Resurrección Galera, la última de una larga lista de despedidos por la Iglesia

13/01/2012 16:39 | EFE

Francisca Urbano Domínguez, profesora de Religión en Monda (Málaga), perdió su empleo después de que el Obispado decidiera no renovarle el contrato por "no dar ejemplo, no ir a misa y tomar copas con sus compañeros".

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El caso de Resurrección Galera, la profesora despedida por casarse por lo civil con un divorciado, y a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón, es similar al de otros profesores apartados de la docencia en los últimos años por motivos relacionados con la religión.

En 2007, Josué González, profesor de Educación Física en la Escuela de Magisterio La Inmaculada de Granada -adscrita a la Universidad de Granada y cuya titularidad ejerce el Arzobispado- perdió su empleo por no "evangelizar" a sus alumnos.

Un Juzgado de lo Social desestimó inicialmente la pretensión de González de declarar la nulidad de su despido pero, en 2008, el TSJA consideró nulo el despido al entender que se había producido por motivos religiosos, por lo que obligó a la escuela a readmitirle.

Francisca Urbano Domínguez, profesora de Religión en Monda (Málaga), perdió su empleo después de que el Obispado decidiera no renovarle el contrato por "no dar ejemplo, no ir a misa y tomar copas con sus compañeros".

La profesora, que también era concejal de IU en Monda, presentó una demanda que fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga en enero de 2002 pese a que durante el juicio la propia Fiscalía reconoció que Urbano había sido discriminada por su ideología política.

En 2000, María del Carmen Galayo Macías, profesora de Religión en Gran Canaria, fue apartada de la docencia por el Obispado de Canarias tras conocerse que convivía con un hombre divorciado.

Galayo presentó una denuncia contra el Obispado y, en 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló a su favor y fijó una indemnización de 16.395 euros por daños morales y materiales.

Dos años después, el Juzgado de lo Social número 1 de Las Palmas elevó la indemnización a 210.295 euros.

A José Antonio Fernández Martínez, profesor de religión en Cieza (Murcia), el Obispado de Cartagena no le renovó el contrato al saber que militaba en el Movimiento Pro Celibato Opcional.

Ex sacerdote, casado por lo civil y con cinco hijos, Fernández fue despedido en 1996 después de publicar un artículo a favor del celibato opcional.

El despido fue declarado nulo por un Juzgado de lo Social de Murcia, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de la región revocó la decisión al considerar que no había existido tal despido, sino una no renovación contractual.

Fernández acudió al Tribunal Constitucional, que tampoco le dio la razón, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que, en noviembre de 2009, admitió a trámite su demanda.

Aunque la contratación de los profesores de Religión corresponde a las Administraciones Públicas, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que este tipo de docentes necesitan el visto bueno de la Iglesia para dar clases de Religión.