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sábado, 20/12/14 - 11: 55 h

España

¿Cómo se fía el Estado de que un etarra arrepentido se arrepiente de verdad?

Borja Ventura

martes, 19/07/11 - 06:09

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Los funcionarios de prisiones leen sus cartas, los jueces escuchan sus conversaciones telefónicas, los policías cachean a sus visitas y además tienen las cuentas intervenidas. Firmar una carta de renuncia a ETA es el último paso de una larga evolución a la sombra. El magistrado de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, responsable de la concesión de permisos penitenciarios, cuenta el proceso que se sigue con los presos.

“Son personas que llevan muchos años en la cárcel, sometidos a un régimen de seguimiento de especial control, con sus cartas y teléfonos intervenidos, con visitas vigiladas”, comenta José Luis Castro, magistrado de vigilancia penitenciaria. El paso por la cárcel y el transcurrir del tiempo hace mella en algunos presos etarras, que acaban arrepintiéndose de su paso por ETA. Es el último paso de un largo proceso en el que el Estado "observa, que es una palabra importantísima”.

Esa labor la hacen los funcionarios de a pie: observan con quién se comunica el reo, qué controles tiene, qué plantes realiza, qué consignas sigue, y da parte de ello. “Hay varios indicativos”, comenta el magistrado: “Desde el momento en que un preso rompe la jerarquía de ETA pidiendo trabajar, o pide hacer la limpieza en las zonas comunes, o pide un traslado de módulo para no estar en ese ámbito…”. Ahí hay una señal.

Objetivo: golpear a ETA donde más le duele

La importancia del llamado ‘frente de makos’ es crucial para ETA: el preso es el héroe de la organización, la figura que da sentido a su idea de la ‘represión del Estado español’. Son los presos en general, y la política penitenciaria de dispersión en particular, los que mantienen vivo cierto apoyo social a la banda terrorista. De hecho, la izquierda abertzale en pleno y muchos ciudadanos vascos que no son de izquierda abertzale lucen banderolas de apoyo a los presos y argumentan en contra del alejamiento de su tierra natal al que son sometidos los reos.

Es por eso por lo que la banda terrorista ha intentado controlar con mano de hierro las palabras y obras de sus reclusos, a los que gran parte de la izquierda abertzale ve como “presos políticos”. No es casual que presos dispersados por todo el país hagan plantes, protestas y huelgas de hambre a las mismas horas y los mismos días. Las familias de los presos y sus abogados, todos dentro de una estructura controlada por la organización, transmiten las claves y las consignas. La superestructura fue en su tiempo Gestoras Pro Amnistía, que acabó ilegalizado, y tomó el relevo Etxerat. La infraestructura es el EPPK, el Colectivo de Presos Políticos Vascos. La forma de control es la ayuda económica y logística a presos y familias, y el miedo al aislamiento y al vacío si dan el paso de romper la disciplina. El terrorismo etarra es piramidal, muy jerarquizado, también en las cárceles.

Por todo ello el Estado hizo de la política penitenciaria uno de los pilares de la lucha contra la organización. La dispersión de presos fue impulsada en 1989 por Enrique Múgica y Antoni Asunción, ministro de Justicia y responsable de Instituciones Penitenciarias de la época, y rubricada por el entonces lehendakari José Antonio Ardanza. El objetivo es romper esa disciplina aislando a los elementos más conflictivos, premiando a quienes dan pasos para salir de la banda e intentando evitar la presión del grupo sobre aquellos que quieren renunciar a la violencia. “El riesgo es el de exponer a un mayor número de funcionarios de prisiones a riesgo de atentados”, comenta Castro.

Reagrupamiento y movilidad

El procedimiento consiste en ubicar a los presos de ETA conforme su ‘dureza’: más lejos de Euskadi los que siguen integrados en la banda, más cerca conforme dan pasos de arrepentimiento y renuncia de la violencia. En esa lenta evolución, dos cárceles suponen un penúltimo estadio: la de Villabona en Asturias y la de Zuera en Zaragoza. El último paso, el de los que ya están fuera de ETA, es la cárcel de Nanclares de Oca, en Vitoria. En el extremo contrario, el lugar donde están los duros entre los duros, los penales de Almería, Cádiz o Huelva.

