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jueves, 18/09/14 - 06: 23 h

desempleo

Una ronda de citaciones masivas en las oficinas de empleo deja sin prestación a decenas de miles de parados

Bruno Pérez

miércoles, 24/07/13 - 06:00

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  • Los informes internos del Ministerio de Empleo revelan que el número de prestaciones dadas de baja como consecuencia de incumplimientos administrativos se ha duplicado en el arranque del año
  • Los sindicatos denuncian una oleada de citaciones masivas con objetivos únicamente de control, mientras desde el Ministerio se niega que haya habido instrucción alguna.

 

El número de parados sancionados con la pérdida de la prestación se ha multiplicado en la primera parte del año.

Hasta el pasado mes de abril los Servicios Públicos de Empleo habían dado de baja (suspendido temporalmente o, directamente, extinguido) 262.596 prestaciones por desempleo como consecuencia de lo que denominan técnicamente actuaciones de seguimiento de disponibilidad para el empleo.

Traducido al román paladino, lo que refleja esa cifra son las sanciones impuestas por el Ministerio de Empleo a los perceptores de prestación por no haber renovado la demanda de empleo en la fecha correspondiente o por no presentarse en las oficinas del servicio público tras haber sido citado.

Según la norma actual, el incumplimiento de estas obligaciones administrativas acarrea una suspensión de tres meses del derecho a percepción de la prestación, si es el primer incumplimiento en que se incurre; de seis meses, si fuera el segundo; o la retirada de la misma, si hubiera mayor reincidencia.

El asunto es que el volumen de bajas por estos conceptos que están reflejando las estadísticas de este año es anormalmente elevado. Según fuentes sindicales, hasta marzo pasado lo habitual era que el número de prestaciones retiradas por estas causas rondara, con ciertas oscilaciones, en torno a unas 50.000 mensuales. Y en ese entorno se situó, precisamente, la cifra de febrero: 56.393 bajas.

Lo llamativo es lo que sucedió después. Según reflejan los informes internos de los Servicios Públicos de Empleo, a los que ha tenido acceso lainformacion.com, en marzo el número de prestaciones dadas de baja por no renovar la demanda de empleo en tiempo y forma o por no presentarse el beneficiario cuando había sido citado se disparó a 77.838 y en abril hasta casi 100.000 (99.279), casi el doble de la cifra más habitual, según los sindicatos, o del dato de febrero sin ir más lejos (en enero fueron apenas 30.000).

Citaciones masivas...

Y no ha ocurrido sólo en ese ámbito. Los informes internos de los Servicios Públicos también revelan un incremento exponencial (incluso más relevante) de las bajas de prestaciones por rechazar una oferta adecuada de empleo o un curso de formación ofrecido por las oficinas públicas.

En enero las bajas por este motivo apenas superaron las 600; en abril la cifra se había disparado hasta casi 2.600..¡¡¡cuatro veces más!!!

¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha activado algún nuevo plan de control? ¿Se ha agilizado la gestión de las prestaciones y se han desembalsado sanciones pendientes? Desde el Ministerio de Empleo aseguran que no ha habido ningún cambio en la política de control de las prestaciones, más allá de las modificaciones en la gestión, "un simple programa informático", que ya se introdujeron el año pasado.

Además, ponen especial empeño en disipar cualquier sombra de duda sobre la eventual existencia de una estrategia por parte del Ministerio para intensificar el control sobre los parados que cobran una prestación como cauce para aligerar la carga que supone para el presupuesto público: más de 30.000 millones de euros en 2012.

"No se ha circulado ninguna instrucción nueva, no hay ningún programa piloto en marcha e incluso se ha reducido la dotación de productividad para los funcionarios de las oficinas de empleo", aseguran desde el Ministerio.

Semejante celo viene justificado por un episodio en la Comunidad de Madrid, a propósito de un controvertido programa piloto que establecía objetivos específicos de retirada de prestaciones a perceptores del paro.

Para los sindicatos sí hay algo más detrás de esas cifras. "Nos consta que los servicios públicos de empleo están haciendo citaciones masivas a perceptores de prestación sin una causa concreta que lo justique", aseguran fuentes de UGT.

El sindicato entiende que existe una estrategia por parte del Servicio Estatal de Empleo para utilizar las citaciones como un sistema adicional de control a los perceptores de prestación, más allá de la renovación de la demanda o la obligación de aceptar una oferta adecuada de empleo o realizar un curso de formación propuesto por su oficina de empleo.

...¿para pillar?

"No les citan para proponerles un empleo, un curso formativo o un itinerario de inserción laboral, si no para certificar que están disponibles", aseguran en el sindicato. "El caso es que las citaciones se envían por correo ordinario y, por tanto, la oficina de empleo no puede tener constancia de si el beneficiario ha recibido o no la citación. En esos casos, aún así, se les sanciona".

Las estadísticas también ofrecen interesante información adicional al respecto. En abril, cerca de 100.000 perceptores de una prestación fueron sancionados por no renovar su demanda de empleo o no presentarse en las oficinas públicas tras una citación. ¿Les iban a ofrecer un empleo? Difícil, apenas se gestionaron poco más de 2.000 ofertas de empleo en todo el mes. ¿Un curso de formación? Más o menos lo mismo, sólo 1.353 perceptores de prestación estaban haciendo un cursillo del antiguo INEM ese mes.

Vayamos más allá. ¿Es posible que exista un desinterés por parte de los desempleados en abandonar esa situación? Es posible, pero esas poco de esas poco más de 2.000 ofertas de empleo, tres cuartas partes se ocuparon antes de finalizar el mes y recibieron más de un millón de visitas en la web.

Bruno Pérez

Redactor de Economía lainformacion.com

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