El PP estudia aprovechar la Ley de Transparencia para controlar a los lobbies en el Congreso

Beatriz Toribio

lunes, 30/07/12 - 07:00

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La nueva Ley de Transparencia arranca su tramitación parlamentaria el próximo mes de septiembre y el PP quiere regular a través de esta norma a los lobbies o grupos de interés obligándoles a inscribirse en un registro en el Congreso de los Diputados y que sigan un código de conducta. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con normas que regulen y hagan más transparentes a los lobbies.

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Pasearse por los pasillos de la Comisión o del Parlamento Europeo en Bruselas y toparse con un lobbista es algo normal desde hace muchos años. Van convenientemente identificados, están obligados a seguir unas normas de conducta y tienen una serie de limitaciones. Lo mismo ocurre en Estados Unidos y países de nuestro entorno europeo, como Alemania.

En cambio, en España la palabra 'lobby' sigue teniendo una connotación negativa y su regulación sigue siendo un tema 'tabú'. Pero nuestros diputados y senadores matienen continuos contactos y reuniones con organizaciones y asociaciones de diferentes sectores (farmacéutico, automovilístico, ecologistas, ONG, etc) así como con empresas o despachos profesionales dedicados a influir sobre su sector.

En el PP quieren dar una mayor transparencia a esta relación entre políticos y lobbistas y estudian aprovechar la tramitación de la Ley de Transparencia en el Congreso, que se iniciará el próximo mes de septiembre, para regular sus funciones.

"La idea es abrir este debate de forma paralela a la tramitación de la Ley de Transparencia e incluir en ella la propuesta de que el Congreso cree un registro obligtorio de lobbies y un código de conducta", explican fuentes del PP.

Para ello se estudian dos posibles vías: o bien introducir en la Ley de Transparencia, a la que el Gobierno dió luz verde el pasado viernes para remitirla a las Cortes, una disposición adicional que encomiende al Congreso a crear ese registro o bien hacerlo a través de una enmienda . Al igual que ocurre con la Casa Real, la Cámara Baja no está obligada a cumplir los principios y obligaciones que se recogen en la nueva Ley de Transparencia.

"Esta nueva ley va a ser una bola de nieve porque va a ser muy enmendada y se puede aprovechar el trámite para introducir este cambio", añaden las mismas fuentes.

Un informe a favor de la regulación

En el Congreso ya son varios los diputados que están mentalizados sobre la conveniencia de regular los lobbies y dar más transparencia a sus funciones. De hecho Santiago Cervera, diputado del PP y miembro de la Mesa del Congreso, ha elaborado un informe a favor de su regulación.

Además de con miembros del Grupo Popular, Cervera ha tratado este asunto con diputados de otras formaciones como Ramón Jáurgeui (PSOE) o Jordi Jané (CiU), entre otros.

En este documento, de quince páginas y que próximamente será estudiado por la Mesa -el órgano de gobierno del Congreso-, se aboga por "considerar un modelo similar al del Parlamento Europeo" donde se obliga a los lobbies a inscribirse en un registro que es público para cualquier ciudadano.

A él deben inscribirse todos aquellos grupos de presión que quieran acceder a la Eurocámara. A cambio, los lobbies se someten a un código de conducta que regula sus contactos con los eurodiputados y a declarar los intereses que representan.

Y también recoge obligaciones para los eurodiputados, que no pueden recibir regalos de más de 150 euros, están obligados a hacer públicos ingresos extra que vayan más allá de su actividad parlamentaria y pone límites a los exeurodiputados que pasen a trabajar para grupos de presión.

Cuarto intento del Congreso

En el informe elaborado por Santiago Cervera se recuerda que la Cámara Baja ya ha propuesto en tres ocasiones la regulación de los grupos de interés: la primera a iniciativa del PP en 1990; la segunda tres años más tarde por el CDS y la tercera en 2008 a iniciativa de ERC-IU-ICV. Ninguna de estas proposiciones no de ley se tradujo en una normativa al respecto.

España es uno de los pocos países europeos que no cuentan con una regulación del lobby. Cervera defiende en su documento de que los lobbies son una de las "expresiones más genuinas y legítimas en la democracia participativa en la que vivimos" y que por tanto esta actividad "debería ser facilitada por los poderes públicos".

Con ello se conseguiría mejorar la transparencia de la actividad parlamentaria, abrir la toma de deicisiones a los lobbies y con ello al interés general y mejorar la competitividad de las empresas españolas "al disponer de cauces similares a los existentes en otros países".

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