Este es el mapa de la corrupción del Partido Popular en España

  • En la Operación Púnica, en Madrid, políticos y empresarios crearon una extensa red delictiva que presuntamente facilitaba la adjudicación de servicios públicospor valor de 250 millones de euros, a cambio del pago de comisiones ilegales.

  • El caso Campeón, en Galicia, es una investigación judicial sobre la presunta concesión desubvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos.

Solo se salvan 8 Comunidades y Ceuta

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Ninguno se libra. Todos los partidos que han mantenido gobiernos autonómicos o nacionales en lo que va de siglo tienen imputados o condenados en casos de corrupción. Cuanto mayor es la formación, mayor es el número de implicados, de ahí que PP y PSOE se lleven la palma.

El caso de Acuamed es la última trama de corrupción que afecta al grupo conservador, pero no es la única. Más de 800 pequeños ayuntamientos se han visto salpicados con escándalos de corrupción en las diferentes provincias gobernadas por los populares. Solo en Andalucía hay 115 alcaldes imputados por malversación de fondos públicos.

Con casi 500 imputados, estos son los principales casos de corrupción que afectan al PP:

Comunidad de Madrid

Con 72 imputados actualmente, en Madrid se juntan varias tramas de corrupción: la Gürtel, también presente en Valencia, los papeles de Bárcenas y la Operación Púnica.

En la Operación Púnica, políticos y empresarios crearon una extensa red delictiva que presuntamente facilitaba la a djudicación de servicios públicospor valor de 250 millones de euros, a cambio del pago de comisiones ilegales. Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, es uno de los principales imputados en la causa.

Por otro lado, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, fue quién destapó la supuesta contabilidad en b del partido. En sus anotacionesm Bárcenas apuntaba sobresueldos en dinero negro a altos cargos de la formación. El exministro del Interior, Ángel Acebes, ha sido el último imputado por el juez Ruz tras acusarle de la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la supuesta caja b.

Por último, el caso Gürtel se refiere a la investigación sobre la corrupción política vinculada al PP se inició en 2009 y de ella han salido 187 imputados, 74 de ellos políticos. El supuesto cabecilla de la trama es Francisco Correa. Entre las dimisiones de cargos políticos están la de cuatro alcaldes del PP: el de Boadilla del Monte, González Panero, el de Arganda del Rey, Ginés López, el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepulveda y el de Majadahonda, Guillermo Ortega.

Galicia

Con 17 imputados a día de hoy, en Galicia fueron especialmente polémicas la Operación Pokémon y el caso Campeón,aunque no afectaron en exclusiva al PP.

La Operación Pokémon es una investigación judicial qu e se desenvuelve en Galicia en 2012 en relación con distintos episodios de supuesta corrupción que afectaría a algunos políticos gallegos como el alcalde de Orense, Francisco Rodríguz (PSdG), el de Boqueijón, Adolfo Gacio (PP) y el exconsejero de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares (PSdG), entre otros.

Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de distintas administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase han aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Cataluña, en el marco de la Operación Manga derivada de la Pokémon que se inició en Lugo, con más políticos y empresas implicadas.

Por su parte, el caso Campeón es una investigación judicial sobre la presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. Se inició por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria), en la que fueron detenidas 15 personas, entre las que figura el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo y dos directivos de IGAPE.

Islas Baleares

Baleares es otra de las regiones españolas que está sufriendo casi diariamente la corrupción del Partido Popular. La corrupción balear tiene 40 excargos del PP imputados. Los casos más destacados son los siguientes:

Caso Bomsai: Posibles irregularidades durante la época del gobierno de Jaume Matas (PP) en la adjudicación de obras de la empresa pública Caib Patrimonio. Fueron detenidos los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge Saiz de Baranda y Joan Pol, respectivamente.

Caso Inestur: Supuestos desvíos de fondos desde el Instituto de Estrategia Turística. Entre los acusados se encuentran el ex conseller de Turismo Miquel Nadal y el ex presidente de Unió Mallorquina Miquel Àngel Flaquer. Este partido fue expulsado del Govern por éste y otros casos de corrupción.

Caso Palma Arena: Este extenso caso investiga el sobrecoste del velódromo Palma Arena, el enriquecimiento del ex presidente del Govern Jaume Matas (PP) y la supuesta financiación ilegal del PP. Están acusados Matas, a quien se le imputa doce delitos, el ex regatista olímpico José Luis "Pepote" Ballester, el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán y el ex conseller de Turismo del PP Joan Flaquer, entre otros.

Caso Nóos: El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarín o como Operación Babel, es un caso de presunta corrupción política que comienza en 2010 como un caso derivado del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, ex duque consorte de Palma de Mallorca, y su exsocio Diego Torres. Los cargos por los que están imputados por la Fiscalía Anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Las actividades delictivas habrían sido realizadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, Nóos, así como de una red societaria de empresas asociadas a Nóos-

Caso Andratx: Trama de presunta corrupción urbanística. Han sido condenados el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern de Matas (PP) Jaume Massot (7 años de prisión), y el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (6 años).

Caso Cañellas: Sumario por supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Baleares. Fueron imputados el ex president del Govern Gabriel Cañellas, el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el ex portavoz municipal del PP Jaume Porsell.

Caso Scala: Investiga una supuesta trama de corrupción con cobros de comisiones y sobornos en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares en la legislatura pasada, que encabezó el ex conseller de Comercio, Industria y Energía (PP), Josep Juan Cardona.

