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Entrevista / Mariano Rajoy: «La salida del Estatut es cumplir la Ley»

30/11/2009  | Leer articulo completo en www.larazon.es

Rajoy está en un buen momento y se le nota. El ejercicio de autoridad dentro de su partido le ha ayudado a dar la vuelta a la noria de la política. Las encuestas soplan a su favor; lo que hace varias semanas parecía un gallinero desordenado es hoy un partido que quiere presumir de disciplina y unidad, y la gestión del Gobierno sigue facilitándole el camino en la oposición. Su discurso más contundente lo reserva para la economía, para el «Alakrana» o Sitel. Pero siempre mirando bien por dónde pisa, cuidando los acentos, especialmente cuando afectan a Cataluña, y sometiendo toda su acción política al principio de que el objetivo es ampliar su base electoral. «Para cambiar las cosas hay que gobernar. Y hablar y opinar es muy fácil, pero cuando se asume la responsabilidad de promover una reforma hay que tener presentes las consecuencias». La conversación confirma que hoy, «por responsabilidad», no hay margen para el pacto económico con Rodríguez Zapatero, y que no será él quien haga declaraciones que rompan la estabilidad impuesta en el PP.-¿Qué valoración le merece la actitud de la clase política y de los medios de comunicación catalanes ante las deliberaciones del TC sobre el Estatuto de Cataluña? -Las reglas de juego deben cumplirse. El Tribunal Constitucional  forma parte de las reglas de juego porque así se ha decidido en las Cortes Generales y así lo han querido los españoles. Yo siempre defenderé que se respeten las reglas de juego y que se acaten, gusten o no. Y haré pedagogía en ese sentido.-¿Dónde está la raíz del problema? ¿Hay demasiada sumisión de los políticos y de la Prensa catalana a los fundamentos nacionalistas? -El problema es que Rodríguez Zapatero no calculó bien las consecuencias de promover una reforma del Estatuto de Cataluña y de proclamar que aceptaría lo que le enviase el Parlamento catalán. Él es el responsable de haber generado frustración y de los problemas para los que ahora no tiene solución. La única salida del lío al que nos ha llevado es el respeto a las reglas de juego y a lo que digan los tribunales. Todo lo demás es muy peligroso. -Destacados miembros del Gobierno, empezando por el ministro de Justicia, mantienen que el Estatuto es constitucional. -No es ningún ministro quien debe decir eso, sino el Tribunal Constitucional, y lleva tres años discutiéndolo; es más, que el ministro se adelante a decir eso en plena deliberación me parece, como poco, una intromisión inaceptable. Quien más obligado está a cumplir la ley y a hacer pedagogía de la ley son las personas que representan a los ciudadanos, empezando por el Gobierno de España y el resto de dirigentes políticos. Si ellos no lo hacen, mal asunto, pero yo defenderé siempre las reglas de juego. Hay un poder Ejecutivo, un Legislativo y un tribunal que vela por la adecuación de las leyes a la Constitución. -La politización del Tribunal Constitucional está dañando mucho su imagen, hasta el punto de servir de coartada a los nacionalistas para deslegitimarlo. Los dos principales partidos deberían hacer alguna autocrítica por la situación en la que se encuentra el Alto Tribunal, ¿no? -Los nacionalistas apoyaron en su día la existencia del tribunal, sus funciones y la forma de elegirlo. Tú no puedes apoyar unas reglas de juego y luego decir que ya no valen porque en un momento dado no te benefician. En democracia la solución siempre está en las leyes y la ley dice que el TC, el que sea en cada momento, es el que tiene que resolver problemas como éste. -¿Ha mantenido recientemente alguna conversación con el presidente del Gobierno para intentar desbloquear su renovación? -No. Sólo hablé con él de este tema al inicio de la Legislatura, cuando negociamos la renovación del CGPJ. Entonces yo le planteé también la renovación del TC y él me contestó que ya hablaríamos. Y hasta hoy.  -Entonces, hasta que no haya sentencia no habrá novedades. -No lo sé. Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad y hemos presentado nuestros candidatos en el Senado. -CiU, en competencia con ERC, está prácticamente llamando a la desobediencia civil contra una sentencia del TC que rebaje el Estatuto. ¿Usted no ve esa actitud como un obstáculo para un posible pacto de gobierno? -Los pactos los van a determinar los resultados electorales y los programas de gobierno. Eso es lo que ha ocurrido en el País Vasco. -¿Y hay realmente alguna posibilidad de que esos resultados electorales y programas pueden abrir la puerta a un acuerdo del PP incluso con el PSC? -Todo depende de los números y de los programas. -¿Ha valorado la posibilidad de que la moderación de su discurso en relación al Estatuto de Cataluña esté defraudando a algunos españoles que colaboraron en su campaña de recogida de firmas contra esa reforma? -Hicimos entonces y hacemos ahora lo que creemos mejor para España y para Cataluña. Estamos a favor de un Estatuto constitucional, creemos que es posible y que eso es lo que quieren los españoles y la mayoría de catalanes. Es nuestra misma posición en la Legislatura pasada y en ésta. -Hay quien piensa que la Constitución ha sido superada y es papel mojado. ¿Llega el momento de afrontar aquella reforma constitucional para reforzar al Estado que abanderó usted en la pasada Legislatura? -La reforma constitucional requiere de grandes acuerdos. La puede proponer un partido con un solo diputado, pero sólo se puede llevar a cabo con el consenso de la gran mayoría. No hay ningún país serio en el que se redacten constituciones sólo con el aval de la mayoría simple. Yo no soy partidario de plantear cambios porque sí. Hay que tener muy claro qué hay que hacer y con qué apoyos se cuenta. Es fácil opinar y hablar, pero cuando se asume la responsabilidad de promover una reforma hay que tener presentes las consecuencias de tus actos y saber a dónde te puede llevar abrir ese melón. -¿Cuál es hoy su propuesta para fortalecer la idea de España? -Llevamos treinta años sometidos al debate de la cesión de competencias a las comunidades autónomas. Mientras que Europa sigue un proceso contrario, cada vez hay más normas comunes, la política monetaria es conjunta, aquí nos hemos empeñado en ir por otro camino. El futuro debe pasar por buscar instrumentos para reforzar la cooperación y por aumentar la eficacia a la hora de resolver los problemas a los ciudadanos. -¿Pero cómo se embridan ahora las exigencias autonómicas sin tocar la Carta Magna? -Con un esfuerzo de cooperación y tomando decisiones en función de lo que se puede hacer en cada momento. Mi principal objetivo es crear un ambiente proclive a la cooperación. -Otro tema que sigue siendo polémico es el secuestro del «Alakrana». El PP ha presentado una enmienda a la totalidad a la gestión del Gobierno. ¿Pero usted qué habría hecho? ¿No habría pagado el rescate? ¿Habría dado la orden de capturar a los piratas vivos o muertos, una vez liberados los tripulantes? -Como en tantas cosas de la vida, prevenir es mejor que curar. Estaba el precedente del «Playa de Bakio» y después de ese secuestro se registraron hasta 20 iniciativas en el Congreso advirtiendo al Gobierno de que se podía volver a repetir. Al final, como siempre, el problema ha sido la falta de previsión de Rodríguez Zapatero y su atolondramiento. Es incapaz de medir las consecuencias de sus decisiones. -Pero una vez presentado el problema, ¿cabía otra opción? -El presidente del Gobierno no ha ofrecido ninguna información sobre cuál era la situación y eso hace muy complicado que yo pueda hablar de las opciones que había. -Sin embargo, sí que ha criticado muy duramente su gestión. -Lo hemos criticado desde el PP y desde el resto de fuerzas del arco parlamentario; en este asunto el consenso ha sido amplísimo. -¿El modelo francés, severa aplicación de la fuerza, es el camino para no dar incentivos que animen a los piratas a volver a intentarlo con un barco español? -En democracia la fuerza se aplica siempre con límites, con justificación y con responsabilidad y le recuerdo que la principal misión de un Estado es proteger la seguridad de sus ciudadanos. El secuestro del «Alakrana» e incidentes como los ocurridos en Gibraltar confirman que este Gobierno ha flojeado notablemente a la hora de defender los intereses nacionales. -Con los marineros ya a salvo, ¿sería conveniente abrir debates como el de la responsabilidad de los armadores o la situación de los barcos que faenan sin llevar la bandera española? -Mientras cumplan la ley no se puede prohibir a nadie que faene. La pesca es un sector muy importante y el Gobierno, además de preocuparse por lo que le sucede a nuestras empresas en Latinoamérica o en otros países, también tiene que vigilar lo que ocurre en otros lugares como Somalia. -Queda por saber cuál es el futuro de los dos piratas detenidos y bajo jurisdicción española. El Gobierno no ha cerrado aún tajantemente la puerta a la vía del indulto. -A esos dos piratas hay que aplicarles la Ley y el secuestro no es un delito menor. Si el Gobierno quisiera indultarlos, que no lo sé, tendría muy difícil explicar por qué lo hace. -¿Está dispuesto a buscar el acuerdo con el PSOE sobre el proyecto de ley de economía sostenible? -Rodríguez Zapatero planteó por primera vez esta iniciativa el pasado 12 de mayo, con ocasión del Debate del Estado de la Nación. Y más de medio año después seguimos igual que