En pleno debate sobre los recortes presupuestarios en las comunidades autonómas, la Comunidad de Madrid desató la polémica al proponer el recorte de las horas extraordinarias entre los profesores.
La reforma de la Constitución ha pasado esta semana el trámite (nunca mejor dicho) parlamentario del Senado. Mientras tanto, la polémica ha continuado en la calle, con protestas de los sindicatos y renovadas críticas de varios sectores que reclaman una votación para decidir sobre el cambio.
El anuncio, por parte del nuevo gobierno del PP en Castilla-La Mancha, de un duro paquete de medidas de ajuste para afrontar la crisis ha devuelto al centro de la polémcia el gasto social, es decir, las partidas que se destinan a cuestiones como la educación, la sanidad o la atención a los desfavorecidos.
La posible subida fiscal a los ricos continúa dando mucho que hablar. Pese a que el Gobierno lo justifica como una forma de recaudar en tiempos de ingresos mermados, los expertos consideran que el verdadero objetivo debería ser la lucha contra la economía sumergida, que en España representa hasta un 20% del PIB.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional planteó alguna duda sobre la recuperación de la economía mundial y los mercados se lo tomaron a la tremenda. Tanto, que el pasado lunes se convirtió en la tercera peor sesión del año.
La comunidad de Castilla-La Mancha bate récords de números rojos, tal y como acaba de recordar el Ministerio al publicar los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de junio. Por eso, porque hay que reconducir la situación, el PP presentó un duro plan de recortes que afecta a casi todas las esferas.
España no ha sido la única que ha puesto en marcha la introducción de una regla de gasto en su texto constitucional. Otros países europeos han dado ya los primeros pasos mientras que la Unión Europea aún debate qué ocurrirá finalmente con Grecia, sobre la que esta semana se han vuelto a desatar las incertidumbres.
El sistema fiscal en España no convence a casi nadie. Ni a los que más tienen ni, mucho menos, a los que menos. Mientras que el Gobierno sigue insistiendo en que no aprobará nuevas medidas económicas en lo que queda de legislatura, los expertos discrepan sobre qué sería más justo: si recuperar el Impuesto de Patrimonio o subir el IRPF.
Después de una intensa segunda quincena de agosto, repleta de nuevas medidas de ajuste económico, el Consejo de Ministros ha calmado sus ansias reformistas. El ministro portavoz, José Blanco, lo ha vuelto a decir: no habrá ya novedades hasta las elecciones. Ya es momento de los candidatos y sus propuestas.
Francia, Italia y Portugal ya han dado el paso de elevarle la tributación a sus millonarios. En España, el debate parece pospuesto al resultado de las próximas elecciones generales. El candidato socialista ha avanzado su plan: reinstaurará el Impuesto de Patrimonio bajo una nueva fórmula que no castigue a las rentas medias.
La semana que termina ha vivido varios momentos preocupantes para la industria periodística, tras el anuncio del duro recorte en el diario Público, el cierre de Don Balón y los problemas de El Economista. Esta vez los periodistas han sido la noticia.
Los precios no dan ningún respiro. La gasolina vuelve a niveles de antes del verano, la inflación en España supera ampliamente la media europea y el consumo se resiente y lastra la marcha de la economía en general.
La presidenta de la Comunidad de Madrid fue el centro de la polémica durante varios días consecutivos. Tras sus medidas laborales en educación, el debate se volvió a encender debido a una supuesta carta enviada a los profesores repleta de erratas. Fuera verdad o no, el malentendido pasó a categoría de noticia.
El pánico es un cliente habitual de los mercados y esta semana ha rendido visita en sus dos primeras sesiones. Desde el pasado viernes, la bolsa española ha perdido más de un 15% de su valor y el lunes y el martes se batieron récords negativos. Cualquier solución que aplaque tanto nervio se agradece. Por ejemplo, no presionar más el interés bancario, como ha hecho el BCE el jueves.
La vuelta a la normalidad que ha traído el mes de septiembre también ha servido para recordar las asignaturas pendientes de nuestra economía. Y, como antes del verano, los mercados y la presión que ejerce la canciller alemana, Angela Merkel, siguen mostrándose como rotundos suspensos para la Moncloa.
Ha tardado, pero finalmente se ha cumplido una de las viejas promesas del Gobierno: hacer públicas las rentas de los representantes parlamentarios. Desde ayer, las páginas web de Congreso y Senado exponen los ingresos y el patrimonio de sus señorías.
No sólo son un castigo para Zapatero, sino para nuestra economía en general. Tanto la insistencia de Alemania en que cumplamos con los objetivos económicos, que impone la Unión Europea; como los mercados, que no abandonan sus dudas recurrentes sobre nuestra economía, se han convertido en dos castigos para España.
Quiero salvar Europa como hice con Alemania. Eso dijo Angela Merkel el pasado miércoles ante el Parlamento alemán. Mientras tanto, en España nos tenemos que conformar con que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y sacralizar el techo de gasto en las cuentas públicas.
No sólo son un castigo para Zapatero, sino para nuestra economía en general. Tanto la insistencia de Alemania en que cumplamos con los objetivos económicos, que impone la Unión Europea; como los mercados, que no abandonan sus dudas recurrentes sobre nuestra economía, se han convertido en dos castigos para España.
Así ha sido la recta final de la reforma de la Constitución, una vez que las dudas sobre una posible deserción de algún diputado quedasen despejadas en el Congreso, el paso por el Senado fue un paseo con muy poco efecto incluso en los medios. Sölo la marcha sindical por las calles de Madrid reavivó el debate.
La emergencia en el Cuerno de África saltó al primer plano de la actualidad durante unos pocos días. Pero nada como un desplome generalizado de las bolsas occidentales como para que el foco de las cámaras vuelva sobre los problemas del primer mundo.
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