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Martes, 01/09/15 - 08:01 h

Justicia y derechos

Mercado más vivo

Sábado, 26 de enero del 2013 - 04:39

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El anteproyecto de la ley que garantice la unidad de mercado en España recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros dando paso a las consultas institucionales que contribuyan a perfeccionar su articulado. La iniciativa responde a una necesidad evidente: la simplificación de los trámites administrativos precisos para regularizar la actividad productiva y de servicios. Pero ni su impulso ni sus expectativas deberían rendirse a las menciones más exageradas que se han hecho al respecto de la diversidad normativa y de su incidencia sobre la economía real. La asunción de la licencia obtenida por una empresa, un producto o un servicio en una determinada comunidad autónoma como garantía suficiente para operar en el conjunto de España es la mejor muestra de que ninguna administración territorial implanta reglas arbitrarias que entorpezcan la actividad empresarial. De ahí que el anteproyecto obligue a la revisión de la diversidad de normas que rigen en el mercado español, comprometiendo ineludiblemente la legislación estatal y su desarrollo. Porque no es la existencia de 17 marcos autonómicos, junto a una infinidad de requisitos locales, lo que ralentiza la actividad económica. La uniformidad normativa tampoco sería solución si las cláusulas comunes no se adecuan a la celeridad que requiere la economía en la globalización. En cualquier caso el Estado tiene la obligación de facilitar la creación de empresas, la producción de bienes y servicios y su comercialización conciliándolos con los demás intereses generales de la sociedad. La mera formalización de una sociedad mercantil genera economía pero, sin obstaculizar tal iniciativa, las normas deben servir para garantizar su solidez. La distribución de productos y servicios ha de estar sujeta a las garantías que protejan el derecho de los consumidores y fomenten la calidad de los bienes ofertados. Del mismo modo que la nueva ley contempla la posibilidad de impugnar cualquier normativa que dificulte operar en el mercado único español ante la autoridad central prevista para ello -el Consejo para la Unidad de Mercado-, es imprescindible que la evolución de las leyes y reglamentos autonómicos preserve sus aspectos más positivos como regulación a compartir. La propia idea matriz de la licencia única y de la legislación de origen invitaría a revisar las exigencias lingüísticas de las autonomías con lengua propia.

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