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Gürtel.-Procesados un exvicepresidente y dos exconsejeras valencianas por la adjudicación de Fitur a Orange Market

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miércoles, 12/12/12 - 18:36

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El juez entiende que Rambla podría haber cometido delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación.
Gürtel.-Procesados un exvicepresidente y dos exconsejeras valencianas por la adjudicación de Fitur a Orange Market

El juez entiende que Rambla podría haber cometido delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación.

VALENCIA, 12 (EUROPA PRESS)

El magistrado José Ceres, encargado de instruir el conocido como 'caso Gürtel', ha acordado procesar al exvicepresidente del Consejo Vicente Rambla, a las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret, por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Todos ellos fueron altos cargos del gobierno de Francisco Camps.

El juez ha dictado esta resolución, contra la que cabe recurso, en referencia a una de las tres piezas que obran dentro del procedimiento, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market. Las otras dos piezas son: la relativa al presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas del año 2007; y la del supuesto delito de falsedad del año 2008 que puede estar relacionado con las elecciones generales del mismo ejercicio.

El magistrado, en un auto con 153 páginas, analiza año por año las adjudicaciones a Orange Market S.L., empresa liderada por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'; Pablo Crespo, Francisco Correa y Cándido Herrero, considerados presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel'. También dedica un apartado a un almuerzo que tuvo lugar en la feria, y otro a presuntos regalos realizados a Martínez y a Such.

Tras este estudio, estima que hay suficientes indicios para procesar a Rambla, Martínez, Betoret, Such, Isaac Vidal (exjefe del área de Mercados y Comunicación de la AVT), Jorge Guarro (jefe del servicio de Promoción de la agencia) y Ana Grau (coordinadora de ferias en la AVT) como partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias y continuado de prevaricación. A Martínez y a Such también les atribuye un delito de cohecho pasivo; a Betoret, Vidal, Guarro y Grau, un delito continuado de malversación de caudales públicos; y a Grau y a Vidal, un delito de falsedad en documento oficial.

Asimismo, imputa a Francisco Bober (jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat) por un delito de prevaricación; y a Pérez, Crespo, Correa, Herrero, Isabel Jordán (exadministradora de varias empresas de la supuesta trama) y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades) como partícipes de un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y otro de falsedad en documento oficial. Además, a los tres primeros, les acusa de ser copartícipes de un delito continuado de cohecho activo.

SOBRESEE LA CAUSA CONTRA LA CESADA IBARS

Por otro lado, el magistrado acuerda sobreseer la causa contra Dora Ibars (directora general de Promoción Institucional en Presidencia hasta el pasado 26 de octubre), José Luis Izquierdo (excontable de las empresas de Correa), Mercedes Orts y Rocío Perea (extrabajadoras de Orange Market) y José María Casas (exjefe de Contratación de la AVT).

El juez, que da por concluida la fase de instrucción, entiende que de la investigación se evidencia un "propósito de favorecimiento" en la adjudicación de los concursos de Fitur 2005 a 2009 a Orange Market, y todo ello mediante la creación y correlativa aplicación 'ad hoc' dentro de los pliegos de contratación.

El magistrado tiene en cuenta que se hizo una "drástica alteración" en los pliegos, en relación con los existentes hasta antes de 2005, "primando una descripción de criterios con amplias dosis de ambigüedad e indefinición en los denominados criterios subjetivos". Este hecho permitió --agrega-- que se pudieran dar adjudicaciones a Orange Market, entidad que acababa de constituirse a finales de 2003 y que carecía de una experiencia contrastada en este tipo de certámenes feriales, "máxime con el importante presupuesto que conllevan".

Así, --señala-- existió un "abanico y pluralidad de irregularidades" en la contratación administrativa y en la facturación; y el desarrollo de relaciones personales "no habituales" entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades relacionadas, directa o indirectamente, con la contratación.

PRINCIPALES AUTORIDADES IMPUTADAS

El magistrado procesa a Betoret y a Milagrosa Martínez por las adjudicaciones de 2005 a 2007. Respecto al primero, quien ocupaba el cargo de director de la AVT, el magistrado entiende, tras la declaración de numerosos técnicos, que no solo conocía los pliegos, si no que era quien indicaba cada año las alteraciones que afectaban a criterios de adjudicación.

Así, considera que Betoret ha tenido un "singular protagonismo" e "intervención causal" en las adjudicaciones de los expedientes de contratación de Fitur de este periodo, así como en las llevadas a cabo sin expediente administrativo alguno, y en las anomalías en la facturación.

Por su parte, estima que Martínez, quien presidía la AVT y, a su vez, era consejera de Turismo, tiene "responsabilidad" por haber dictado las resoluciones de adjudicación de los concursos de Fitur de 2005 a 2007 en favor de Orange Market. Indica que no puede invocarse ausencia de conocimiento, dirección, intervención o participación en el resultado de la adjudicación ni de la redacción de los criterios de adjudicación que elaboraron los técnicos porque éstos apuntaban a que recibían instrucciones de la "dirección", es decir, de la propia Martínez.

Por otro lado, el juez procesa a Such por las adjudicaciones en los años 2008 y 2009, ya que en ese periodo era consejera de Turismo, en sustitución de Martínez. Señala que podía existir un conocimiento y asunción, participación o indicación por parte de Such, en el sentido de que tras haber sido informada por los técnicos, los concursos seguían conteniendo los criterios de adjudicación en los pliegos que fueron alterados en 2005.

A Rambla le procesa en base a las conclusiones y averiguaciones policiales, en las que se hacía referencia a su posible participación en las adjudicaciones a Fitur, o su control. Así, el magistrado entiende que Rambla podría haber intervenido o indicado, de algún modo, en que se produjeran o facilitaran las "anómalas" adjudicaciones.

REGALOS

El magistrado tiene en cuenta un informe policial, derivado de la documentación intervenida en varios domicilios y entidades, en el que se indica que Martínez y Such pudieron haber recibido regalos de la trama. En concreto, indica que se intervino un listado en el que constaba "expresamente" la compra de un reloj para Martínez por 2.400 euros, y luego varias fotografías en las que ella aparecía con el mismo.

Asimismo, tal y como se desprende de una conversación telefónica, Such también pudo haber recibido un reloj. En la misma, Pérez le comentaba a Herrero que compró un regalo a la anterior consellera (Martínez) y que pensaba que también debía de realizárselo a Such, porque "ésta se porta muy bien conmigo, sabes", le dijo.

EN LAS CORTES

Tanto Vicente Rambla como Martínez y Such son diputados del PP en las Cortes Valencianas. El pasado 5 de octubre, el Comité Ejecutivo Regional del PPCV aprobó la propuesta del presidente del partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, de apartar a los diputados vinculados con casos de corrupción de los cargos que mantenían en el grupo parlamentario.

Esto implicó la salida de la dirección del grupo parlamentario de Angélica Such --que formaba parte de la Mesa de las Cortes como secretaria primera-- y de Vicente Rambla (coordinador de economía), imputados en la 'trama Gürtel'. Afectó a los diputados David Serra (portavoz adjunto) y Ricardo Costa, que era secretario general del grupo parlamentario, relacionados con otra parte de la investigación relativa a la presunta financiación irregular del partido y al del delito electoral.

(EuropaPress)

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