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martes, 02/09/14 - 05: 20 h

España

El Gobierno suprime el canon y resucita la Ley Sinde

Beatriz Toribio

viernes, 30/12/11 - 14:53

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La vicepresidenta y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado suprimir el canon digital y regular la Comisión de Propiedad Intelectual que recoge la conocida como Ley Sinde.
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El Gobierno regula la comisión contra la piratería y suprime el canon digital
Consulta cómo funciona la Comisión de Propiedad Intelectual

La vicepresidenta y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado suprimir el canon digital y regular la Comisión de Propiedad Intelectual que recoge la conocida como Ley Sinde.

"Solo se va a actuar contra quienes indebidamente hacen negocio con esas descargas ilegales", ha dicho Saenz de Santamaría.

Lo que ha hecho este viernes el Consejo de Ministros es dar luz verde al último trámite que le quedaba a la ley antidescargas, pactada por PP y PSOE después de que fuera rechazada en el Senado tras la polémica que generó dentro y fuera de la Red.

¿Cuál era ese trámite pendiente? Aprobar el real decreto con el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano dependiente del Ministerio de Cultura que podrá cerrar sitios web con contenidos ilegales.

Este reglamento es el que se elaboró bajo el mandato del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia Sáenz de Santamaría anunció durante el traspaso de poderes que había dado luez verde al Gobierno en funciones a aprobar este último trámite.

¿Cómo funcionará esta Comisión?

En la referencia del Consejo, se especifica que esta comisión tendrá dos secciones y tendrá funciones "tanto la mediación y arbitraje (que ya venia ejerciendo), como actuaciones dirigidas a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

La Sección Primera  se ocupará de la mediación y el arbitraje. "En el caso de la mediación se extenderán sus competencias a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, mientras que en el del arbitraje se amplia a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión. También es relevante la atribución de funciones arbitrales para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas", se señala en la referencia del Consejo de Ministros.

Se pretende que esta sección sea "un instrumento idóneo" para resolver, en vía no jurisdiccional, los  posibles conflictos "siempre que las partes acepten voluntariamente someterse a este tipo de procedimientos"

En cuanto a la Sección Segunda, su principal función es "salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información".

 El procedimiento que establece el texto no se dirige contra los usuarios, sino contra "los prestadores de servicios que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya sea ofreciendo contenidos ilegales, ya sea prestando servicios de intermediación".

Para ello se requiere que dichos responsables actúen con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos.

La intervención del juez

El real decreto establece un  procedimiento administrativo pero al mismo tiempo establece la intervención del juez en dos casos: uno, cuando al no ser posible indentificar al infractor, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo pueda requerir los datos personales del mismo mediante un auto a los proveedores y operadoras. Y el segundo, es necesaria la intervención del juez cuando el infractor se niegue a retirar los contenidos no autorizados. En tal caso, podrá ordenar la retirada de los contenidos o la interrupción del servicio, es decir el cierre de la web.

El pasado lunes, el nuevo ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ya anunciaba que su Ministerio actuará "con decisión" contra "quienes se lucran indebidamente con el trabajo intelectual de otros", ya que, según ha asegurado, "nadie respeta la cultura de un país que lidera" la clasificación de descargas ilegales.

Y en su toma de posesión dijo que trataría de enfriar la "patata caliente" de la Ley Sinde, que quedó aparcada por las discrepancias internas en el seno del anterior Gobierno y por la reacción en la Red.

Adiós al canon

En cuanto a la supresión del canon, la 'número dos' del Ejecutivo ha señalado solo que se sustituirá por otro "mecanismo de compensación" por copia privada que se desarrollará en un real decreto.

En la referencia del Consejo de Ministros se detalla que se ha aprobado la supresión del canon digital "manteniendo la compensación equitativa por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, se añade que el Ejecutivo desarrollará un nuevo mecanismo que establezca una compensación económica "calculada a partir del perjuicio que les causa a los autores el hecho de que continúe siendo plenamente legal la realización de copias de obras para uso privado".

Esta cantidad "será determinada por el Gobierno y recogida en los Presupuestos Generales del Estado tras el diálogo con los sectores afectados, y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea", se señala en la referencia del Consejo de Ministros.


La supresión del canon digital era una promesa electoral del Partido Popular que se recogía en su programa electoral. En él se aboga por su sustitución por nuevos modelos de gestión y retribución "más justos y equitativos, basados en el uso efectivo", y aboga por reforzar el marco legal para la protección intelectual e industrial.

De hecho, una de las condiciones que puso el PP para apoyar la Ley Sinde fue que el Gobierno se comprometiera a reformar el canon en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley antidescargas, plazo que se incumplió.


De esta forma el Gobierno del PP cumple con un mandato que ya había realizado el Congreso de los Diputados en varias ocasiones, la última el pasado mes de julio. Además, son varias las sentencias que tanto en España como en Bruselas abogaban por la eliminación del canon.




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