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España

Los extranjeros tendrán permiso de residencia si compran un piso de 500.000 euros o deuda pública por dos millones

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viernes, 24/05/13 - 18:06

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  • Así figura en el anteproyecto de la ley de emprendedores.
  • También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.
El Gobierno respeta las palabras de Aznar y dice que responde "con hechos"

EFE. El Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros.

Así figura en el anteproyecto de la ley de emprendedores que recoge que también recibirán el permiso de residencia los foráneos que hagan una inversión significativa o destinada a proyectos empresariales de interés general, como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica.

También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.

Por último, se dará este permiso a los extranjeros que se desplacen a España dentro de una relación laboral o por motivos de formación profesional.

Entre las medidas fiscales del anteproyecto está el nuevo régimen de IVA con criterio de caja desde el 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a los 2 millones de euros, con lo que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas.

Los sujetos pasivos verán retardada la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que se efectúen su pago a los proveedores.

Los empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10 % de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se vuelvan a invertir en la actividad económica.

También habrá incentivos fiscales para los inversores, que tendrán derecho a una deducción del 20 % en la cuota estatal del IRPF por el capital aportado a una empresa nueva con un máximo de 20.000 euros anuales.

Asimismo, se han incrementado los umbrales para acceder a la licitación de los contratos de obra pública y de servicios, al pasar los primeros de 350.000 a 500.000 euros y de 120.000 a 200.000 euros los segundos.

Además, los autónomos no tendrán que responder con su vivienda habitual -si ésta no supera los 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial, al constituirse la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, frente a la situación actual que obliga a responder con todos sus bienes por las deudas empresariales.

La ley también establece el mecanismo de "la segunda oportunidad" que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.

Así, los empresarios podrán obtener una quita en la deuda de hasta el 25 % y una moratoria de pago de hasta tres años, en línea con los requisitos para los aplazamientos exigidos por la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Otra nueva figura que contempla la futura ley es la de sociedad limitada de formación sucesiva por la que se podrá crear una sociedad limitada con una aportación inicial inferior a los 3.000 euros que se exigen actualmente y se establece que el 20 % de los beneficios deben ir a reservas legales.

La ley perfecciona la regulación de las cédulas de internacionalización, dando más claridad a los activos que sirven como cobertura, y se crean los "bonos de internacionalización" para dar más flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como cobertura préstamos vinculados a la internacionalización.

Desde el lado sindical, UGT cree que el contenido de la norma es insuficiente porque no soluciona la falta de crédito para las pymes.

En el mismo sentido, la patronal Cepyme ha insistido en la necesidad de normalizar el crédito para las pequeñas y medianas empresas, aunque considera que la ley contribuirá a la recuperación de la economía.

Las organizaciones de autónomos han coincidido en que la ley debe incluir medidas que impulsen la financiación de la actividad de este colectivo y piden que la banca nacionalizada sea la vía para distribuir el crédito.

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