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jueves, 24/07/14 - 04: 03 h

preservación

Gobierno dominicano desestima controvertido intento de desarrollo turístico

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viernes, 22/02/13 - 00:02

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El Gobierno dominicano dejó hoy sin efecto las intenciones que anunció la semana pasada de alcanzar un cuestionado acuerdo con quienes mantiene un litigio por la propiedad de unos terrenos en un área declarada protegida del deprimido suroeste del país donde impulsaría el desarrollo del turismo.

Santo Domingo, 21 feb.- El Gobierno dominicano dejó hoy sin efecto las intenciones que anunció la semana pasada de alcanzar un cuestionado acuerdo con quienes mantiene un litigio por la propiedad de unos terrenos en un área declarada protegida del deprimido suroeste del país donde impulsaría el desarrollo del turismo.

El portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez-Marchena, leyó un documento en el que el Gobierno explica que ha "desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha", para agregar que las autoridades aguardarán "un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes".

La decisión oficial "reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que habíamos adelantado, quienes actuaron por mandato expreso del presidente de la República".

El documento leído por Rodríguez-Marchena, copia del cual fue entregado a los medios de comunicación, admite que la solución propuesta por las autoridades "levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública".

Sin embargo, el Poder Ejecutivo afirmó en el parte oficial que es el "propietario legítimo" de los terrenos en disputa, "por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y social de toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a cientos de miles de ciudadanos de la zona Enriquillo (suroeste)".

De esta manera, el Gobierno de Danilo Medina deja atrás la controvertida decisión que tomó de asociarse a través de un fideicomiso con los adquirientes de terrenos cercanos a la paradisíaca playa de Bahía de las Águilas y otras zonas de Pedernales (suroeste), provincia fronteriza con Haití, con el propósito de emprender el desarrollo de la zona a través del turismo internacional.

La operación consistía, concretamente, en que el Gobierno recibiría el 55 % de la venta de los terrenos a través del fideicomiso, mientras que los supuestos propietarios tendrían derecho al restante 45 %.

"Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del suroeste, para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de magníficas potencialidades", dijo Rodríguez-Marchena.

Desde que altos funcionarios del Gobierno anunciaran la semana pasada la intención de Medina de buscar un arreglo fuera de los tribunales con los supuestos propietarios de terrenos de Bahía de las Águilas, decenas de organizaciones sociales y buena parte de los medios de comunicación locales expresaron su total rechazo a la disposición, al alegar que el Estado no debía negociar con aquellos que cometieron un "fraude" en su contra.

El propio presidente Medina se reunió a principios de esta semana con directores de los principales medios de comunicación locales, y dos días después lo hizo con una abogada muy conocedora del caso en los tribunales.

El asunto se remonta a 1995 cuando el director de entonces del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, ordenó un asentamiento agrario en la zona, denunciado un año después por el primer Gobierno del expresidente Leonel Fernández, que sometió ante la Justicia a este y a otras personas bajo acusaciones apropiarse indebidamente de los terrenos de vocación turística.

"Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan", expresa el documento leído por el portavoz de la Presidencia dominicana.

Rodríguez-Marchena precisó que la intención del Gobierno era "destrabar la larga litis judicial" en que se encuentran los terrenos, y que para tal efecto, examinó diversos mecanismos de solución, de los cuales escogió el "más expedito y definitivo".

(Agencia EFE)

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