Pedraz ordena busca y captura de los militares americanos imputados en el caso Couso

29/07/2010 11:20 | EFE

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha pedido además autorización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para viajar a Irak entre octubre y noviembre próximos para la inspección ocular de los lugares de los hechos.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca y captura e ingreso en prisión para la extradición de los tres militares americanos imputados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak).

En una providencia y un auto dictados este jueves, el magistrado de la Audiencia Nacional vuelve a imputar a los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson el delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio, y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial autorización para desplazarse al lugar de los hechos y realizar una inspección para investigarlos.

Considera el juez que concurren "motivos bastantes" para considerarlos culpables del "ataque a la población civil" y el "acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas" por lo que, "atendiendo a la gravedad de los hechos", procede ordenar la busca y captura e ingreso en prisión "como única medida efectiva" para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.

Pedraz acuerda de esta forma practicar las diligencias que ya ordenó y que no se realizaron anteriormente después de que el Tribunal Supremo obligara por segunda vez a la Audiencia Nacional a reabrir la investigación en un fallo que adelantó el pasado 6 de julio.

Desplazamiento a Bagdad

Así, pide tomar declaración a los periodistas de las televisiones Al Jazeera y Abu Dhabi para que aclaren como se produjeron los ataques a sus respectivas instalaciones y reitera la comisión rogatoria cursada a Irak para que autorice el desplazamiento a este país para reconstruir los hechos.

No obstante, como "no se obtuvo respuesta a la misma" anteriormente, Pedraz acuerda la inspección ocular del lugar que no requiere de la cooperación de las autoridades iraquíes, "para lo cual basta que la comisión judicial se desplace a Bagdad" entre los próximos octubre y noviembre.

Una comisión que estaría formada, detalla, por él mismo, el secretario judicial y un funcionario de su juzgado, el fiscal y las partes "si estiman oportuno acudir" y los periodistas en calidad de testigos Olga Rodríguez, Jon Sistiaga y Jesús Manuel Hernández.

Subraya que, "teniendo en cuenta que los hechos acaecieron" durante la administración Bush, "podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada)" por parte del Gobierno de Barack Obama y vuelve así a pedir la declaración de los tres imputados, así como reclamar al Departamento de Estado, de Defensa y de Justicia toda la documentación sobre los hechos.

Según el juez, la persona que dio la orden fue el teniente coronel Philip de Camp, al mando del regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército norteamericano, que se la transmitió al capitán Philip Wolford, quien a su vez autorizó al que "materialmente realizó el disparo", el sargento Thomas Gibson, contra el hotel Palestina de Bagdad.

Y ello "pese a saber" que el edificio estaba en zona civil "así como que el mismo estaba ocupado por periodistas y población civil, de tal forma que podría causar la muerte de alguna persona".

Couso, que se encontraba filmando en desde la habitación 1403, fue alcanzado por la metralla, lo que le provocó la muerte horas después en el hospital "Ibn Nafis" de Bagdad, así como la del reportero de la agencia "Reuters" Taras Protsuyk, que se encontraba en otra altura, mientras que otros tres periodistas resultaron heridos de gravedad.

En marzo de 2006, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó las diligencias ordenadas por Pedraz al considerar que se trató de un "acto de guerra contra enemigo erróneamente identificado" y declaró la falta de jurisdicción para juzgar los delitos imputados.

La familia de la víctima recurrió esta decisión ante el Supremo, que ordenó a la Audiencia Nacional investigar este caso, pero en julio del año pasado la Sala de lo Penal de este tribunal volvió a revocar el procesamiento de los tres militares y ordenó al instructor que concluyera el sumario y que lo elevara a la Sala de lo Penal para poder acordar el archivo.