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España

El artículo 100.2, el arma del Gobierno para romper a ETA en las cárceles

Borja Ventura

lunes, 25/07/11 - 06:13

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Un terrorista incumple la Ley, la Policía le detiene y el juez decide su condena con arreglo a la Ley. ¿Cómo puede el Estado intervenir en un proceso tan lineal y bajo qué circunstancias?

La política penitenciaria es, junto a la acción de la Justicia y de la Policía, uno de los tres pilares en los que el Estado ha basado su lucha contra el terrorismo. Desde que los anteriores Ejecutivos crearon y aplicaron la política de dispersión de presos, el juego de premiar a aquellos que renuncien a la violencia y castigar a los irredentos ha dado grandes resultados, según fuentes judiciales. Pero, ¿cómo se juega a ese ‘juego’ de ‘premios’ y ‘castigos’?

El tablero es la dispersión de presos, aplicada para delitos de terrorismo y organizaciones criminales, un sistema que persigue alejar a los reclusos de determinados puntos calientes en función de su evolución. En el caso de los terroristas de ETA, cuanto más evolucione un preso más cerca estará de Euskadi, y al revés. Así, los más beligerantes cumplen condena en las cárceles del sur, mientras que aquellos que dan pasos hacia su reinserción van acercándose poco a poco a Euskadi, pasando primero por los penales de Villabona (en Asturias) o de Zuera (en Zaragoza). La última escala del viaje es la cárcel de Nanclares de Oca, en Vitoria.

¿Qué es evolucionar? Las reglas del juego exigen una renuncia a la violencia, renegar de ETA, romper con sus consignas y directrices, pedir perdón a las víctimas, responder con sus ingresos al pago de su responsabilidad civil y, en un último caso, colaborar activamente con la Justicia. Pero, además de la cercanía geográfica, la Ley contempla una posibilidad de que el Estado intervenga en el rígido sistema de grados penitenciarios en el que se dividen los presos.

El ‘comodín’ del Estado

Existe un artículo, el 100.2 del Código Penal, que permite combinar determinados elementos de distintos grados, siendo el primer grado un estado de especial vigilancia por la peligrosidad del preso, el segundo un régimen ordinario y el tercero un régimen abierto con varios beneficios penitenciarios. Es apenas un párrafo en la legislación que concede “con el fin de hacer el sistema más flexible” la posibilidad de “combinar aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados” dentro de “un programa específico de tratamiento” y con la aprobación "del juez de Vigilancia Penitenciaria”.

La última palabra es del juez, que decide con arreglo a los informes existentes de cada preso. Pero la propuesta de aplicación viene de la Administración, es decir, de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. El Estado, que no puede decidir su aplicación, sí puede decidir el momento en que se solicita la aplicación del 100.2 y en qué momento no, lo que le da la posibilidad de ‘premiar’ o ‘castigar’ a los reclusos en función del momento concreto del que se trate.

En base al artículo se evita conceder un cambio de grado a un preso terrorista pudiéndole conceder beneficios en función de su progresión sin tener que concederle un tercer grado que implique por derecho pasar los fines de semana fuera, disfrutar de permisos de 48 días al año o no tener que dormir en la cárcel. La Administración maneja los tiempos para ir concediendo los beneficios de forma progresiva y controlada.

Pensado para ETA, pero con más aplicaciones

El uso del 100.2 no se limita únicamente al ámbito etarra, ya que también se ha aplicado a presos como Galindo o Roldán. Del mismo modo, los cambios de grado se aplican a presos de ETA en las mismas condiciones que a cualquier otro preso, salvo los requisitos específicos que marca la Ley para conceder beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo y organización criminal recogidos en la Ley Orgánica 7/2003, conocida como ‘Ley del cumplimiento íntegro de condenas’

En dicho texto se recoge que ningún condenado por terrorismo u organización criminal podrá pasar a tercer grado sin haber cumplido la mitad de su condena, ni adelantar su libertad condicional sin haber cumplido dos tercios, ni obtener 90 días de beneficio al año aunque trabaje en la prisión. De hecho, si la condena está en el límite de los 40 años en virtud del Código Penal anterior, las condiciones aún serán más restrictivas: no podrá acceder a un tercer grado hasta haber cumplido 32 años de cárcel y no podrá salir en libertad condicional hasta haber cumplido 35 años de condena. Además, según el artículo 123 del Código Penal, los condenados por delitos de terrorismo tienen un condicionante más: si incumpliera su libertad condicional, se le revocaría y perdería todo el tiempo transcurrido hasta la fecha.

Además de esa condición especial, existen textos legales, medidas y competencias pensados para combatir el terrorismo de ETA, aunque también se aplican a otros delitos. Desde la llamada ‘Ley de Partidos’ hasta la existencia de un Tribunal de Menores con competencia en delitos de terrorismo para ‘kale borroka’, pasando por sentencias como la que dio pie a la ‘doctrina Parot’ o a la citada ‘Ley de cumplimiento íntegro de penas’, el Estado se arma de cartas para combatir el terrorismo. Y, como en todo juego de cartas, el 100.2 es el comodín que se guarda bajo la manga.

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