CHURURÚ (Venezuela) – Este tranquilo pueblo de la frontera entre Venezuela y Colombia ha sido una verdadera “candela” tras la masacre del equipo local de fútbol.
Recientemente, 12 hombres -10 colombianos, un peruano y un venezolano- fueron secuestrados desde el campo de juego, al lado del camino principal que une San Cristóbal, la capital del estado de Táchira, con Barinas.
Los cuerpos de 10 de las víctimas, la mayoría de ellos de la ciudad colombiana de Bucaramanga, aparecieron la semana pasada en diversas zonas cerca del pueblo de El Pinal, ejecutados de un tiro en la cabeza. El undécimo cadáver apareció unos días después.
La masacre del equipo de fútbol no es la única razón para explicar los nervios de los vecinos de Chururú. La semana pasada también aparecieron los cadáveres de seis colombianos, muertos por asfixia y enterrados en Barinas.
Los asesinatos han sobrecogido a los pueblos a ambos lados de la frontera. Sin embargo, lo peor es que han agravado las ya tensas relaciones entre Venezuela y Colombia. Los residentes de la zona se encuentran en medio del asunto, temerosos por su seguridad mientras los dos países se acusan mutuamente.
Ambas naciones suspendieron relaciones y redujeron el comercio bilateral hace unos meses tras la noticia que Colombia permitiría al ejército de EEUU usar sus bases militares. El acuerdo se firmó el viernes pasado en Bogotá.
Venezuela acusa con frecuencia a Colombia de espionaje mientras que Bogotá culpa a Caracas de permitir que las guerrillas izquierdistas se refugien al otro lado de la frontera. La responsabilidad por la muerte de los futbolistas es el último episodio de un “ojo por ojo…” en esta larga disputa.
Relato del superviviente
El colombiano Manuel Junior Cortés, de 18 años, es el único superviviente de la masacre. El joven describió al periódico colombiano El Tiempo cómo el equipo fue sacado del campo de juego por la fuerza. Posteriormente estuvieron encadenados en parejas, en un campamento en la montaña, durante dos semanas. El líder de los secuestradores era conocido como el payaso.
Cortés explicó que les dijeron que serían liberados, pero en realidad fueron llevados a un lugar donde les dispararon varias veces. Cortés indicó que le dispararon una vez en el cuello y que sobrevivió porque se hizo el muerto. Abandonó el lugar por sus propios medios y se encontró con un campesino después de caminar durante tres horas. Actualmente se recupera en un hospital de Caracas.
Según Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (el FBI venezolano), los hombres jugaban en la liga local en un improvisado campo de juego, en las afueras del pueblo, cuando apareció un grupo armado y les preguntó si podían ver la lista de jugadores. “Los llamaron por el nombre, los pusieron en fila y se los llevaron a un destino desconocido”, afirma Flores.
Una residente de Chururú, que pidió mantenerse en el anonimato para evitar represalias, dice que las víctimas se ganaban la vida vendiendo golosinas y bagatelas a quienes viajaban en autobús hacia la frontera colombiana. El equipo de fútbol se llamaba Los Maniceros.
Venta ambulante
“Se les veía todo el tiempo vendiendo cacahuetes y collares”, afirma y añade que tenía una relación cercana con una de las víctimas, Ángel Aldemar León Aricapa, de 18 años, oriundo de Cúcuta, en Colombia. Prefiere no comentar sobre quién podría haber cometido los asesinatos.
Colombia y la enérgica oposición venezolana acusan a los grupos guerrilleros. Dicen que el presidente venezolano Hugo Chávez permite a los grupos operar en el país con total impunidad.
Según una versión de los hechos, el grupo que secuestró a los futbolistas “llegó con uniformes de color verde oliva, con una imagen en relieve del Che Guevara”.
Por su parte, el Gobierno venezolano sostiene que Bogotá intenta fomentar la insurrección en los estados fronterizos de Venezuela a través de sus vínculos con los grupos paramilitares y los partidos de la oposición venezolana. Ramón Carrizales, vicepresidente de Venezuela y ministro de Defensa, dio a entender que las 12 víctimas tenían vínculos con grupos paramilitares.
“La forma en que llegaron [a Venezuela]… tenían una identidad como grupo… le hacen pensar a uno que eran parte de un plan de infiltrados del gobierno colombiano, apoyado por elementos internos”, declaró.
La tensión sigue creciendo. Venezuela arrestó a dos ciudadanos colombianos a los que acusa de espionaje. Y el viernes pasado, en el estado venezolano de Táchira, mil pequeños comercios decidieron no abrir al público después que cinco colombianos –ahora arrestados- distribuyeran panfletos en los que amenazaban a los comerciantes si no pagaban por protección de grupos armados.
El Gobierno venezolano incrementó la presencia policial en Chururú, un pueblo de paso y peligroso entre el estado de Barinas y la frontera colombiana. También se establecieron dos controles de carretera con varias decenas de efectivos de la Guardia Nacional.
Recientemente, dos de estos policías fueron asesinados por cuatro hombres armados que iban en motocicletas. Ahora circula el rumor que el ataque era en venganza por la detención de los colombianos. El gobierno venezolano acusó a los paramilitares colombianos y se cerraron dos de los pasos fronterizos más importantes entre ambos países.
La Cámara colombo-venezolana de Integración Económica prevé que el comercio bilateral entre ambas naciones caiga un 50 por ciento durante este año.
Charlie Deveraux escribe de Venezuela para GlobalPost. Anteriormente, trabajó en Londres para The Daily Telegraph y CNN.
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