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miércoles, 23/07/14 - 19: 26 h

servicios bancarios

Un retraso en la venta de Catalunya y NCG pondría en jaque el déficit del Estado

Ruth Ugalde

lunes, 21/01/13 - 06:00

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  • Eurostat puede obligar a España a computar déficit mientras estás entidades no demuestren su capacidad de generar valor por sí mismas.
  • La subasta de estos bancos está en el aire ante la negativa de los potenciales compradores a adquirirlos sin ayudas y al precio que pide Economía.
El Frob no descarta retrasar la subasta de Catalunya Banc más allá de marzo para evitar "malvenderla"

La factura que ha supuesto el rescate financiero a las arcas públicas amenaza con seguir incrementándose. Y es que, los problemas que está encontrando el Ministerio de Economía para subastar CatalunyaBanc y NCG Banco (fruto de la fusión de las cajas gallegas) puede complicar el déficit de este año.

Aunque el pasado viernes el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) decidió seguir adelante con el proceso de venta de la catalana, tanto los potenciales compradores como el entorno del Ministerio de Economía desconfían de que pueda cerrarse antes de terminar marzo. Y, si este mal pronóstico se cumple, podría tener consecuencias en el déficit.

El motivo, según explican expertos en contabilidad pública, es que "mientras el Estado tenga participación en estas sociedades, y los números no demuestren que pueden generar valor por sí mismas ni repartir dividendo, Eurostat obliga a computar déficit".

¿Cuánto? Es la pregunta del millón que, además, a comienzo de ejercicio es prácticamente imposible de responder, ya que el posible roto en las cuentas públicas dependerá de la capacidad de estas entidades para demostrar su viabilidad.

Desde el Gobierno reconocen que, como cualquier sociedad, todas las entidades nacionalizadas pueden tener pérdidas o ganar dinero y, por tanto, si se diera la primera opción, admiten que deberá computarse como déficit si están bajo el paraguas estatal.

Los expertos en contabilidad, no obstante, recuerdan que los criterios de Eurostat tienen muchos más matices y, además de este supuesto, donde se muestra más inflexible el organismo es a la hora de comprobar si una compañía puede funcionar sin el dinero público inyectado. Si no es así, el país de turno debe reconocer el agujero correspondiente.

El sector no se fía

La viabilidad de estas entidades, por el momento, ya ha sido puesta en entredicho por el propio sector, que está pidiendo Esquemas de Protección de Activos (EPAs) para acudir a la subasta de las dos entidades nacionalizadas.

Pero el Ministerio de Economía no está dispuesto a seguir ofreciendo estos escudos que, a falta de Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), se está financiando con el dinero de todos los españoles.

¿Por qué los potenciales compradores están pidiendo EPAs? Porque sospechan que en el futuro puedan aparecer agujeros y prefieren garantizarse que sea el Estado o el FGD quienes hagan frente a la pérdida.

Dicho con otras palabras, no confían en la viabilidad por sí solas de CatalunyaBanc y NCG Banco, uno de los argumentos que esgrime Eurostat para obligar a los Estados a apuntarse estas participaciones como déficit.

Desde las entidades nacionalizadas aseguran que su viabilidad está garantizada después de que Europa les haya inyectado el dinero del rescate financiero y hayan traspasado sus activos al banco malo.

Santander era el principal favorito a hacerse con la entidad catalana, por la que  BBVA, Sabadell, Popular y KutxaBank también aparecen en las quinielas de potenciales compradores.

El principal argumento que esgrime Economía para oponerse a más EPAs y para exigir un jugoso cheque por estos bancos, a diferencia de la práctica generalizada que se ha realizado hasta ahora de desprenderse de ellos por un euro, es que ya han sido saneados.

Primero, con la inyección de dinero procedente de Bruselas y, segundo, con el traspaso de los activos inmobiliarios tóxicos al banco malo. Así, CatalunyaBanc recibió 9.000 millones de los socios europeos y NCG Banco, 5.500 millones.

Además, la primera transfirió activos a Sareb por importe de 6.708 millones, mientras que la segunda aportó 5.707 millones, cifra inferior a los 6.122 millones esperados inicialmente.

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