domingo, 19/05/13 - 09: 47 h
(EFE)
La defensa de Apostolos Manguras, capitán del petrolero 'Prestige', principal acusado por el vertido en noviembre de 2002 de más de 67.000 toneladas de fueloil pesado frente a las costas gallegas, ha reclamado hoy, en la apertura del juicio por esta catástrofe medioambiental, la "nulidad" de la causa al entender que "no se garantizaron derechos fundamentales" de su patrocinado.
El letrado José María Ruiz Soroa, que representa en la causa a Manguras, ha advertido ante el tribunal de numerosas irregularidades en el proceso que comenzaron con la entrada a bordo del "Prestige" de personal de las administraciones españoles sin la autorización judicial pertinente.
Además, ha precisado que en la vista que ha comenzado hoy en A Coruña también se está dirimiendo el estado del buque, un monocasco de 277 metros de eslora construido en 1977, sin que ninguna de las partes que ejercen la acusación haya demostrado que la nave naufragara debido a la falta de mantenimiento y otras carencias.
Para el letrado, esta cuestión es de enorme relevancia en el proceso porque buena parte de las acusaciones se basan en esta premisa, y ha insistido en que hasta el momento no se han aportado pruebas en ese sentido.
Ruiz Soroa ha sostenido que se obtuvieron pruebas con la "violación de derechos fundamentales" y que, por lo tanto, son "ilícitas" e "irregulares".
También ha recordado que desde el 13 al 19 de noviembre de 2002, cuando el barco navegó con rumbo errático frente a las costas gallegas, se tomaron una serie de medidas que en ningún caso estaban respaldadas por la autoridad judicial.
El abogado ha recalcado que en ningún momento el buque estuvo abandonado ya que en todo momento se encontraron a bordo su capitán o miembros de la empresa rescatadora contratada por el armador.
También ha denunciado que se retiraron documentos del barco cuando el capitán ya había sido detenido y que "no hubo garantías en la cadena de custodia" de los mismos.
Ha añadido que a partir del 14 de noviembre de 2002 las autoridades españolas asumieron el control del barco y tomaron decisiones "equivocadas".
Ruiz Soroa, que entiende que a su patrocinado sólo se le pueden imponer penas pecunarias, ha hecho esta reclamación durante la primera jornada de la vista oral para delimitar las responsabilidades de la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige', que ha comenzado esta mañana en A Coruña.
Además del capitán del barco, de 76 años, para el que se piden 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia, están acusados por los mismos delitos otros dos miembros de la tripulación, Ireneo Maloto, primer oficial, de nacionalidad filipina y que actualmente se encuentra en paradero desconocido, y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas.
Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.
En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.
El abogado del jefe de máquinas, Paulino Pérez Riveiro, que ejerce el turno de oficio, ha advertido de que está dispuesto a renunciar a la defensa de su patrocinado debido a que la retribución económica asciende únicamente a 455,30 euros por un proceso que se prolongará hasta el 29 de mayo de 2013.
El letrado la reclamado una compensación acorde al alcance de la causa y ha recordado que en el juicio por los atentados del 11-M se hicieron "excepciones" en ese sentido.
Por otra parte, ha reclamado la libre absolución de Argyropoulos, ha asegurado que la máquina propulsora del barco funcionaba correctamente y que el jefe de máquinas colaboró en todo momento para tratar de salvar la nave con el capitán y las autoridades españolas.
Finalmente, la defensa de López-Sors, que también solicita su libre absolución, ha afirmado que las decisiones que se adoptaron por las autoridades españolas fueron correctas y que se separó el buque de la costa para evitar una catástrofe ecológica y después de que los expertos desaconsejasen dirigirlo hacia un puerto refugio.
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