Fue contundente, ganó la guerra de la imagen y los pasajeros le agradecieron su intervención. Pero no ha resuelto un problema que viene de lejos, pudo evitarlo, y el presidente de Gobierno no apareció a pesar de la alarma.

Los españoles han vivido uno de los fines de semana más convulsos de su reciente historia. A una huelga de proporciones catastróficas, se ha unido la imposición del estado de alarma, lo cual no ha podido evitar pérdidas de dinero, y de tiempo de ocio.

¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el Gobierno en esta crisis? Para averiguarlo, antes hay que remontarse al pasado reciente.

La crisis de los controladores tiene una larga historia. Pero la más reciente se remonta a febrero de 2010, cuando el gobierno aprobó un decreto ley que regulaba el trabajo de los controladores. En resumen, amplió su horario laboral de 1.200 horas anuales a 1.750, y les  limitó las horas extras a 80 anuales (por donde los controladores podían obtener muchos ingresos). El gobierno intervino de este modo porque los controladores habían realizado huelgas en las navidades 2009-2010.

Los 2.300 controladores no aceptaron este decreto y dijeron que emprenderían acciones legales.

Tras muchas negociaciones, el 13 de agosto de este año, el ministro de Fomento y los controladores llegaron a un acuerdo. El número máximo de horas anuales sería 1.670. El ministro anunció a todo el país que había motivos de “celebración” porque se había llegado a un acuerdo con los controladores. Pero omitió un detalle. No fue un acuerdo sino un “principio de acuerdo” ya que no se aclaraba un punto importante: ¿se incluiría en esas horas algunos derechos laborales como 15 días de vacación por matrimonio, cursos de formación o bajas médicas? Ese detalle quedó en el limbo.

Como ese detalle quedó sin resolver, a medida que se acercaba diciembre aumentaba el número de bajas entre los controladores: los que iban cumpliendo sus 1.670 horas dejaban de acudir. Las torres registraban cada vez más incidencias y el ministro de Fomento, alarmado y esperando una navidades calientes, ya dijo el jueves pasado que no iba a aceptar “chantajes”. Los controladores esperaban que el gobierno aprobase un decreto ley el viernes, pero, ¿incluiría las horas personales en el horario anual tales como matrimonio, formación…?

El viernes pasado, el Gobierno no aclaró ese detalle pues se limitó a usar una escueta frase en el consejo de ministros: “Se clarifica la jornada laboral de los controladores de tránsito aéreo para que no quede ninguna duda de cuál es la jornada laboral que tienen que cumplir”.

Pero no se “clarificaba” porque no aparecía por ningún lado en qué consistía eso. Aun así, los controladores supusieron que esa “clarificación” significaba que no se incluían ciertos derechos laborales. Por lo tanto, a las 1.670 horas tenían que sumar las que se habían tomado por enfermedad, etcétera. Trabajar más. Pero no les gustó y entonces comenzó la revuelta: la mayoría ya había cumplido con sus 1.670 horas anuales. Por lo tanto, técnicamente se podían ir a casa y no acudir a las torres dado que Fomento no “clarificaba” si las horas que se habían tomado por motivos personales estaban dentro del convenio. Las torres empezaron a vaciarse. Se desató el caos.

El gobierno reaccionó decretando por la noche la militarización de los aeropuertos. Luego, el estado de alarma al día siguiente. Y con ello logró que volviera el orden a los aeropuertos en pocas horas.

Los pasajeros se pusieron de parte del gobierno y al mismo tiempo, increparon a los controladores por haber desatado el caos.
En resumen, esto es lo que hizo bien el gobierno:

1.    Militarizar: una vez desatado el conflicto, dar un ultimátum a los controladores. Si a las 22.00 horas no volvían a sus trabajos, los aeropuertos serían militarizados y los controladores también. Al no llegar a un acuerdo, el gobierno militarizó los aeropuertos a las 23.00 horas del viernes 3.

2.    Informar con precisión: en la primera comparecencia del vicepresidente de gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, a las 23.00 horas y en las posteriores, el gobierno dio una imagen de precisión en la comunicación y en las respuestas. “El Gobierno mostró firmeza y reaccionó con rapidez, informando puntualmente a los ciudadanos a través de un único portavoz que llevo el protagonismo de la gestión de crisis: el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba”, afirma Daniel Ureña, socio director de la firma de comunicación MasConsulting.

3.    Exigir responsabilidades: el gobierno afirmó que esta acción no quedaría impune y que castigarían a los controladores que no hubieran acudido a sus puestos de trabajo sin una justificación razonable. Inmediatamente, las fiscalías se movilizaron a la vez que AENA abrió más de 400 expedientes. A ojos de la opinión pública, estas acciones están justificadas.

4.    Asegurar las navidades: el decreto ley les permitirá tener militarizados a los controladores 15 días. Puede pedir una prórroga al Parlamento de 15 días adicionales, con lo cual, los españoles que piensen viajar por avión podrán estar tranquilos estas navidades.

5.    Tomar la decisión: es el primer gobierno de la democracia que toma la decisión de encararse a los controladores con medidas extremas. “Ningún gobierno lo había hecho hasta ahora”, dice una fuente relacionada con los aeropuertos españoles. Y esta misma fuente recuerda que “en tiempos del PP, en 1999, se firmó el convenio colectivo que ha servido de base al conflicto, pues permitió las horas extras “de oro” a los controladores”.

¿Y qué hizo mal?

1.    No aclarar: desde principios de año, cuando el gobierno aprobó el primer decreto ley para regular el trabajo de los controladores, ha quedado en el aire la inclusión o exclusión en el horario anual de ciertos derechos sociales.

2.    Confundir: el consejo de ministros del viernes pasado no aclaró nada, a pesar de que pretendía “clarificar”. Por la mañana aprobó un decreto ley que, en lo que respecta a los controladores, era confuso. La prueba es que horas después, por la tarde, aprobó un decreto ley “extraordinario” en el cual por fin “clarificaba” que las horas de formación, o enfermedad no computaban dentro del horario anual. Era la primera vez que lo hacía.

3.    No prever:  ha tenido desde febrero para resolver esta situación. La opinión pública estaba desde el principio con el gobierno pues una hora extra de un controlador podía costar hasta 700 euros. Los sueldos de los controladores podían alcanzar hasta los 900.000 euros. El acuerdo de agosto pasado podía haber sido el momento ideal, pero desgraciadamente, en ese acuerdo no se pactaron los derechos sociales.

4.    Ausencia del presidente: en otros países y ante esta clase de conflicto, suele comparecer el presidente de Gobierno. ¿Por qué no lo hizo? “El presidente del Gobierno debería haber aparecido, ya que la gravedad de la situación lo requería. Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que se decreta el estado de alarma. Zapatero desaprovechó una magnífica oportunidad de reforzar su liderazgo”, añade Daniel Ureña.

El asunto no está resuelto porque si el gobierno lleva este asunto ante los tribunales, se puede encontrar con que los jueces dan la razón a los controladores. “En teoría, hicieron sus 1.670 horas anuales. Cumplieron el convenio de modo que el juez tendrá que darles la razón”, dice una fuente independiente, no vinculada ni al Gobierno ni a los controladores.
En cualquier caso, este conflicto demuestra que el derecho de huelga en España todavía tiene muchos agujeros. No existe una ley de huelga, pero sí el derecho a ir a la huelga (en la Constitución) de modo que el gobierno, como ha sido el caso, ha tenido que decretar el estado de alarma para detener una huelga salvaje.