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justicia y derechos

El Gobierno tendrá a finales de febrero las primeras medidas del plan de regeneración democrática y transparencia

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lunes, 21/01/13 - 20:41

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El objetivo de esta estrategia en la que trabaja el CEPC es mejorar la imagen de la clase política y acercarla al ciudadano

El objetivo de esta estrategia en la que trabaja el CEPC es mejorar la imagen de la clase política y acercarla al ciudadano

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá encima de la mesa a finales de febrero las primeras medidas del plan de regeneración democrática en el que está trabajando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) para mejorar la imagen de la clase política, impulsar la transparencia y el Gobierno 'abierto', y fomentar la participación ciudadana en la tramitación de las leyes, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano.

En principio, el CEPC tiene previsto tener lista su estrategia de regeneración en mayo o junio, pero irá adelantando algunas medidas al Gobierno para ir avanzando. Además, muchas de esas iniciativas servirán de base para el pacto contra la corrupción que Mariano Rajoy propondrá a los demás partidos, una oferta que ha anunciado hoy en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP en medio de la polémica por el pago de supuestos sobresueldos a cargos del partido por parte del extesorero Luis Bárcenas.

El primer punto de este plan de regeneración es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha impulsado Sáenz de Santamaría. Precisamente esta misma semana se celebrarán en el Congreso las primeras comparecencias de expertos para ilustrar a los diputados en la tramitación parlamentaria de la norma.

MEJORAR LA IMAGEN DE LA CLASE POLÍTICA

En una reciente entrevista concedida a Europa Press, el director del CEPC, Benigno Pendás, explicó que el objetivo de esta estrategia de regeneración es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente". "Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", añadió, en un momento en que la clase política ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles.

Para fomentar la participación democrática, una de las propuestas en la que está trabajando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según precisó, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".

Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años". "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", dijo Pendás, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.

Además, el Gobierno apostará por "mejorar la calidad de las leyes" y por tener un ordenamiento "más claro y sencillo", según Pendás. Por eso, presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no".

El director del CEPC indicó a Europa Press que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos". "Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran", aclaró.

Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet.

(EuropaPress)

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