Los diamantes de Zimbabue, que ya destilan sangre, pueden llegar a ser todavía más sangrientos.
Según un nuevo informe de Global Witness, hay crecientes evidencias de que Robert Mugabe está escondiendo las ganancias de las gemas para financiar la violencia en las próximas elecciones.
Los responsables de las minas de diamantes leales a Mugabe están desviando en secreto millones libres de impuestos obtenidos por las minas de diamantes del país a paraísos fiscales como Mauricio, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el grupo activista.
Lucrativos yacimientos aluviales de diamantes de Zimbabue en el valle oriental de Marange, están ahora bajo el control de Mugabe y de su partido ZANU-PF, con gerentes de las minas que incluyen a policías actuales y jubilados y a oficiales militares.
Esto hace temer que una parte del dinero se utilizará para financiar la violencia y la intimidación en la inminente campaña electoral.
“Si las próximas elecciones van acompañada de violencia hay un riesgo real de que cualquier derramamiento de sangre esté financiado por los ingresos que proceden de los diamantes”, declara Nick Donovan, un investigador senior de Global Witness.
"Zimbabue necesita desesperadamente ingresos de los diamantes para los servicios sanitarios y educativos, no para los AK47 y para los coches deslumbrantes de la élite”, dice Donovan. " Zimbabue debe garantizar que las empresas de extracción de diamantes no se utilizan como una fuente de ingresos fuera de presupuesto por leales del ZANU-PF del ejército y de la policía.
Las elecciones de Zimbabue de 2008 estuvieron marcadas por la violencia generalizada ejercida por la policía de Mugabe, el ejército y las milicias, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos independientes de derechos humanos.
El Gobierno de Mugabe ha empezado a establecer campamentos del ejército y milicias en todo el país, aumentando los temores de que planea dar rienda suelta a una nueva ronda de violencia, financiada por el dinero de los diamantes, para coaccionar a los votantes de que apoyen a Mugabe y a su partido gobernante, el ZANU-PF.
Mugabe ha hecho un llamamiento para que las elecciones de 2012 pongan fin a la problemática coalición de tres años con el ex líder de la oposición Morgan Tsvangirai.
Desde que en el año 2003 se descubrieron por primera vez los campos de diamantes de Marange las piedras preciosas extraídas se han vendido por más de mil millones de dólares. Los diamantes que quedan valen miles de millones, de acuerdo con expertos en minería.
Mugabe no dejó esa riqueza sola. Su Gobierno canceló el contrato de arrendamiento minero de una empresa británica y en 2008 el Ejército se apoderó del control de los yacimientos de diamantes, utilizando helicópteros artillados y tropas contra los mineros civiles de Zimbabue.
Unas 200 personas murieron y muchas otras resultaron heridas y torturadas cuando el Ejército acordonó los campos de diamantes, de acuerdo con los grupos de derechos humanos.
Las concesiones de diamantes se han asignado a empresas controladas por los leales a Mugabe, entre ellos oficiales del Ejército y la Policía, tanto jubilados como activos. Según denuncian los grupos de derechos humanos, las condiciones de la violencia y las condiciones de trabajo en régimen de esclavitud continuarán en las minas de diamantes.
A pesar de la evidencia de que los diamantes de Zimbabwe se extraen con violencia y están financiando los abusos del régimen de Mugabe, el organismo internacional de regulación de diamantes, el Proceso Kimberley, ha aprobado su venta en el mercado internacional.
El año pasado, Global Witness se retiró del Proceso Kimberley al considerar que la entidad no debería haber dado su sello de aprobación a los diamantes de Zimbabue.
¿Dónde han ido a parar los beneficios de los diamantes de Zimbabue?
El ministro de Finanzas, Tendai Biti, informa que este año la hacienda pública ganará 600 millones de dólares de los diamantes, una cifra muy por debajo de lo que los expertos dicen que debería ser. Biti dice que necesita más dinero de los diamantes para pagar a los maestros y a otros empleados civiles que han estado en huelga.
Los beneficios de los diamantes están siendo canalizados a empresas en Mauricio, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con las investigaciones de Global Witness. Estos paraísos fiscales libres de impuestos permitirán a las empresas ocultar la corrupción, la evasión fiscal y el gasto desorbitado en Zimbabue fuera del presupuesto nacional.
De acuerdo con Global Witness, una empresa de diamantes es la compañía china de minería y construcción, Anjin, y su junta directiva incluye a altos cargos policiales, militares y funcionarios del Ministerio de Defensa.
Una de las mayores empresas de diamantes, Diamantes Mbada, opera detrás de "una estructura empresarial compleja y opaca", dice Global Witness.
Un ex alto funcionario de la Fuerza Aérea de Zimbabue tiene una participación del 25 por ciento en Mbada. Ninguna de estas empresas ha publicado la información financiera para mostrar que se beneficiaron de las ventas de diamantes.
Global Witness continúa instando a la industria de los diamantes del mundo a detener el comercio de diamantes que financia los abusos de derechos humanos.
Global Witness recomienda que el Gobierno de Zimbabue debería aprobar una ley que prohíba a los miembros del sector de la seguridad de Zimbabue ejercer ningún control sobre las empresas mineras - incluyendo ser los propietarios beneficiarios de las filiales de las empresas que operan en el sector del país.
Debería haber una auditoría inmediata de todas las concesiones de diamantes concedidas hasta el momento en Marange y deberían publicarse los datos de los propietarios, incluyendo a las compañías Mbada y Anjin.
A esto se suma que la acción del Gobierno de cerrar 29 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a Care Internacional, que opera en la provincia clave de Masvingo, ha añadido todavía más preocupaciones en torno a las próximas elecciones de Zimbabue.
El régimen de Mugabe suspendió las operaciones de las organizaciones no gubernamentales antes de las elecciones de 2008, impidiendo que las zonas rurales recibiesen la tan necesaria ayuda alimentaria y permitiendo al Gobierno dar rienda suelta a la violencia y a la intimidación sin el peligro de ser denunciados por grupos independientes.
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