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extradición

EEUU retoma el juicio de deportación del exministro salvadoreño García Merino

lainformacion.com

martes, 26/02/13 - 02:50

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El juicio para la deportación del exministro de Defensa de El Salvador José Guillermo García Merino se retomó hoy al norte de Miami (EE.UU.) con tres sesiones previstas esta semana para la declaración de los testigos más importantes.

Miami (EE.UU.), 25 feb.- El juicio para la deportación del exministro de Defensa de El Salvador José Guillermo García Merino se retomó hoy al norte de Miami (EE.UU.) con tres sesiones previstas esta semana para la declaración de los testigos más importantes.

"Una vez que pasen estos tres días de testimonios, el juez que lleva la causa (Michael Horn) tomará la decisión de si ordena su deportación o no. Esa decisión podría demorarse entre uno y tres meses", dijo hoy a Efe Ana Bernabéu, abogada del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA).

García Merino está acusado en su país de participar en actos de tortura y violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992). El CJA representa a varios salvadoreños que afirman que fueron víctimas de torturas.

Durante esta primera sesión se procedió al interrogatorio de uno de los testigos clave del Gobierno: la profesora de ciencias políticas de la Universidad de Standford Terry Karl.

Se le preguntó sobre la posibilidad de que García Merino no estuviera al corriente de lo ocurrido en la masacre de El Mozote, perpetrada por el Ejército en diciembre de 1981 y donde murieron cientos de personas. Para la experta, el acusado tenía medios suficientes para haberse conocido los detalles.

El pasado 10 de diciembre el exministro ya compareció ante el juez de Inmigración Michael Horn, acompañado por su esposa y su abogada defensora, Alina Cruz, para afrontar la petición de deportación solicitada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

A partir del martes será el turno de los testigos de la defensa, entre los que podría estar el del propio exministro. Una vez que hayan acabado esos testimonios, el juez tomará la decisión de si ordena o no su deportación. Según explicó Bernabéu: "También había la posibilidad de haberse buscado una condena penal, pero EE.UU. ha preferido la deportación".

En su opinión, este proceso es importante porque "el Gobierno se está apoyando en muchas pruebas, haciendo de estos casos algo de gran envergadura, lo que da a entender que EE.UU. quiere sentar un ejemplo claro: No se están dirigiendo, como siempre hacen, contra gente de poca monta, sino que están yendo contra las personas de más alto cargo que en este momento consta que están en este país".

"Creo que hay un compromiso por parte de la Administración Obama, que se ha visto muy tímidamente en los primeros cuatro años, con enfrentarse al hecho de que este país ha servido de cobijo, fruto de los compromisos políticos y económicos con la región de Latinoamérica", argumentó la abogada, quien recordó que este proceso se sigue en paralelo al del exmilitar Carlos Eugenio Vides Casanova.

"Es la primera vez que el Gobierno estadounidense ha decidido aplicar esta cláusula legal: Condenar, en este caso deportar, a altos mandos por haber ordenado y haber asistido a la tortura de civiles", explicó la abogada, quien opinó que supone un cambio de tendencia respecto a actitudes pasadas, en las que parecía "evitar enfrentar la responsabilidad ante altos mandos".

En ese sentido, celebró que "haya decidido dirigirse contra un exministro de Defensa que, además, era una persona muy próxima a la Administración Reagan y de mucha influencia".

El Departamento de Seguridad Nacional anunció en 2009 que iniciaría los trámites para que García Merino fuera enviado a la nación centroamericana, tras una solicitud del CJA.

El alegato de las autoridades estadounidenses está basado en la "participación del exministro ordenando, incitando, asistido o de algún otro modo participando en torturas y ejecuciones".

Un juez de Inmigración ya dictaminó en febrero del año pasado que había motivos suficientes para deportar a Vides Casanova, acusado también en El Salvador de participar en torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Los demandantes interpusieron la acción judicial bajo la llamada doctrina de mando de responsabilidad, ley que permite presentar demandas civiles contra los violadores de los derechos humanos en otros países y que se hayan refugiado en Estados Unidos.

(Agencia EFE)

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