La Audiencia Nacional admite a trámite una denuncia de Anticorrupción contra toda la familia Botín

16/06/2011 12:52 | lainformacion.com

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La Audiencia Nacional investigará a la familia Botín por fraude fiscal y falsedad

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

A principios de año, la AEAT envió a la Fiscalía Anticorrupción un informe con los datos que, consideraba, podían ser constitutivos de delito a raíz de las informaciones obtenidas con la lista del HSBC.

Tras varios meses investigando y solicitando más detalle a la Agencia Tributaria, la Fiscalía ha terminado presentando una demanda. La información sobre la que se ha construido la demanda se remonta a los ejercicios 2005 y 2006.

Tras obtener las listas del HSBC, Hacienda envió requerimientos a 659 titulares de las cuentas, dos de ellas personas jurídicas, con el objetivo de "ganar tiempo" e interrumpir la posible prescripción del delito.

Además, les concedió un plazo para regularizar la situación, que expiró el 30 de junio de 2010, hace casi un año. Una vez cumplido este plazo, a partir de septiembre, la Agencia empezó a citar a los titulares de las cuentas que no habían atendido el requerimiento, o que lo habían hecho de forma insuficiente, e inició el expediente sancionador correspondiente.