El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo hoy que, personalmente, no ve “causa de inconstitucionalidad” en la ley del matrimonio homosexual, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Horas después el ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que si el PP no hubiera creído que es inconstitucional no hubiera recurrido al Alto Tribunal.
En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Gallardón fue preguntado por si cambiará la ley del matrimonio homosexual, al igual que va a modificar la reforma del aborto que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
"El criterio de mi partido y, por tanto, de mi Gobierno es que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional”, que tiene que pronunciarse sobre el recurso que planteó el PP sobre la ley del matrimonio homosexual.
Sin embargo, matizó que su “criterio particular” es “que no existe, yo no aprecio, causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico”.
Insistió en que es el Tribunal Constitucional el que debe realizar el “diagnóstico” sobre la ley del matrimonio homosexual, decisión que será la que marque la “pauta legislativa” del Ejecutivo.
Estas palabras ha provocado los primeros enfrentamientos públicos en el seno del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha reaccionado a las pocas horas y ha insistido en que si el Partido Popular no hubiera creído que es
inconstitucional no hubiera recurrido al Tribunal.
"Hombre, si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos
votado en contra, no hubiéramos planteado enmienda a la totalidad y no
hubiéramos presentado recurso de inconstitucionalidad", ha apuntado
Fernández.
En cualquier caso, ha recalcado que el Gobierno está "a la espera de que
se manifieste el Tribunal Constitucional" y ha recordado que ésa es "la
posición del Gobierno", como ha defendido el jefe del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, "en reiteradas ocasiones". "Vamos a ver qué dice el
Tribunal Constitucional", ha insistido.
Cambios en el aborto
En cuanto a la modificación de ley de plazos del aborto, aprobada en la segunda legislatura de Zapatero, el titular de Justicia dijo que intentarán buscar un “gran consenso” en este asunto. Dijo que la base será volver a la ley de 1985 y atenerse a los pronunciamientos que sobre este asunto ha tenido el Constitucional.
Destacó, en este sentido, que se buscará paliar la “total desprotección” en que el no nacido queda en la legislación de plazos aprobada por el último Gobierno socialista.
Por otra parte, en cuanto a la prisión permanente revisable, señaló que su departamento pretende introducir un “mecanismo muy moderno”, puesto que se establecerá un “mínimo de condena” para delitos graves y “casos brutales”, como los atentados terroristas.
En este sentido, explicó que tras el cumplimiento de un “mínimo de condena”, se revisará la situación de estos condenados para ver si quedan en libertad.
En cuanto a la situación legal del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el titular de Justicia manifestó que la “mejor respuesta” en esta cuestión la dio el Rey, en el sentido de que hay que respetar los procedimientos judiciales.
Al mismo tiempo, el ministro señaló que don Juan Carlos es un “gran activo” para España, puesto que se le debe el desarrollo vivido por el país en las últimas décadas.
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