No hay nada parecido a Lurigancho, la prisión más grande de Perú y una de las más duras de Sudamérica, según sus residentes. Nos adentramos entre barrotes para desvelar algunos de sus secretos.
Los fragores de las salsas en las celdas y el olor acre del cannabis pululan en el aire.
En los pasillos atestados, sucios, los presos cocinan el almuerzo en pequeñas estufas eléctricas, juegan a las cartas y pasan el rato charlando. Tatuados, los hombres descamisados, apenas se detienen a intercambiar saludos entre ellos.
Uno de los internos me sirve un batido de su licuadora. Hecho de una mezcla única peruana de quinua, avena, plátano, miel y cacao que está delicioso.
Estoy dentro de Lurigancho, la prisión más grande de Perú, considerada una de las más duras de América del Sur. Construida para albergar a 2.500 reclusos, sus pabellones desmoronados acogen actualmente a unos 7.000 presos.
A excepción de los delincuentes sexuales, no hay segregación. Los delincuentes habituales y los delincuentes violentos se mezclan libremente con los jóvenes encerrados por robar un par de zapatillas.
Los prisioneros usan su propia ropa y, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son libres para vagar por cualquier lugar que quieran de la prisión.
La mayoría son peruanos, pero también hay un puñado de todo tipo de extranjeros, desde estadounidenses a africanos. Muchos son las mulas de cocaína, un delito de baja rentabilidad y muy arriesgado cometido únicamente por gente desesperada o por los desesperadamente estúpidos.
Fuera del pabellón, en el “mercado”, los convictos emprendedores comercian con todo –desde ropas de segunda mano y DVDs piradas, hasta fruta fresca y hortalizas. Uno alquila teléfonos móviles, supuestamente prohibidos dentro de la cárcel.
Por encima de nosotros, en el techo del pabellón, los gallos cacarean, se pelean y se pavonean dentro de sus corrales.
Cerca de allí, dos prostitutas regatean con varios internos. Hoy es un día sólo para visitas masculinas, pero se las han apañado para entrar y dar un servicio que de alguna manera debe ser seguramente un “mercado” primordial para los cautivos.
“Las enfermeras”, sonríe un preso, cuando le pregunto sobre las mujeres. “Un servicio social”, explica otro y añade: “Este lugar explotaría sin ellas”.
No sería la primera vez.
En 1986, Lurigancho y otras dos cárceles peruanas se amotinaron. Tomadas por sorpresa, el Gobierno respondió con la violencia indiscriminada, de acuerdo con el informe oficial de Verdad y Reconciliación de Perú.
En Lurigancho, la policía fue la responsable del asesinato extra-judicial de más de 90 presos, señala el informe.
Ese incidente famoso ha aumentado la escabrosa reputación de Lurigancho. National Geographic ha culpado erróneamente de la mayoría de esas muertas a los propios reclusos, utilizando para justificarlo el etiquetado de Lurigancho como “una de las prisiones más duras de Sudamérica”.
La verdad es más prosaica, pero no menos fascinante.
Aquí se producen actos impactantes de violencia - incluyendo el reciente caso de un preso holandés que asesinó a su novia peruana y luego la sepultó debajo del suelo de su celda.
Sin embargo, la mayoría de los detenidos en este recinto no son peligrosos. De lo contrario, sería improbable que les permitieran moverse libremente por la prisión. Y Lurigancho requeriría muchos más de los 150 policías que actualmente integran la plantilla
Los presos con los que hablé no eran sino corteses y amables, y con ganas de explicar cómo estaban reconstruyendo sus vidas destrozadas.
Eso incluía hacer un tour por los talleres de cerámica y de tejido donde están aprendiendo habilidades profesionales, así como fabricar productos que se comercializan a lugares tan lejanos como Japón.
Sin embargo, lo que es verdaderamente impactante es la corrupción rampante y descarada de los guardias.
Para entrar en Lurigancho, tienes que pasar varios controles. El oficial de policía en cada barrera te pide abiertamente y sin ningún tipo de pudor un soborno para él, normalmente “para un refresco”.
Una vez dentro, veo a otro funcionario en un puesto de control interno exigiendo dinero en efectivo de los reclusos para que puedan pasar de una zona de la cárcel a otra. “Ellos son los principales delincuentes que hay aquí”, dice un disgustado recluso
José Ávila, jefe del programa de prisiones en la Defensoría del Pueblo, el defensor de los derechos humanos de Perú, dice que la corrupción ha invadido el sistema penitenciario.
“La corrupción es muy grave porque si tienes alcohol, drogas, armas y otros objetos prohibidos, así como a personas no autorizadas, entrando en una cárcel, pones a toda la población carcelaria en situación de riesgo”, dijo a nuestra publicación.
Otros problemas destacados por Ávila incluyen el hecho de que la población reclusa de Perú compuesta por 50.000 personas es el 70% superior a la capacidad prevista de sus 66 cárceles, siendo Lurigancho la más superpoblada de todas.
Mientras tanto, hay sólo 23 médicos para atender a los presos. Como cabía esperar, la tasa de tuberculosis entre los reclusos en las cárceles es 20 veces mayor que en el exterior.
Otro problema es que la autoridad de prisiones, el INPE, no cumple en gran medida con su obligación legal de proporcionar oportunidades de rehabilitación.
El amplio taller de tejido y de cerámica que vi fue creado por una organización sin ánimo de lucro fundada por un activista católico y financiada con ayuda extranjera.
De acuerdo con los internos, el INPE ha intentado incluso cerrar los talleres. Mientras tanto, los funcionarios corruptos cobran para permitir que entren en Lurigancho las materias primas como la arcilla o la lana y para dejar que los productos terminados salgan al mercado.
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