El Supremo pide que la Guardia Civil investigue los ingresos de Garzón por el caso de la Universidad de Nueva York

9/09/2010 13:32 | C. Ibáñez

El auto considera que es necesario el informe de la Guardia Civil, que se recibirá como pieza separada para mantener el secreto a las partes, al observar "imprecisiones" en la declaración de Baltasar Garzón. El juez instructor del caso cree que es "razonable" concluir que el propio Garzón impartió instrucciones "precisas" para "silenciar toda mención a un pago complementario" para financiar la estancia y escolarización de su hija.

Garzón asegura que no recibió "ni un céntimo más de lo estipulado por la Universidad de Nueva York"

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El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón por el dinero que supuestamente recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el origen de los ingresos del magistrado en ese periodo.

En un auto notificado este jueves, el magistrado Manuel Marchena afirma que es "razonable" la conclusión de que fue "el propio imputado el que impartió las instrucciones precisas para silenciar toda mención a un pago complementario de significación jurídica", en relación a "una relevante aportación dineraria" por parte de la universidad que permitió a Garzón "financiar la estancia y escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas".

Por ello, Marchena pide un informe "acerca del origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006 que no se correspondan con las cantidades abonadas en concepto de nómina por su condición de magistrado de la Audiencia Nacional". Este informe es necesario para precisar "el importe exacto de las cantidades que la Universidad de Nueva York realmente llegó a abonar a Garzón".

El instructor dice que la adopción de esta medida queda respaldada por "las imprecisiones observadas en la declaración del imputado", así como por las "omisiones" de algunos documentos y la "sobrevenida aparición de cantidades inicialmente no mencionadas en las certificaciones oficiales expedidas por la Universidad de Nueva York".

Según el auto de Marchena, "ha quedado acreditado, además, que algunas de esas cuantías, en principio silenciadas, sirvieron para incrementar el patrimonio de las más estrechas colaboradoras del imputado en la organización de las dos series de conferencias Laura Turégano y María del Bernabé".

Por ello, Marchena afirma que es "indispensable esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas por Baltasar Garzón".

En este sentido, en el auto se detalla que una de las certificaciones enviadas por la Universidad de Nueva York "ocultó al Tribunal Supremo la existencia de una relevante aportación dineraria que permitió a Garzón financiar la estancia y escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas". Así, el auto señala que en un principio la universidad "enmascaró la realidad de una retribución que tuvo como beneficiaria a la hija del imputado y que llegó a ascender a 21.650 dólares".

Concretar las cantidades de dinero

Marchena considera "más que relevante" para la investigación poder "determinar las cantidades realmente ingresadas por el imputado, la concreción de su origen, de la fecha en que fueron abonadas y del medio de pago mediante el que se instrumentaron".

En este sentido, cree que esta medida de "injerencia" es necesaria ante "la ausencia, por parte de las entidades que asumieron los patrocinios, de cualquier medida de control, justificación o fiscalización del gasto respecto de las cantidades finalmente ingresadas por la Universidad de Nueva York", aunque ello suponga el "sacrificio de su derecho a la intimidad".

Por último, el auto publicado este jueves establece que el informe que elaborará la Guardia Civil se entregará en "pieza aparte y sobre cerrado, sin permitir fotocopias ni testimonios", aunque se podrá autorizar a las partes a un examen visual de los documentos a través de una "petición razonada".