Villalobos considera el pago de deudas a proveedores una "maniobra de distracción" con fines electorales
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha calificado este sábado de "maniobra de distracción" la medida adoptada por el Consejo de Ministros sobre el pago de las deudas de las corporaciones locales a proveedores, puesto que la considera un "engaño" que "no beneficiará" a ninguna de las partes; así como una forma de utilizar la deuda municipal de "excusa para justificar una batería de recortes" en periodo electoral.
SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha calificado este sábado de "maniobra de distracción" la medida adoptada por el Consejo de Ministros sobre el pago de las deudas de las corporaciones locales a proveedores, puesto que la considera un "engaño" que "no beneficiará" a ninguna de las partes; así como una forma de utilizar la deuda municipal de "excusa para justificar una batería de recortes" en periodo electoral.
En un comunicado, Villalobos ha hecho referencia al requerimiento anunciado por la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, según el cual las administraciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo el listado de facturas pendientes con proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, así como un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas antes de final del mismo mes.
Así, el presidente de la institución provincial ha mostrado su convencimiento de que estas medidas son "una nueva tomadura de pelo del Gobierno" que, a su juicio, "no aportarán una solución que beneficie a los ayuntamientos".
En este sentido, ha indicado su "sospecha" de que el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro "pretende saber cuál es la deuda total pendiente de los ayuntamientos", para, de este modo, "tener una nueva excusa para poner de manifiesto la 'catastrófica' situación que dicen haber heredado y utilizar este argumento para justificar la batería de recortes que se avecina, que ya tienen preparada y solo están retrasando", ha aseverado.
Además, Villalobos ha criticado que el plazo establecido para comunicar las deudas es el 15 de marzo, una fecha "clave" de la campaña electoral en la que el PP "abrirá las expectativas de cobro a muchos proveedores" a la vez que "pondrá de manifiesto la nefasta gestión realizada antes de llegar al Gobierno".
Estas conclusiones son obtenidas por Villalobos tras cuestionarse sobre cuál es el mecanismo de financiación propone el Gobierno para pagar las deudas, puesto que el Ejecutivo "se limita a aplazar la definición a las próximas semanas". Del mismo modo, plantea que, si el mecanismo de financiación es "voluntario" --deducido de la afirmación de que los ayuntamientos "podrán acogerse" al mismo--, por qué se obliga a todas las corporaciones a incluir sus deudas, "llegando incluso a tipificar como falta muy grave el incumplimiento de los funcionarios".
"LO ÚNICO QUE VA A CAMBIAR ES EL NOMBRE DE LA DEUDA"
Por otra parte, Villalobos ha indicado que "todo parece apuntar" a que el nuevo mecanismo de financiación se traducirá en "una operación de crédito sobre los ayuntamientos deudores", de forma que "lo único que van a cambiar es el nombre de las deudas, ahora se llaman deudas a proveedores y después se llamarán deudas bancarias".
Del mismo modo, Villalobos ha manifestado que "la mayoría de los ayuntamientos tendrán una imposibilidad legal para acogerse a esta medida", puesto que las corporaciones tienen una limitación legal de endeudamiento del 75 por ciento y, además, por ley "no pueden pedir préstamos para pagos de gasto corriente, cuando la mayoría de estas deudas los son".
El presidente de la Diputación también ha lamentado que el "colmo de los despropósitos" de lo anticipado por el Gobierno se deriva de que, después de la última modificación de la Constitución en relación al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, "toda la deuda que se convierta en bancaria será prioritaria sobre otros pagos, como por ejemplo los de las nóminas de los trabajadores".
Por tanto, Villalobos ha asegurado que acogerse a esta medida supondrá que los consistorios "tendrán que reducir sus gastos, incluidos los de personal, lo que llegaría a poner en riesgo la prestación de servicios públicos básicos". "En definitiva, menos empleo público y menos servicios a los ciudadanos a favor de más recursos a las empresas privada", ha concluido.
(EuropaPress)
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