domingo, 26/05/13 - 04: 11 h
Sucedió ayer en un instituto de Barbate (Cádiz). Un alumno se acercó por la espalda a una profesora y con un mechero le prendió fuego al pelo. Otros estudiantes advirtieron lo que pasaba y le ayudaron a apagar las llamas. La profesora no resultó herida, pero está de baja. El alumno, de 16 años, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, que luego le dejaron en libertad con cargos bajo la custodia de sus padres. En este video de cuarenta segundos se puede apreciar el hecho tal y como sucedió.
Por desgracia, sucesos como estos no son tan raros en los centros educativos de españoles. “Tenemos casos de profesores con traumatismo craneal por palizas, empujados por las escaleras y luego pateados, intimidados en las calles... por culpa de alumnos o incluso de padres”, explica Inmaculada Suárez, coordinadora del teléfono para la Defensa del Profesor, del sindicato ANPE. “A veces nos llaman hombres hechos y derechos llorando de rabia e impotencia”.
En situaciones como estas, el papel del educador no termina en el momento que interviene la policía. “El proceso judicial nadie lo puede detener, ni siquiera cuando el profesor quiere perdonar al alumno”, explica Javier Urra, psicólogo y ex defensor del menor en Madrid. El juicio se llevará a cabo y terminará en la pena que establezca el juez, sea la que sea. Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado remitió una circular en la que establecía que un profesor tiene consideración de “autoridad”, como ocurre con los policías.
Pero ahí no acaba todo. Una vez cumplida la pena impuesta por el juez, el alumno no puede volver a clase “como si nada hubiera pasado”. Los expertos consultados proponen una serie de condiciones encaminadas al bien de toda la comunidad educativa, incluido el propio alumno agresor:
La dirección del colegio debe aplicar su protocolo sancionar y expulsar del colegio un número de días proporcional a la gravedad de la falta cometida.
El alumno debe pedir disculpas al profesor; y debe hacerlo en público, si la agresión fue cometida delante de otras personas. Aparte del daño personal, toda agresión a un profesor implica una agresión al principio de autoridad que debe estar presente en las aulas, y restituido cuando alguien ha atentado contra él.
Previamente, los padres del alumno deben haber pedido disculpas a la persona agredida. “A veces nos olvidamos que la patria postestad implica que los padres de menores son corresponsables de los actos de estos últimos”, señala Javier Urra.
Pese a todo, el cambio de centro del alumno puede ser la decisión más razonable para que el profesor no se vea intimidado por la presencia de un alumno al que ha tenido que denunciar a la policía.
Un equipo psicosocial del centro educativo donde vaya a estudiar, en coordinación de la inspección educativa de la zona, debe tomar cartas en el asunto y coordinar una estrategia para modificar la conducta del menor. Debe tratar de explicar qué hay detrás de la conducta agresiva del alumno. ¿Ganas de hacerse el gracioso? ¿Matonismo? ¿Ausencia de correctivos previos? ¿Problemas con drogas? Este equipo debe estar coordinados con los padres del alumno. “Si los padres no colaboran, será prácticamente imposible reeducar al niño”, advierten desde ANPE.
Es altamente recomendable que el tiempo que pase expulsado el alumno no se quede en casa, sino que haga trabajos de ayuda a la comunidad, como se viene haciendo en lugares como Valencia. “El problema de muchos niños agresores es que no han hecho nunca nada por los demás”, explica Suárez. Ayudar a ancianos, personas deficientes o discapacitadas entraña no sólo un valor correctivo, sino también educativo y de crecimiento personal.
La asociación de padres y madres debe estar informada de las medidas tomadas para afrontar el suceso. Ellos forman parte de la comunidad educativa y su apoyo al colegio en estos casos facilita la resolución del problema concreto y previene la aparición de otros similares en el futuro.
Frases como “son cosas de niños”, o “en mis tiempos se ponían chinchetas en la silla del profesor” hacen un daño terrible. Un objetivo de la educación consiste en que los niños aprendan “que nuestros actos tienen consecuencias”, afirma Urra.
En ANPE refieren la siguiente anécdota: “Hace poco, un medio de comunicación preguntó en un instituto quién tenía las de perder en caso de conflicto entre profesor y alumno. Mayoritariamente, los alumnos respondieron que el profesor tenía las de perder. Cuando hasta los mismos alumnos saben que su posición en el aula es más fuerte que la del profesor, es que algo está fallando”
A la hora de hablar de los derechos educativos de los menores, “nos olvidamos de que eso incluye también el derecho a ser sancionado”, advierte Urra. Las sanciones deben estar presentes durante el proceso educativo: “de lo contrario, el niño creerá que está todo permitido. Y eso es terrible”.
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