Caso Bitel: Presunta malversación de fondos públicos y otros delitos por parte del ex director general de la empresa pública Bitel, Damià Vidal (la Fiscalía pide para él una pena de 14 años de cárcel), y otros colaboradores.

Caso Turismo Joven: Supuesta malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven por parte de varios miembros del PP, desde 2004 a 2007.

Caso Ibatur(Instituto Balear de Turismo): Sobre el presunto desvío de fondos públicos en este instituto. El ex director del instituto público, Raimundo Alabern, y el ex conseller de Turismo Joan Flaquer (PP) están imputados.

Caso Funeraria Palma: Por las presuntas irregularidades en la facturación de tumbas fueron imputados Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), y la actual edil del PP y ex presidenta de la EFM, Marina Sans.

Islas Canarias

En Canarias detacan especialmente el caso Faycán y el caso Catis. Entren los dos casos suman 25 imputados.

El caso Faycán estalló en julio de 2005 tras la denuncia de una empresaria del municipio, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

Desde entonces el número de i mputados asciende a 18, entre los que figuran empresarios relacionados con las constructoras Dragados, Mazotti y Cobra, empleados municipales, el interventor, Enrique Oorts, el ex asesor de Obras Públicas, Francisco Gordillo, y tres concejalas del consistorio.

Por otro lado, el caso Catis es una trama de corrupción que se lucraba entregando diplomas falsos de titulaciones. Así, un sindicato tapadera estuvo años ofertando cursos de dudosa validez. Expedía a un ritmo fabril diplomas acreditativos que luego puntuaban en procesos de selección, no solo para empresas privadas, sino también para acceder a un puesto en las administraciones públicas.

Castilla-León

Desde el año 2013, 78 casos de corrupción política se investigan en los juzgados de Castilla y León que afectan gravemente al Partido Popular. Entre los principales casos hay 2 imputados, el resto han sido ya juzgados.

Según los Papeles de Bárcenas, el alcalde de Burgos, condenado por corrupción, fue compensado por el partido con 190.000 euros.

Especialmente graves son también en Castilla y León los casos de corrupción ligados al urbanismo. Así, se conoce como Caso de la Ciudad del Golf a un proceso judicial con origen en la localidad de Las Navas del Marqués, España, y que se inició en 2006 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de esta localidad, en un terrero protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama.

Castilla La-Mancha

Se han encontrado numerosos vínculos entre los cabecillas de la trama Púnica con alcaldes populares en Castilla La-Mancha. Todavía 3 imputados en esta comunidad no han sido juzgados.

Por ejemplo, el alcalde de la localidad toledana de Carranque, Javier Martín, solicitó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que investigara si la privatización del servicio de alumbrado público que llevó a cabo la anterior Corporación del PP estaba vinculada a esa trama de corrupción.

Región de Murcia

Con 15 imputados actualmente, en Murcia destaca especialmente el caso Umbra. Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga delitos de malversación, blanqueo, cohecho y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio.

También están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.

Andalucía

El Caso Troya ha sido uno de los casos de corrupción más sonados en Andalucía cuando se habla del PP.

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron condenados por un delito de cohecho a sendas penas de un año de suspensión de empleo y cargo público, y a una multa de 200.000 euros.

La Audiencia malagueña consideró probado en un fallo judicial que ambos exigieron 122.000 euros a un empresario de la construcción para concederle una licencia de obras.

Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, está imputado por un presunto delito de prevaricación al contratar a dedo a un abogado al que pagó con dinero público más de 300.000 euros.

Por otro lado, la Operación Tosca consiste básicamente en una trama organizada entre políticos del PP, funcionarios y empresarios que adjudicaban obras a determinadas empresas presuntamente a cambio de 'prebendas' o puestos de trabajo para sus familiares. Hay 22 imputados en esta operación.

Comunidad Valenciana

En la actualidad, alrededor de 154 políticos del PP valenciano, con responsabilidad en el partido o en diversas administraciones, se han visto envueltos en diversas causas judiciales. Entre los imputados encontramos a expresidentes como José Luis Olivas, exconsellers como Rafael Blasco, expresidentes de Diputación como Carlos Fabra y exalcaldes como Sonia Castedo.

La trama Brugal es un caso en el que se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Alicante, España. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados.

Las garras de la trama Gürtel llegan también a Valencia, que incluye varias instrucciones: el caso de los trajes, la pieza separada del caso FITUR, por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez, y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

El 'caso de los trajes' supuso la investigación de la posible relación entre los regalos otorgados por las empresas de Francisco Correa y sus socios al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno.

Por otro lado, destaca el caso Emarsa, una depuradora valenciana de Pinedo donde se saquearon 24 millones de euros y por lo que se imputó a 25 personas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo de capitales. Entre los encausados se encuentra el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la diputación de Valencia, Enrique Crespo, para quien el juez pide 14 años de prisión.

Gürtel y Nóos son los casos de corrupción más graves que afectan a la Comunidad Valenciana pero tampoco son los únicos. Uno de los más sonados es el caso Cooperación sobre el desvío en beneficio de una trama mafiosa de ayudas de la Generalitat Valenciana al Tercer Mundo. Hay 27 imputados, entre ellos el exconseller de Cooperación y hombre fuerte del PP valenciano, Rafael Blasco, dos altos cargos de la Generalitat Valenciana y un empresario en prisión.

Por último, el caso Acuamed, enmarcado dentro de la llamada Operación Frontino, está en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y está abierta desde hace algo más de un año. El juez Velasco —el mismo que instruye el caso Púnica— investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, así como la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las adjudicatarias. Se indagan delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración.