No hay que mezclar ‘churras con merinas’, dice el refrán. Pero el Gobierno lo está haciendo. En el último año en varias ocasiones ha echado mano de leyes que están en tramitación para colar reformas que le apremian, aunque la reforma en sí no tenga nada que ver con el texto legislativo en el que se introduce.
El último caso ha sido la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para acortar el mandato de los magistrados de este órgano judicial. Tras llegar a un acuerdo con el PP, el PSOE elaboró una enmienda que permite desbloquear la renovación del los miembros del TC ya que se reduce su mandato tanto tiempo como se retrase su nombramiento.
El problema es que esta enmienda transaccional se introdujo en una proposición de ley que se ocupa única y exclusivamente de cambiar el tamaño y contenido de la papeleta de votación del Senado. En ella no hay ningún elemento relacionado con la Justicia.
El hecho de que el Gobierno utilizara esta proposición de ley – que había sido consensuada con todos los grupos - para introducir una reforma de este calado levantó ampollas en todas las fuerzas políticas de la oposición que calificaron de “sorprendente” o “falta de respeto” el oportunismo de los dos grandes partidos.
Aitor Esteban, diputado del PNV, denunció que el Gobierno está utilizando de “manera excesiva” esta práctica de "meter asuntos inconexos" en proposiciones y leyes que no tienen nada que ver entre sí. Y es que hay muchos ejemplos de cómo esta práctica se está convirtiendo en una costumbre.
La polémica ‘Ley Sinde’
El que más revuelo despertó en la Red fue la conocida como ‘Ley Sine’ sobre el cierre de páginas web. Pese a que el Ejecutivo tiene pendiente reformar la Ley de Propiedad Intelectual y había una subcomisión parlamentaria trabajando en ello, a principios de año optó por cambiar las reglas en Internet a través de una ley puramente económica como es la Ley de Economía Sostenible.
La ‘Ley Sinde’ revolucionó la Red no sólo por su contenido, sino también porque el Ejecutivo “escondiera por la puerta de atrás” -como denunció ERC- a través de una disposición adicional a la Ley de Economía Sostenible una reforma de tanto calado.
La enmienda Florentino
Tampoco tenía que ver una enmienda para acabar con los blindajes empresariales con la Ley de Auditorías y Sociedades Anónima, una norma que afecta fundamentalmente a despachos de abogados y auditorías. El Grupo Socialista introducía en marzo por orden expresa de Zapatero esta enmienda que acaba con los límites al derecho de voto en las sociedades anónimas.
Esta enmienda es conocida como “enmienda Florentino” porque pone fin a la batalla de ACS, empresa que dirige Florentino Pérez, para hacerse con el control de Iberdrola. Aunque este asalto tendrá que esperar a junio de 2011, que es cuando está previsto que entre en vigor esta normativa.
Cambios para las Cajas de Ahorro y los controladores en una ley sobre cooperación al desarrollo
Otro ejemplo de esta práctica de incluir cambios en leyes que no tienen nada que ver con la reforma en cuestión es la ley del Fondo de Promoción al Desarrollo. El Gobierno aprovechó la tramitación en el Senado de esta norma que vela por la cooperación al desarrollo internacional e internacionalización de la empresa española para permitir a los controladores trabajar más allá de los 57 años y, por otro lado, solucionar algunas lagunas de la Ley de Cajas.
Mañana el Congreso ratificará esta norma.
¿Qué tiene que ver el Fondo de Promoción al Desarrollo con los controladores? Más bien poco, pero recientemente el Senado ratificaba una propuesta del PSOE para que, previo examen psico-físico, los controladores puedan continuar desarrollando "funciones operativas" más allá de los 57 años.
También en este proyecto de ley, que la semana que viene tendrá que ser ratificado en el Congreso, se ha introducido una enmienda para evitar que se celebren elecciones generales en aquellas entidades bancarias donde haya que renovar a algunos de sus miembros. La enmienda fue pactada con PP y CiU.
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