El Gobierno asegura que el fin de la futura ley es retener al talento español en el campo científico y atraer al extranjero. La Ley de la Ciencia la Tecnología y la Innovación sustituirá a la vigente, que data de 1986.
"Han pasado 24 años y han cambiado muchas cosas en el sector científico", ha dicho la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia.
Entre las novedades, destaca que la nueva ley sustituye el sistema de becas por contratos con todas las prestaciones sociales. Según Garmendia, el anteproyecto aprobado hoy -que ahora pasa al Parlamento- prevé la eliminación del
sistema de becas del sistema público de investigación y el establecimiento de un
contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado con todos los
derechos, entre ellos el derecho al paro o a la baja por maternidad. Se pone fin así a una de las principales quejas del sector, ya que muchos jóvenes investigadores eran víctimas de una gran precariedad laboral por la consecución de becas.
"Donde antes había becas ahora habrá contratos", ha señalado Garmendia tras destacar que el nuevo sistema nos coloca al nivel de los países del Norte de la UE y de Francia, que son los únicos en Europa que cuentan con medidas similares. De esta forma, ha dicho, los científicos conseguirán su "estabilidad profesional" a los 34 años. Ahora no lo lograban hasta lo 39.
También la nueva norma facilitará una mayor movilidad de los científicos tanto entre universidades y organismos científicos como el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, como del ámbito público al privado.
Captar talento extranjero
Además, se crea un nuevo contrato fijo de acceso que sustituirá el actual modelo de contratos temporales y para captar talento internacional se establece una nueva modalidad: el "contrato especial de investigadores distinguidos", que el Gobierno cree que servirá también para propiciar el retorno de investigadores españoles e internacionales.
Por otro lado, el anteproyecto incluye la creación de la Agencia Estatal de Investigación, orientada prioritariamente al impulso de la investigación científica y técnica. Su misión será gestionar los proyectos y, según la ministra, gracias a ella la Administración funcionará de forma "más eficaz", ya que esta institución gestionará las ayudas y proyectos de forma "más fácil y menos burocrática".
La nueva ley prevé también agilizar la gestión de los proyectos acelerando la resolución de convocatorias y simplificando los criterios de evaluación. .
"Queremos que nuestros investigadores se ocupen de investigar y no a gestionar los proyectos. Habrá menos controles previos y más rendición de cuentas sobre los resultados de las inversiones", ha dicho la ministra.
La nueva norma no convence a todos
Sin embargo, aunque algunas asociaciones científicas han valorado positivamente la futura Ley de la Ciencia, ayer el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que representa a más de 30.000 profesionales españoles y 67 sociedades científicas, Joan Guinovart, declaraba que la nueva "no aporta" la solución a los problemas que tiene España.
"En España en estos momentos hay menos inversión. Si no podemos gastar más hagámoslo mejor y la Ley de la Ciencia podría reunificar el sistema para estar mejor y no es lo que va a ocurrir", resaltó Guinovart.
También subrayó que la futura normativa no va a darle a la Ciencia española la competitividad que requiere y que, en consecuencia, la COSCE abogará por un cambio y porque el contenido actual se mejore en el trámite parlamentario.
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