lunes, 20/05/13 - 05: 14 h
Queda poco para que la Ley de Transparencia vea finalmente la luz. Ya está en el Congreso y la próxima semana acaba el plazo de enmiendas, aunque podría ampliarse. El tiempo apremia, por lo que desde la Coalición ProAcceso hacen un llamamiento para que los diputados y senadores mejoren esta norma que obliga a la Administración a hacer públicos los sueldos de los altos cargos, los contratos, subvenciones etcétera.
Para esta organización compuesta por 50 ONGs y personas idenpendientes que desde 2006 luchan porque España tenga una norma que desarrolle el acceso a la información, la Ley de Transparencia que ha hecho el Gobierno del PP "nace vieja" y es propia del "siglo XIX" en palabras de Manuel Sánchez, profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense.
La Coalición ProAcceso denuncia que ya que España llega tarde -es uno de los pocos países de la UE que aún no tiene Ley de Transparencia- debería hacer una de las mejores leyes. Y en cambio, la norma que ha aprobado el Gobierno es "mala" y "no cumple con los estándares internacionales" porque no recoge los mínimos que establece el Convenio del Consejo de Europa y otros organismos internacionales.
¿Cómo mejorarla?
Son varios los cambios que esta coalición considera "imprescindibles" para que la Ley de Transparencia 'salve los muebles' y no se quede a medio camino.
El primero, que se reconozca el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. "Es un derecho reconocido por instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ONU etc y hay 90 países con leyes de derecho a la información", explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe.
Tener derecho a la información es la mejor forma de recuperar la confianza en un momento tan crítico como el actual, defiende en la Coalición ProAcceso.
Segundo, abogan porque sea una organización independiente la que vele por el cumplimiento de esta ley. La Agencia de la Transparencia es el organismo que ha creado el Gobierno para ello, pero desde ProAcceso critican que éste depende del Ministerio de Hacienda y que por tanto no será imparcial.
Por ello, proponen que se cree un órgano independiente con una rango similar al de la CNMV. Para ahorrar costes, propusieron al Ejecutivo que se rediseñara la Agencia de Protección de Datos, explican fuentes de la Coalición ProAcceso.
Menos excepciones
Otro cambio esencial sería "ampliar el alcance de la ley" porque son muchas las instituciones a las que no afectará. No solo la Casa Real no estará obligada a dar a conocer documentos públicos, sino toda aquella información que no está sujeta a derecho administrativo, así como de órganos públicos como el Tribunal Constitucional o el de Cuentas, entre muchos otros.
Un cuarto cambio pasaría por "mejorar la definición de información que se puede solicitar", añade Helen Darbishire. Según explica, la nueva ley excluye mucha información interna de la Administración. "Cuando esa información esté en borradores, comunicados o informes internos no habrá obligación de facilitarla".
Además critican que en se haya mezclado en una misma norma dos ámbitos tan complejos como la transparencia en el acceso a la información y un código de buen gobierno.
"La transparencia vende y el Gobierno, a diferencia de lo que prometía cuando estaba en la oposición, ha hecho una ley de carácter administrativo para que haga el menor daño posible. Es una ley mala a la que hay que darle la vuelta", critica Manuel Sánchez, profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense.
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