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España

La Casa Real española, la primera de Europa en una ley de Transparencia

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jueves, 30/05/13 - 14:59

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  • La Ley de Transparencia inicia su trámite parlamentario.
  • El proyecto de ley comenzó superando las siete enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición.
La Casa Real española, la primera de Europa en una ley de Transparencia

Reuters. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno inició el jueves su trámite parlamentario con la inclusión de la Casa Real española, la primera monarquía que lo hace de forma explícita en Europa.

El proyecto de ley comenzó superando las siete enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición, salvo el PSOE. CiU y PNV retiraron la suya en el último momento al incorporar el gobernante PP, con mayoría absoluta en la Cámara Baja, algunas de sus reivindicaciones.

En su presentación, la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría calificó la ley de "necesaria e inaplazable" para el desarrollo del artículo 105 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la administración y que, en consecuencia, impone a las administraciones la obligación de suministrar la información que contienen.

"Una nueva cultura de apertura política que impone el cumplimiento de objetivos y la responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, electos y no electos, políticos, altos cargos y empleados públicos en general", añadió la número dos del Ejecutivo español.

En el debate, Saenz de Santamaría anunció que la ley, además de otros organismos como los partidos políticos y los sindicatos, incluirá también las entidades privadas que reciban una financiación pública relevante, así como el Banco de España.

La ministra de presidencia aprovechó el debate para anunciar también la voluntad del gobierno de crear un órgano independiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, para vigilar su aplicación y resolver los conflictos que pudieran surgir con "sanciones rigurosas".

Esta ley prevé la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, concebido como un punto de acceso único para que el ciudadano tenga acceso virtual a toda la información disponible.

Enmiendas

Al inicio del debate, todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, habían presentado enmiendas a la totalidad pidiendo la retirada de la ley del gobierno, que consideran insuficiente y poco ambiciosa. Los socialistas prefirieron esperar a modificar el texto con enmiendas parciales una vez iniciado el trámite, recogiendo la invitación al diálogo de la vicepresidenta española.

"Nuestra voluntad es pactar una gran ley de transparencia", avanzó la socialista Meritxell Batet. "Es una ley estructural básica, y su mayoría parlamentaria, por amplia que sea, no es suficiente", añadió.

Sin embargo, con el debate en marcha, el PNV y CiU retiraron sus enmiendas a la totalidad tras negociar a contrarreloj ciertos aspectos competenciales rechazados por ambas formaciones nacionalistas, como las sanciones a los representantes de la administración autonómica y local que incumplan sus funciones, cuestión "subjetiva" y "totalmente inasumible" según el diputado de CiU Jordi Jané.

"Nos fiamos de su palabra, usted no nos ha fallado nunca cuando se ha comprometido", dijo el diputado del PNV Emilio Olabarría a la vicepresidenta.

ERC fue el único grupo que presentó una enmienda con texto alternativo, incidiendo en la inclusión total de la Iglesia católica y la Casa Real en la norma, con rendición de cuentas en sede parlamentaria de esta última institución.

Para UPyD la tramitación de la propia ley ha sido un ejemplo "no de transparencia sino de opacidad".

"Primero aprueban hace más de un año una ley y es después cuando se inicia el debate sobre el contenido de esa ley y es después cuando se nos pide a los demás partidos que entremos a negociar los cambios del texto que el Gobierno ya ha aprobado", concluyó el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán.

Superado el debate a la totalidad, el texto será remitido a la Comisión Constitucional, donde analizado el informe de la futura ponencia y debatidas y votadas las enmiendas al articulado, se elaborará el dictamen que será votado y remitido al Senado.

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