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Sábado, 04/07/15 - 05:29 h

Más inestabilidad

Jueves, 20 de diciembre del 2012 - 04:34

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El acuerdo alcanzado entre CiU y ERC asegura tanto la investidura de Artur Mas como una mayoría amplia de partida. Pero el orden de los factores que refleja el encabezamiento del documento -«para la transición nacional y la estabilidad parlamentaria»- hace que el pacto se firmase de espaldas al entendimiento político y al dinamismo económico que hoy precisa Cataluña. Mas se ha asegurado la gobernabilidad a un precio tan alto que lo que augura es precisamente una legislatura inestable que afectará al conjunto de España; a un precio que paga Cataluña. El acuerdo suscrito por Mas y Junqueras no contempla únicamente los pasos con que sus promotores quieren acceder a una consulta soberanista, transfiriendo a las instituciones del Estado la responsabilidad de permitirla y obviando de qué modo piensan sortear la legalidad constitucional. Apunta también una estrategia de hechos consumados al contemplar las bases de una administración tributaria propia, avanzando la gestación de un banco público catalán, el diseño de la Tesorería de una Seguridad Social independiente, o el plan para asumir las competencias que mantiene el Estado central en materia energética y de grandes infraestructuras. En este mismo sentido han de entenderse también las nuevas medidas impositivas que contempla un acuerdo cuyo contenido será desarrollado nada menos que mediante dos comisiones y siete grupos de trabajo. El alcance del pacto podría sugerir más una coalición de gobierno que un mero compromiso de estabilidad al inicio de la décima legislatura autonómica. Resulta verdaderamente sorprendente que CiU y ERC lo presenten como resultado de su mutuo compromiso por «un liderazgo compartido, participativo y plural entre el partido que gobernará la Generalitat y el primer partido de la oposición». Planteamiento que se explica al comprobar que un denominado «Consejo Catalán para la Transición Nacional», que recuerda a la Asamblea Nacional Catalana que convocó la manifestación del pasado 11 de septiembre y cuya composición parece vedada a quienes no coincidan con el soberanismo, será el organismo que solape a la Generalitat en la aventura. Solo «la excepción de que el contexto socioeconómico y político requiera una prórroga» para la celebración de la consulta introduce una mínima cautela en un acuerdo que tergiversa los términos en los que la ciudadanía catalana se expresó con su voto el pasado 25 de noviembre.

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