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arbitraje

El TS condena a Alzira (Valencia) a pagar 1,2 millones por la gestión de un PAI que quedó paralizado

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martes, 26/02/13 - 18:21

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El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Alzira (Valencia) a pagar 1,2 millones de euros por la gestión del Plan de Actuación Integral (PAI) de la Carretera de Albalat que quedó paralizado, según ha informado el consistorio en un comunicado.
El TS condena a Alzira (Valencia) a pagar 1,2 millones por la gestión de un PAI que quedó paralizado

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Alzira (Valencia) a pagar 1,2 millones de euros por la gestión del Plan de Actuación Integral (PAI) de la Carretera de Albalat que quedó paralizado, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, ha asegurado que se trata de una "mala gestión" del anterior gobierno municipal. Bastidas ha anunciado que en el próximo pleno municipal exigirá al grupo municipal socialista, que pida perdón por "las consecuencias originadas por la gestión de su partido cuando ostentaban responsabilidades de gobierno".

Desde el consistorio han explicado que esta sentencia responde a las actuaciones "llevadas a cabo por el Gobierno municipal de la legislatura 1999-2003, el cual estaba formado por el PSPV-PSOE, el Bloc, EUPV y UV. La problemática surge con el PAI de urbanización del polígono industrial de la Carretera de Albalat.

En este sentido, la alcaldesa ha resaltado "la diferencia en la forma de trabajar entre unos gestores y otros", así como "las consecuencias funestas de la política de inactividad de los gobiernos socialistas que hoy en día continuamos pagando todos los alzireños y alzireñas de nuestros bolsillos".

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, el problema arrancó en 1999 con la aprobación del PAI Carretera de Albalat. En aquel momento, se le adjudicó a la empresa Urbanización Carretera de Albalat (UCA) la ejecución de las obras. Ésta inició las mismas a los pocos meses, hasta que en octubre de 2002 las paralizó alegando dificultades que aparecen a instancia del Ayuntamiento.

El consistorio de Alzira ha asegurado que "algunos de estos problemas que la empresa adjudicataria alegó son la falta de suelo para proseguir, o que el propio consistorio no estaba ejecutando a los propietarios las cuotas de urbanización correspondientes".

Finalmente, UCA solicitó la resolución del contrato, siendo todavía alcalde el socialista Pedro Grande, puesto que no se regularizaron los distintos problemas que competían al Gobierno municipal. Además, la urbanizadora solicitó en ese momento una indemnización por daños y perjuicios de más de tres millones de euros.

GESTIONES PARA RESOLVER EL "EMBROLLO"

Bastidas ha asegurado que desde que ella accedió a la alcaldía, "se realizaron numerosas gestiones para tratar de resolver el embrollo". En noviembre de 2003, a los pocos meses de gobierno del PP, se presentó una propuesta de convenio junto con los propietarios de los terrenos, con la que se pretendía rebajar los altos costes de urbanización, y así al menos tratar de solucionar una parte del problema. La urbanizadora no aceptó este nuevo convenio y es cuando el asunto fue llevado a los tribunales.

Finalmente, fue hace unos días, según el comunicado, cuando después de diferentes trámites procesales, el Supremo dictó una resolución en la que condenaba al Ayuntamiento al pago de 1.219.000 de euros más los intereses desde octubre de 2003 (más de 400 mil euros). A fecha de hoy, el Ayuntamiento ya ha reembolsado unos 409 mil €, por lo que la cantidad que se adeuda asciende a 1.200.000 de euros". Cabe señalar que se trata de una sentencia firme sin posibilidad de recurso alguno.

Además, han apuntado desde el Ayuntamiento que "aparte del gasto que va a tener que salir de las arcas municipales para cumplir con el fallo, a esta cantidad habrá que sumarle la minuta de los abogados y la terminación de la ejecución de dicha obra, ya que continúa estando inacabada".

Bastidas ha lamentado que "después del gran esfuerzo realizado por la ciudadanía durante este último año y el superávit en el presupuesto, tengamos que destinarlo al pago de una nueva sentencia heredada de los gobiernos socialistas".

(EuropaPress)

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