sábado, 11/02/2012 - 03:23 h
El proyecto de Ley de Economía Sostenible, en la que se enmarca la ‘ley
antidescargas’, tenía que estar listo el próximo mes de junio, según
anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aunque está ya
en el Congreso, aún no se ha iniciado su debate parlamentario y todo
apunta a que no saldrá de las Cortes hasta finales de este año.
La que pretendía ser la medida estrella del Gobierno en la presente
legislatura se retrasa y mucho. El presidente José Luis Rodríguez
Zapatero anunció por activa y por pasiva que la Ley de Economía
Sostenible, con la que el Ejecutivo pretendía cambiar el modelo
económico español, estaría lista para el mes de junio, algo que ya
es imposible.
El texto del proyecto de ley –en el que se enmarca la polémica
disposición adicional sobre el cierre de páginas web- está en el
Congreso, pero todavía no ha llegado a Comisión. La semana pasada se
ampliaba por tercera vez el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas, algo que podría volver a repetirse mañana, según
confirmaron fuentes parlamentarias.
Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que el texto de la futura
norma no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio. Y
es que una vez que se cierre el plazo para que los grupos
parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y
después negociarse en Comisión.
Fuentes parlamentarias temen que el Senado no procederá a su
tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en
septiembre.
Una vez en la Cámara Alta se repite el proceso: si los grupos enmiendan
de nuevo el texto, el trámite puede llevar meses y en caso de
introducirse modificaciones vuelve al Congreso, donde ya sería aprobada
definitivamente.
Por ello, las mismas fuentes aseguran que el trámite en las Cortes del
proyecto de Ley de Economía Sostenible podría prolongarse hasta finales
de 2010 y no descartan que se solape con el debate de los Presupuestos
del año que viene.De hecho, hay quienes apuntan a que debido a la complejidad de
la futura norma ésta podría incluso no estar lista del todo hasta 2011.
¿Qué postura adoptarán los grupos ante la 'ley antidescargas'?
Se espera que el proyecto de ley sufra serias modificaciones durante su
trámite parlamentario, ya que en su conjunto no gusta a la mayoría de
los grupos políticos. En cambio no está tan clara la postura que van a
mantener las diferentes formaciones en todo lo que afecta a Internet.
Cuando se dio a conocer la ley, casi todos los grupos mostraron un
fuerte rechazo al cierre de páginas web por parte de una comisión que
depende del Ministerio de Cultura.
Pero tras las modificaciones que realizó posteriormente el Gobierno,
que se vio obligado a introducir la tutela judicial en el proceso ante
la polémica que generó la ‘ley antidescargas’ dentro y fuera de la Red,
algunos partidos suavizaron su rechazo.
Es el caso del PP, que al principio lideró una oposición muy fuerte a
esta norma y llegó a pedir la dimisión de la ministra Ángeles
González-Sinde , pero después fue diluyendo sus críticas.
El principal partido de la oposición llegó a desmarcarse de un frente
común que plantearon PNV, ERC y UPyD. Estos grupos se
mostraron contrarios a que la ‘ley antidescargas’ se regulara fuera del
marco de una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Los populares sí siguen insistiendo, por ejemplo, en que se aclaren
aspectos concretos de esta norma como la composición de la Comisión de
Propiedad Intelectual, que tendrá la potestad de denunciar una web que
considere que atenta contra la legalidad aunque será el juez quien
tendrá la decisión final.
Respecto al resto de grupos, como CiU, IU o Coalición Canaria, en un
principio también mantuvieron reuniones con blogeros, periodistas y
especialistas en Internet para mostrar su rechazo a la disposición
final primera de esta ley. Pero su posición respecto a la
tramitación sigue siendo una incógnita.
Lo que se da ya casi por hecho es que durante el trámite parlamentario
el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones
respecto a la conocida como ‘Ley Sinde’, ya que a la polémica que ha
suscitado en la Red se han unido los ‘avisos’ de algunos órganos
consultivos como el Consejo Economico y Social o la Comisión Nacional
de la Competencia.
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