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domingo, 31/08/14 - 12: 09 h

crimen organizado

Organismos civiles mexicanos aplauden Ley de Víctimas pero exigen aplicación

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miércoles, 09/01/13 - 23:35

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Organizaciones civiles se mostraron satisfechas con la nueva Ley de Víctimas promulgada hoy en México, pero exigieron al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto su efectivo cumplimiento y la corrección inmediata de algunos de sus puntos.

México, 9 ene.- Organizaciones civiles se mostraron satisfechas con la nueva Ley de Víctimas promulgada hoy en México, pero exigieron al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto su efectivo cumplimiento y la corrección inmediata de algunos de sus puntos.

"El que hoy se haya firmado es la culminación de una lucha de mucho tiempo de las víctimas que han sido ignoradas; supone el reconocimiento por parte del Estado mexicano de su responsabilidad", dijo a Efe Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.

Peña Nieto firmó hoy esta ley, aprobada por el Congreso en abril del año pasado tras un largo proceso de trabajo con organizaciones de víctimas de la violencia pero que no entró en vigor al ser objetada por el anterior Gobierno encabezado por Felipe Calderón.

La norma obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar de manera integral el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos de las autoridades.

En opinión de Zapico, con la firma de hoy se pone fin a la situación del pasado sexenio cuando, en medio de una situación de violencia muy fuerte, "el Gobierno optó por ignorar a las víctimas".

Pese a lo positivo de la aprobación de la norma, que entrará en vigor dentro de un mes, Zapico advirtió que no supone el fin de las obligaciones del Estado mexicano, sino el inicio de su proceso de cumplimiento.

"Es necesario que en esta ocasión sí haya un cumplimiento efectivo de la ley. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos no vamos a parar aquí; vamos a seguir exigiendo que realmente haya medidas efectivas para reparar, ofrecer verdad y poner fin a la impunidad", apuntó.

Como representante de las víctimas, en la firma estuvo presente el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, quien calificó el hecho de un "profundo gesto democrático" de Peña Nieto.

Pero señaló que, entre otros temas pendientes, aún hay que crear un sistema de atención a víctimas "honesto y dotado de suficientes recursos y personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación", con más de 70.000 víctimas en el anterior sexenio, según datos del nuevo Gobierno.

Aunque se mostró satisfecho con la promulgación de la norma, Juan Francisco Torres Landa, director de México Unido Contra la Delincuencia, criticó la excesiva "prisa" de Peña Nieto para cumplir su promesa hecha en campaña y la calificó de "decisión política".

"Vemos un problema importante en que se ha minimizado que la ley como está actualmente tiene serios problemas en cuanto a sus posibles alcances", dijo a Efe Torres Landa, y apuntó que en el texto incluso hay párrafos incompletos por lo que "no se ha revisado" suficiente.

En este sentido se manifestó Alejandro Martí, presidente de México SOS, quien dijo que la ley está llena de "errores de redacción fundamentales que la hacen inoperante" y que "hay diversas debilidades y vacíos que ponen en riesgo su viabilidad operativa".

"Esta ley no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares", dijo a Efe el empresario, quien al igual que Sicilia perdió a su hijo por asesinato, y apuntó que "debe ser analizada y revisada" de manera "urgente".

"Es un compromiso del presidente y me da muchísimo gusto, pero los legisladores debían haber sido más responsables y decir que es necesario corregir esos puntos, haberle dicho al presidente que firmara algo que funcione", dijo.

A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) saludó la nueva ley, culminación de un proceso "caracterizado por su signo incluyente y participativo, así como por la seriedad y calidad de los aportes y compromiso de las organizaciones de la sociedad civil".

"Es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad", consideró en un comunicado.

(Agencia EFE)

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