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jueves, 21/08/14 - 22: 44 h

policía y justicia

Hay 1.661 casos de corrupción abiertos en España y los jueces no tienen manos para todos

lainformacion.com

jueves, 25/04/13 - 13:20

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  • Son 798 los juzgados y tribunales españoles que investigan los 1.661 casos de corrupción.
  • El CGPJ ha identificado provisionalmente la necesidad de 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios de otros tipos.
El CGPJ discute hoy un informe crítico con la reforma del régimen retributivo de los jueces

Un informe del órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha detectado que son 798 los juzgados y tribunales españoles que investigan los 1.661 casos de corrupción abiertos actualmente, y ha señalado que muchos de estos juzgados necesitan un refuerzo.

A estas investigaciones relacionadas con la corrupción se suman otras, no directamente relacionadas con delitos como prevaricación, cohecho o malversación (los propios de la corrupción), pero sí de especial complejidad, hasta sumar un total de 2.173 causas de este tipo, todas ellas están en manos de los citados 798 juzgados.

Para investigar todos estos asuntos, el servicio de inspección del CGPJ ha identificado provisionalmente la necesidad de 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios de otros tipos.

Así lo ha explicado hoy la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa sobre el citado informe provisional.

Bravo ha concretado que el CGPJ, en todo caso, "nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo", sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.

Junto a estas necesidades de los tribunales, el servicio de inspección del CGPJ ha detectado que una parte importante en la responsabilidad de los retrasos en investigaciones de la corrupción podría corresponder a las unidades policiales especializadas (Unidad de Delitos Económicos y Financieros y Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) y a la Agencia Tributaria.

En este mismo sentido, entre las peticiones que propone la inspección están la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción.

La portavoz ha explicado en rueda de prensa el informe que el órgano de gobierno de los jueces ha elaborado para determinar las necesidades de los juzgados y tribunales que investigan casos relacionadas la corrupción política o financiera.

El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha presentado dicho informe en la reunión que el pleno de este órgano ha celebrado esta mañana con este asunto en el orden del día.

"Se trata de un informe del Servicio de Inspección, realizado en colaboración y con información de audiencias, decanatos y tribunales superiores de justicia que ha detectado 798 órganos jurisdiccionales de distintas categorías que tramitan estos asuntos de especial complejidad, todos los cuales representan el 0,03% del total de asuntos penales actualmente en tramitación", ha señalado Bravo.

Los casos vinculados con la corrupción son los relativos a delitos como prevaricación, blanqueo o receptación de capitales, malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros. A estos se suman otros, de especial complejidad.

Así, hay un total de 302 macro-procesos relativos a la corrupción y otros 512 macro-procesos que no están directamente relacionados con ella pero son complejos (como serían casos de narcotráfico a gran escala o la investigación de casos como el Madrid Arena y otros similares).

Por Comunidades Autónomas, Andalucía encabeza la lista de las más afectadas por estos casos, con 656 sumarios de este tipo o vistos para juicio. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 280; Cataluña, con 215; y Madrid, con 110.

Se trata de asuntos que, en su mayoría, están siendo investigados judicialmente, es decir, están en trámite, aunque una minoría está ya pendiente de juicio. La estadística no incluye al Tribunal Supremo.

El informe, que deberá ser completado, persigue, según Bravo, que los ciudadanos vean que las causas contra la corrupción "no mueren en un limbo" sino que acaban en un porcentaje importante en sentencias condenatorias.

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