Al igual que la mayoría de los periodistas birmanos, Ye Naing Moe nunca se fió de los burócratas del Ministerio de Información. Y con razón.
Su padre, activista político, ha sido detenido cuatro veces, y él ha sido espiado por agentes gubernamentales. A sus alumnos de periodismo les perseguían y les interrogaban sobre sus charlas. “Antes, bueno, las autoridades no me querían”, dice con una mueca irónica.
Así que se quedó estupefacto el año pasado cuando un alto cargo del ministerio le telefoneó para pedirle que organizase una serie de talleres prácticos de una semana de duración para asesores de comunicación del gobierno. Tenía que enseñar a los burócratas unos conocimientos que nunca antes habían tenido que aplicar: cómo ayudar a los periodistas en la elaboración de noticias.
Aún más sorprendente fue que el alto cargo no puso reparos a las materias que podría abordar en las clases. De hecho, Ye Naing Moe impartió lecciones explicando el valor del Cuarto Poder y la libertad de prensa.
“Al principio pensé ‘¡menudo trabajo!’. Me preocupaba que el Gobierno me castigase por lo que pudiese enseñar. Pero después me dije, ¿por qué no?”, admite.
Para él fue una nueva señal del nuevo clima de apertura hacia los medios en Birmania. Durante décadas, el país, conocido oficialmente como Myanmar, ha sido criticado internacionalmente por golpear, encarcelar y torturar a periodistas.
Pero el año pasado, con el Gobierno nominalmente civil liderado por el presidente Thein Sein, los directores de los medios comenzaron a notar una relajación radical en la censura, incluso respecto a temas políticamente sensibles. Muchos han celebrado estos cambios como una señal de que el nuevo Gobierno está realmente abordando reformas democráticas.
La siguiente prueba será una ley de prensa que se espera que llegue al Parlamento para ser debatida a finales de año. Según quienes han visto el borrador de la ley, si se aprueba, se eliminaría la junta de censores y la obligación que tienen los editores de presentar los periódicos a los censores antes de su difusión.
También podría permitir la creación de diarios por parte de compañías privadas, que hasta ahora sólo están autorizadas a publicar semanales.
“Espero que esta ley sea un punto de inflexión”, dice Zeya Thu, director de Voice Weekly, un periódico privado que trata temas políticos.
Los periodistas de Myanmar entrevistados vinculan los primeros pasos de la nueva libertad de prensa a un discurso de Thein Sein el pasado marzo, en el que pidió respeto para el papel de los medios. Desde entonces, los censores eliminan cada vez menos noticias de los periódicos antes de su publicación.
Temas antaño prohibidos ahora aparecen en las portadas de los periódicos. Es el caso por ejemplo del rostro sereno de Aung San Suu Kyi, la icónica líder de la oposición, cuya imagen no se podía exhibir públicamente y que ahora se publica a veces incluso acompañada de imágenes de otros opositores destacados.
Cuando terminó el arresto domiciliario en 2010, la junta de censores supuestamente emitió un edicto señalando que su foto se podía publicar, pero que no podía ocupar toda la portada de un medio.
U Ko Ko, editor del Yangon Times y del Flower News, dos revistas semanales privadas que tratan asuntos de actualidad, dice que incluso ha empezado a presentar de nuevo a los censores viejos artículos que no habían sido aprobados. Ahora, dice, sí pasan la criba.
“Antes controlaban cada frase de cada artículo. Ahora cambian menos del 10 por ciento”, reconoce.
Él y otros editores también destacan que ahora pueden tratar los temas censurados por teléfono con los funcionarios, y defender los artículos que quieren publicar. Algunas veces, los censores incluso cambian de opinión y les dan la luz verde.
Las relaciones con los censores incluso se han vuelto amistosas, dicen. “Hace un año, nunca en la vida les hubiese cuestionado nada”, admite Thiha Saw, que publica la revista Open News Weekly, sobre temas políticos. “Ahora les puedo llamar”.
Pero no todo es tan positivo.
Las noticias sobre el conflicto étnico y el maltrato del Gobierno hacia las minorías todavía están prohibidas, algo muy relevante en un país cuyos mandatarios han sido acusados de violar los derechos humanos en zonas conflictivas.
Además, el Gobierno continúa dificultando el acceso a los periodistas a esas zonas remotas, haciendo casi imposible la publicación de informaciones independientes sobre lo que está ocurriendo allí.
El acceso a los miembros del Gobierno sí ha mejorado, dicen los periodistas.
Durante la primera temporada del curso parlamentario del año pasado, la prensa no pudo entrar a seguir los debates. Durante la segunda, la prensa sí pudo acceder y los periodistas incluso tuvieron oportunidad de entrevistar a diputados.
Los periódicos publicados por birmanos en el exilio, considerados parias por las autoridades, también pudieron acceder a la cámara.
Los lectores han recibido bien estos cambios. Los editores dicen que la circulación de los medios impresos ha aumentado de manera notable. De hecho, el Voice Weekly ha pasado de los 32.000 ejemplares semanales del año pasado a 82.000 en la actualidad.
Aún así, estos cambios todavía tienen que tomar forma legal, y por ello la nueva ley de medios es vital. Muchos puntos de la norma todavía no están claros, como por ejemplo si afectará también a los medios audiovisuales y online.
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