domingo, 27/05/12 - 22: 54 h
El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de Ley de reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, que se espera que pueda entrar en vigor el próximo mes de enero. Una de sus novedades es que vez se establece un baremo de indemnizaciones. El objetivo no es otro que evitar las disparidades entre las cantidades que reciben unas víctimas y otras por la decisión del juez aunque hayan sufrido hechos similares.
¿Cuánto dinero recibirán? Aunque habrá coeficientes variables en función de las cargas familiares de cada persona y otros factores, por primera vez se establece un baremo de indemnizaciones. El objetivo no es otro que evitar las disparidades entre las cantidades que reciben unas víctimas y otras por la decisión del juez aunque hayan sufrido hechos similares.
De esta forma, por fallecimiento, la familia recibirá 250.000 euros mientras que en caso de gran invalidez la cifra se eleva a medio millón de euros. Y por incapacidad permanente absoluta la indemnización será de 180.000 euros. Son las cantidades mínimas que se establecen en cada caso. A partir de ellas se sumarán coeficientes correctores en función de las cargas familiares de la persona afectada.
Todas las indemnizaciones estarán exentas del pago de impuesto sobre la renta.
El Estado también se hará cargo del pago extraordinario de la responsabilidad civil fijada en sentencia, con un límite de 500.000 euros en caso de fallecimiento y de 750.000 euros para la gran invalidez.
Otras novedades
Pero hay más cambios. Los extranjeros que, por ejemplo, sufrieron los atentados del 11 de Marzo de 2004 hasta ahora no tenían derecho a ningún tipo de indemnización o ayuda por parte del Estado. Esa situación ahora va a cambiar con la nueva ley que se espera esté lista para el próximo mes de enero.
Del mismo modo, también habrá ayudas para los españoles que hayan sido víctimas del terrorismo en el extranjero en función de determinados criterios.
Alfonso Alonso, diputado del PP, destaca el artículo 5 por el que se reconoce como víctima del terrorismo “a cualquier persona que reciba amenazas o coacciones de cualquier organización terrorista”. Es decir, un guardia civil que tenga pintadas de ETA también tendrá derecho al amparo de la Administración Pública.
La futura ley también recoge becas, ayuda a la vivienda y medidas en favor de la reinserción laboral de las víctimas.
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