viernes, 24/05/13 - 20: 02 h
Los trabajadores que lleguen a los 65 años y se vean con fuerzas y ánimo para seguir en activo podrían tener en breve un nuevo incentivo para prolongar su actividad laboral.
El Gobierno está dispuesto a permitir la compatibilidad total y sin topes del cobro de un salario en una empresa privada con el abono de una pensión pública con tal de conseguir que haya un mayor porcentaje de trabajadores que extiendan su actividad laboral más allá de la edad legal prevista, los 65 años.
Hay que recordar que a partir del año que viene la edad legal de jubilación empezará a elevarse a razón de entre uno y dos meses por año hasta llegar a los 67 años en 2027.
Así se lo ha comunicado a la Comisión del Pacto de Toledo en documento de 13 páginas en el que argumento que la restrictiva regulación actual "no es la más idónea para alcanzar los objetivos de favorecer la presencia activa de las personas en la sociedad".
La estadística dice que en España más del 50% de los trabajadores se jubilan antes de la edad legal, mientras que poco más del 10% deciden retrasar su jubilación más allá de los 65 años.
En opinión de los nuevos gestores de la Seguridad Social, esto es así, entre otras cosas, por la escasez de incentivos económicos en el ordenamiento legal.
Hay que recordar que el importe mensual medio de la pensión que reciben los nuevos jubilados supera los 1.300 euros, mientras que el sueldo más común del mercado laboral español apenas supera los 1.000.
A falta de estímulos en el mercado de trabajo, el incentivo más poderoso a la prolongación de la vida laboral es la denominada jubilación demorada, un sistema que permite mejorar entre un 2% y un 4% anual la pensión futura por cada año más allá de los 65 que se permanezca en activo.
Para una nueva pensión típica de 1.300 euros esa mejora se cuantifica en una prima de entre 26 y 52 euros mensuales por cada año que se trabaja después de la edad legal.
En 2011, 17.578 trabajadores se acogieron a este sistema, si bien la cifra se ha incrementado alrededor de un 50% desde el inicio de la crisis en 2008.
La ley actual también permite excepcionalmente compatibilizar el cobro de una pensión pública y de un salario, pero con muchas restricciones.
Lo permite para contratados a tiempo parcial, reduciendo la pensión en el mismo porcentaje del tramo de jornada que se trabaje; para trabajadores por cuenta propia siempre que sus ingresos no superen el salario mínimo; y en casos muy concretos a los trabajadores del régimen agrario.
La norma es que uno debe dejar de trabajar a los 65 y si quiere trabajar más allá su pensión quedará suspendida. En este último caso estaban el año pasado 3.574 trabajadores.
¿Qué plantea el Gobierno?
La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha echado cuentas y ha llegado a la conclusión de que si logra que un porcentaje mayor de trabajadores prolongen su vida laboral los ahorros generados pueden compensar el coste de permitirles compatibilizar su sueldo con el cobro de una pensión.
Para que las cuentas cuadren, los eventuales beneficiarios no cobrarían el total de la pensión que les correspondería, sino un porcentaje "compatible con la viabilidad del sistema de pensiones".
Es decir, se les garantizaría el cobro de una pensión algo inferior a la generada, pero, eso sí, esta sería compatible con el sueldo que se percibiera, sin ninguna clase de límite.
Es más, para aumentar el atractivo del modelo se eximiría al trabajador del pago de la cotización correspondiente a su salario. Si acaso se establecería una cotización de solidaridad, cuya cuantía la Seguridad Social tampoco especifica en su propuesta a la espera de que se negocie en el Pacto de Toledo.
La ley establecería una serie de requisitos adicionales para acceder a este nuevo marco: los trabajadores deberán haber cumplido los 65 años, deberán tener cubierto el periodo de cotización necesario para tener derecho al 100% de la pensión (35 años y tres meses en 2013) y deberán ser trabajadores, por cuenta ajena o propia, pero siempre del sector privado.
En principio, la intención del Gobierno es no extender este derecho a los trabajadores del sector público.
¿Los objetivos? Según el documento remitido por el Ministerio de Empleo al Pacto de Toledo, "eliminar las fuertes rigideces que presenta el actual ordenamiento de la Seguridad Social y potenciar la presencia más activa de los trabajadores de más edad en la sociedad".
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