El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia el auto en el que el juez Santiago Pedraz archivó la causa abierta a los promotores del 25S, por si fuera objeto de recurso y entendiera que es contrario a su posición desde un punto de vista jurídico.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia el auto en el que el juez Santiago Pedraz archivó la causa abierta a los promotores del 25S, por si fuera objeto de recurso y entendiera que es contrario a su posición desde un punto de vista jurídico.
Torres-Dulce, en declaraciones a los periodistas hoy en Logroño, ha añadido que puede que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestre conforme con este auto y no lo recurra o que, por el contrario, inicie un recurso si viera "alguna discrepancia en cuanto a la interpretación jurídica de los hechos de las pruebas practicadas y de fondo".
"No hay tomada ninguna decisión y cuando (la Fiscalía de la Audiencia Nacional) la adopte, me la comunicará", ha precisado Torres-Dulce tras reunirse en Logroño con los miembros de la Fiscalía de La Rioja y con el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz.
El fiscal general ha asegurado que con el respeto que le merece Pedraz y la institución a la que pertenece comparte las "decisiones de fondo jurídicas" que ha emitido en el auto, pero "no algunas de las observaciones de carácter no estrictamente jurídico".
Torres-Dulce ha añadido que "las decisiones de los tribunales de justicia hay que respetarlas y acatarlas, no solamente de boquilla", ya que cree que "en eso se basa el Estado de Derecho y la división de poderes, que son ejes absolutos y constantes de la convivencia democrática".
"Si empezamos a deslegitimar a las instituciones, vamos a crear un verdadero problema respecto a la no credibilidad del Estado de Derecho, la convivencia democrática y la proyección de la imagen de España como país moderno", ha puntualizado Torres-Dulce.
También ha indicado que "la crítica a las decisiones de los tribunales forma parte de la cultura democrática, como la crítica a la actuación del Ministerio Fiscal", siempre que "no desborden, lógicamente, los terrenos de debido respeto institucional".
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