El Gobierno pone coto a los blindajes de oro de las cúpulas

6/06/2011 06:00 | Ruth Ugalde

La nueva normativa aprobada por el Gobierno para limitar los sueldos de los banqueros también prohibe cobrar indemnizaciones millonarias cuando ha habido malos resultados. Esta medida pone en jaque la práctica de los blindajes de oro, que permite a los altos directivos salir de la entidad con finiquitos de seis ceros.

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Cuando José María Amusátegui abandonó, en el verano de 2001, la copresidencia del entonces Santander Central Hispano lo hizo con una indemnización de 43,5 millones de euros.

Todo un escándalo que, sin embargo, quedó reducido a casi anécdota cuando su mano derecha, Ángel Corcóstegui, decidió seguir su ejemplo y dimitir como consejero delegado de la entidad, con un finiquito de 108 millones de euros.

Los blindajes de oro habían llegado a su máxima expresión en nuestro país. Y, en ambos casos, estaba detrás el banquero más importante de España, Emilio Botín, que fue quien pactó y defendió ante los tribunales estos pagos, alegando que "esas cifras eran por una vida de trabajo".

El problema es que, a partir de ahora, los bancos y cajas van a tener más difícil seguir firmando estos jugosos finiquitos, ya que el decreto aprobado el viernes por el Gobierno para limitar los sueldos del sector financiero impide concederlos si los resultados de la entidad son negativos.

En concreto, la normativa señala que "los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y se establecerán de forma que no recompensen los malos resultados".

Si este parráfo hubiera existido en septiembre de 2009, cuando el consejero delegado de BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, abandonó la entidad con un finiquito de 50 milllones de euros, quizás la entidad habría tenido más difícil concederle semejante premio, ya que sus resultados estaban sufriendo los embistes de la crisis financiera y sufrían caídas del 20%.

Aunque estos casos han sido los más llamativos, es una práctica habitual entre las grandes compañías firmar con sus primeros espadas acuerdos por los cuales serán indemnizados generosamente si son obligados a abandonar su puesto antes de la edad de jubilación.

Para ellos los 45 días por año trabajado son una ridiculez y es habitual tener firmadas claúsulas que les garantizan marcharse a su casa con hasta cinco anualidades o más, que se suman a jugosos planes de pensiones, bonus o acciones de la entidad.

Un estudio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) denuncia que dos tercios del Ibex tiene blindajes de este tipo y, prácticamente, en todos los casos superan los dos años que establece como límite la normativa laboral.

El caso Blesa

Los escándalos por las multimillonarias prebendas de los banqueros se han convertido en un recurrente en los últimos años, de ahí que Europa se decidiera a introducir límites por ley, controles que España se ha visto obligada a trasponer a su normativa.

La polémica más reciente han sido el bonus de 25 millones de euros que Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, se ha negado a conceder al anterior equipo directivo de la entidad, encabezado por Miguel Blesa.

En esta ocasión, no se trata de un blindaje, ya que este dinero no procede de una indemnización por abandonar la entidad antes de la jubilación, sino de una especie de premio que la caja articuló en forma de plan de pensiones.

El decreto, que entra en vigor esta semana, puede echar definitivamente por tierra el cobro de este dinero, ya que la nueva normativa señala que, en el caso de entidades que hayan recibido ayudas públicas, como ocurre con Caja Madrid, "los administradores y directivos que efectivamente dirijan la actividad de la entidad no percibirán remuneración variable, salvo que se justifique adecuadamente".

Éste ha sido uno de los argumentos esgrimidos por el equipo de Rato para vetar el bonus de la antigua cúpula. Los anteriores directivos, por su parte, han señalado en varias ocasiones que no puede aplicárseles tal doctrina porque se trata de una pensión.

No obstante, aquí también entra el juego el nuevo decreto, que pone límites al cobro de este tipo de prebendas, al señalar que "la entidad de crédito tendrá en su poder los beneficios discrecionales de pensión por un periodo de cinco años" y, además, la mitad de éstos podrán pagarse en forma de acciones o instrumentos similares.