El Pleno del Congreso dará el visto bueno este martes a una enmienda del Senado a la nueva Ley Audiovisual que prohíbe la emisión en abierto de escenas de "pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita". Fue el propio Congreso quien quitó esta mención expresa debido a una enmienda del PP que ahora se rectifica. La nueva ley permitirá la privatización de las televisiones autonómicas.
Nuestros políticos enmendan sus errores. Al menos, a veces. Este martes el Pleno del Congreso va a rectificar un importante error en la nueva Ley Audiovisual que causó gran polémica en el sector audiovisual y que, según varias asociaciones, podría implicar sanciones para España desde Bruselas.
Esta nueva ley, que abre la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas, salió del Congreso hace unos meses con una modificación en el artículo 7.2 que eliminaba la mención expresa a la prohibición de emitir en abierto contenidos pornográficos o que generaran violencia de género o gratuita.
El PP, con su mayoría absoluta, sacó adelante una enmienda en la que se optaba por una prohibición más genérica de "contenidos audiovisuales que pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores".
Varias asociaciones de consumidores y del sector audiovisual pusieron el grito en el cielo porque con esta modificación se entendía que en España se permitía la pornografía y la violencia gratuita.
Ante la polémica, en el Senado se enmendó el error aprobando una enmienda mucho más esplícita: "está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los mernoes, y en particular, la de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia fratuita".
La enmienda con la que se rectifica el error inicial del Congreso es del PSOE y este martes será apoyada por la unanimidad del Congreso.
Privatización de las teles autonómicas
Con este último trámite en el Congreso quedará definitivamente aprobada la nueva Ley Audiovisual, que sustituye a la norma vigente desde 2010 y cuyo principal objetivo es cambiar el modelo de gestión de los canales autonómicos.
Esta nueva norma abre la puerta a la privatización de los canales autonómicos ya que permite a las comunidades autónomas elegir si mantienen sus televisiones a cargo de sus Presupuestos, como hasta ahora, o si encargan la gestión a empresas privadas.
Comunidades como Valencia, Madrid o Castilla-La Mancha ya han anunciado que optarán por la segunda opción. Y es que en caso de querer seguir como hasta ahora, la norma obliga a que estos canales no sean deficitarios.
La juez había imputado en esta investigación al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía Álvaro Miranda. Barcina.
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