En esta batalla juega un papel crucial la movilidad, y ahí también trabajan codo con codo los ministerios de Interior y Justicia: “La competencia para decidir el centro al que se destina un recluso es de Instituciones Penitenciarias, ahí el juez no entra”, explica el juez Castro. “Esas decisiones no son aleatorias, sino que van ligadas al perfil de cada persona. Hay que tener en cuenta que se intervienen sus cartas, se les realizan escuchas telefónicas, se sabe con quién comunican… Todo eso, más el motivo por el que está condenado, traza un mapa sobre la peligrosidad de la persona”, explica.

La medida no sólo se aplica con presos de ETA aunque fuera ideada para ellos: ahora mismo se toma a cualquier preso perteneciente a una organización criminal, como terroristas yihadistas o familias gallegas del narcotráfico, que intentan proseguir con su actividad desde su cautiverio, motivo por el cual no están recluidos en centros penitenciarios gallegos.

En función de su perfil se les mueve. “No hay tiempo máximo ni mínimo de permanencia, y ahí la competencia es de Instituciones Penitenciarias”. Según explica Castro “hay movilidad total según la evolución y comportamiento de cada preso”, pero esa movilidad “no es constante” para no vulnerar los derechos del reo. Sin embargo, la izquierda abertzale considera la dispersión de presos una condena sobrevenida contra la familia de los reos, y hacen de su reclamación del acercamiento de presos su principal motor de movilización social.

La política penitenciaria no sólo se aplica con los presos, sino también con quienes les visitan: se les registra de forma aleatoria -“siempre con una motivación objetiva de seguridad”, matiza Castro-, se sigue lo que hablan con los presos… Esas visitas son en muchos casos el ‘cordón umbilical’ de los presos con la banda, así que no es casual que tantos abogados del entorno radical estén en la cárcel. El último boletín del que se tiene constancia que ETA pudo colar en las cárceles entró como una finísima tira de papel cebolla escrita a letra diminuta por ambas caras. Ese boletín, llamado ‘Ekia’, lo introducían en las cárceles los propios abogados de los reclusos. De ahí que la renuncia a un abogado del ‘colectivo’ sea tan significativo en el camino de su reinserción.

La carta de renuncia

“La observación culmina cuando el preso hace una manifestación, que a nosotros nos puede parecer gratuita, pero que viene de una evolución y tiene una consecuencia, que la banda me echa y se me acaban los beneficios”, explica Castro. ¿Algún preso al que se le han aplicado beneficios penitenciarios ha engañado al Estado? “De momento, ninguno”. En cualquier caso, según apunta, “existen mecanismos de control para que cuando salen a la calle para que esta gente no falle”. “Todo el proceso requiere informes técnicos penitenciarios, y se coordinan con las instituciones policiales”.

Las cartas, esa manifestación pública, siguen una línea común: “Son escritos muy claros, firmados y en papel oficial”. “En cualquier momento te puede salir mal, pero es complicado porque esa manifestación lleva aparejada el cumplimiento de unos requisitos, como el pago de su responsabilidad civil, el pago a las víctimas, la colaboración con la administración de Justicia, con la investigación policial…”, comenta Castro.

Salir de ese ámbito les deja desamparados. La falta de trabajo y dinero de los presos hace complicado que puedan hacer frente a sus deudas, pero la Ley contempla la “conducta ordenada al pago”, es decir, que vaya pagando por poco que sea. Hay casos distintos, como el de un preso que heredó un caserío que decidió entregar para compensar a las víctimas. “Ahí ves que hay una voluntad”, comenta Castro. ‘Txelis’, por ejemplo, destina 30 euros de su escueto sueldo a pagar.

“Esta gente que sale se juega el tipo”, comenta el juez Castro: “Van a la nada, se quedan sin coberturas, el posicionamiento de su familia ha cambiado mucho tanto tiempo después, se encuentran sin futuro, sin medios económicos, sin trabajo…”. El Estado no presta ningún tipo de ayuda ni reinserción a los presos con permiso o liberados. Ahora viven en la cárcel, pero cuando salgan tras cumplir sus pena estarán, en muchos casos, solos: sin bienes, con deudas y rechazados por quienes antes componían su entorno. Es parte irreparable de la deuda que les quedará por pagar. Y esa condena será de por vida y sin permisos, como la del reguero de víctimas que dejaron tras de sí.

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