Todas las CCAA se comprometen a apretarse el cinturón para reducir el déficit

22/03/2010 22:11 | Beatriz Toribio

El Gobierno ha logrado sacar adelante un acuerdo con los Gobiernos autonómicos para reducir el déficit al 3% del PIB que exige Bruselas para 2013. Pero las ocho Comunidades Autónomas gobernadas por el PP si bien están de acuerdo con el fin que persigue el acuerdo, no comparten la forma, por lo que se han abstenido. Una postura que ha sido muy criticada por la vicepresidenta Elena Salgado. Contener el gasto en personal, restringir la oferta de empleo público o elaborar en tres meses un plan de racionalización son algunas de las medidas del documento aprobado hoy.

El Gobierno y las comunidades debaten medidas para "apretarse el cinturón"

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Con el acuerdo aprobado hoy, las Comunidades Autónomas se comprometen a arrimar el hombro en el objetivo del Gobierno de reducir el déficit público en 50.000 millones de euros de aquí a 2013. De esta cifra, 10.000 millones correrán a cargo de las Comunidades Autónomas.

El acuerdo ha salido adelante con el voto a favor de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares, Cantabria, Asturias y la abstención de las siete CCAA gobernadas por el PP (Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Madrid y Murcia), más Ceuta y Melilla. Canarias no ha podido votar por la ausencia de su consejero.

Las Autonomías gobernadas por el PP se han abstenido porque si bien están de acuerdo en el objetivo de reducir el déficit público, consideran que las medidas que contempla el acuerdo son insuficientes y piden “medidas más concretas” que las que recoge el documento. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha criticado la postura del PP ya que se ha abstenido "pese a estar de acuerdo con los objetivos de estabilidad, por lo que no se entiende muy bien -ha dicho- su abstención", que ha llegado a calificar de “contradicción”.

¿Y cómo reducirán las CCAA el gasto público que les corresponde? El acuerdo recoge una serie de medidas que les obligan a recortar en gasto en personal, oferta de empleo público y otras materias. Pero además, cada Comunidad Autónoma deberá elaborar en tres meses planes de racionalización y eficiencia del gasto.

Y para ello, en la reunión de hoy se ha acordado crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que hará propuestas para reducir el gasto y que deberán analizar la información que le remitan los Gobierno autonómicos.

Este grupo de trabajo tiene plazo hasta el 10 de junio para elaborar sus conclusiones.

Precisamente éste ha sido uno de los puntos de fricción con las CCAA gobernadas con el PP, que han votado en contra de la creación de este grupo de trabajo. Las autonomías gobernadas por el principal partido de la oposición pedían que el Gobierno reunirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera la semana que viene y aportara “medidas más concretas” para reducir el gasto. “No hace falta analizar más la situación, que ella sabemos que es grave, sino actuar ya” afirmaba al finalizar la reunión el consejero de Economía de la Comunidad de Valencia, Gerardo Camps.

Las medidas más importantes que contempla el acuerdo de hoy para que las CCAA reduzcan el déficit son:

- El Gobierno insta a las CCAA a mantener la deuda por debajo del promedio de los países de la zona euro y alcanzar "en el medio plazo" el límite 60% del PIB que exige Bruselas. Según las propias previsiones del Ejecutivo, este año dicho porcentaje podría alcanzar el 65,9% frente al 39,7% que se registró en 2008.

- Gasto de personal: se propone contener el gasto en este capítulo "a través de una senda de austeridad en materia de retribuciones" y con una estrategia "restrictiva" en las ofertas de empleo público, entre otras medidas. Pero el Gobierno apunta que todas las actuaciones en materia retributiva se deberán instrumentalizar a través del diálogo social.

- Un plan propio de austeridad en tres meses: el documento insta a las CCAA aprobar en tres meses un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público, igual que lo hará la Administración Central. Esto puede suponer supresiones, refundiciones o reestructuraciones de órganos innecesarios.

- Informes trimestrales y anuales: las comunidades deberán remitir a CPFF un informe cada tres meses en el que deben detallar los plazos para el pago de operaciones comerciales realizadas entre la Administración autonómica y las empresas. Y, anualmente, deberán informar detalladamente de los gastos que han realizado y los pendientes de realizar.

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