hasta ahora.

Por otra, el veto que ha impuesto Bruselas, con el beneplácito del Banco de España, a estas prácticas en aquellas entidades donde el Estado controle, al menos, el 40% del capital.

Los trabajadores de estas entidades deberán ceñirse a los 20 días por año trabajado que impone la reforma y, posteriormente, ir al paro o buscar empleo.

Banco de Valencia, será la primera entidad nacionalizada en ceñirse a lo que dicta la reforma laboral, aseguran en Comisiones Obreras, desde donde también advierten del agravio comparativo que se producirá a partir de ahora entre los prejubilados de las entidades sanas y de las intervenidas.

Por ejemplo, el acuerdo que acaba de sellar BBVA con Unnim contempla prejubilaciones para empleados a partir de 53 años con el 75% del salario bruto hasta que alcancen los 64%, algo impensable en las nacionalizadas, que también están inmersas en duros ajustes de plantilla.

"El problema de cómo se está abordando el coto a las prejubilaciones y a la jubilación anticipada es que se está cortando por el mismo rasero a todos el mundo, a las grandes compañías con beneficios y a las pymes", explica Carlos Bravo, experto en la materia en Comisiones Obreras.

En su opinión, si realmente se quiere prohibir la práctica de enviar a casa a los mayores, se deberían de "adoptar medidas que prohíban estos ajustes, crear un escudo de seguridad", como, por ejemplo, se ha hecho con las mujeres embarazadas.

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