estábamos. Creo que es una especie de cajón de sastre, una especie de ley de acompañamiento en la que se incluyen normas aprobadas en el Debate de la Nación, regulaciones de asuntos que ya forman parte de otras leyes... El problema de la ley no es lo que dice, sino lo mucho que le falta. A estas alturas Rodríguez Zapatero ya debería haber aprendido que con marketing y propaganda no se sale de la crisis, sólo es posible salir con reformas profundas y él no ha hecho ninguna. Esta ley es otro señuelo para distraer la atención y no hacer lo importante. -¿Y qué es lo importante? -Hay que cambiar por completo la actual política económica. Hay que hacer un esfuerzo de austeridad y de control del déficit público y de la deuda, que es lo que están pidiendo todos los organismos internacionales. Hay que resolver el problema de la falta de crédito y hay que hacer reformas estructurales, sobre todo en el mercado laboral. -El Gobierno ya ha empezado a hablar de reforma laboral a la alemana. ¿Es un primer paso? -El modelo alemán ya está funcionando en cierta manera aquí en España. Y además, esa propuesta es puramente defensiva, cuando lo que necesitamos son políticas activas para crear empleo. ¿Cuánto tiempo puede estar un contribuyente sufragando una parte  del sueldo de otro trabajador? En la crisis el Gobierno siempre ha ido a la defensiva y ha adoptado medidas paliativas. Nunca ha sido capaz de tomar una decisión, ni de hacer un plan, ni de plantear reformas para generar riqueza. -¿Está de acuerdo con quienes dicen que el problema de España es que se ha convertido en un país de subvencionados? -En los Presupuestos de 2010 la primera partida es la destinada a cubrir el seguro de desempleo y la segunda es la del pago de intereses de la deuda. El Presupuesto sube un 17 por ciento, y el de inversiones baja un 10 por ciento. Nos hemos convertido en un país que se endeuda más, que aumenta su gasto corriente y que cada vez apuesta menos por la inversión productiva. Justo lo contrario de lo que hay que hacer. -¿Por qué todavía sigue pendiente la reestructuración del sistema financiero? ¿La solución para el problema de las cajas es promover una reforma que recorte su control por los poderes autonómicos y refuerce la capacidad de actuación del Banco de España? -Lo más urgente es la reestructuración del sistema sobre la base de crear entidades solventes y que cumplan su función. Para eso hacen falta fusiones. Otro tema distinto es el de la naturaleza jurídica de las cajas. Es un debate que habrá que abrir necesariamente en poco tiempo. -Y en ese debate sobre la naturaleza jurídica de las cajas, ¿cuál es la posición del PP? -Las cajas han funcionado bien en muchas cosas. Han estado muy pegadas al territorio y han permitido que surgieran proyectos industriales que han generado bienestar. Hay que ver ahora cómo evolucionan las cosas a nivel mundial. Y sería bueno plantear el debate sin una posición dogmática. -Al final, la imagen que ha quedado es la de que usted ha impuesto a Rodrigo Rato en la Presidencia de Caja Madrid. Eso ayuda poco a la despolitización. -Yo no he nombrado a nadie. Hay una Ley de Cajas que es la que es. Y hay una asamblea general que elige al consejo y al presidente de la entidad. Hay un debate pendiente sobre la despolitización de las cajas y ya llegará el momento de afrontarlo. Dicho todo esto, se me ocurren pocos candidatos mejores que Rato para presidir Caja Madrid, y creo que en ese asunto también existe un amplio consenso, más allá de la posición del PP. -¿Una posible salida es la de la privatización, como plantea el ex presidente del Gobierno José María Aznar? -Ya le he dicho que ése es el debate del futuro. Hoy la urgencia es que las cajas recuperen la solvencia y haya crédito. -¿Se alegrará si se cumplen los pronósticos que vaticinan que a partir del segundo trimestre del año que viene empezarán a verse de verdad signos de recuperación económica? -Ojalá hubieran empezado a verse ya hace mucho tiempo. Pero nuestro problema no es cuándo vamos a tocar suelo, sino qué hay que hacer para no quedarnos en el suelo durante mucho tiempo. -¿Tan difícil es ponerse de acuerdo en alguna medida económica con el PSOE? ¿Tanto pesan los intereses partidistas de unos y de otros? -Rodríguez Zapatero confía en que se produzca un milagro económico y en que la recuperación mundial le solucione la papeleta. Entretanto, su única política económica es gastar un dineral para que la gente esté tranquila. En un sistema democrático hay un partido que gobierna y otro que controla al Gobierno, salvo circunstancias excepcionales, como ha ocurrido en Alemania. Nosotros hemos apoyado al Gobierno en lo que nos parecía más urgente, que es la reforma del sistema financiero. Pero de la misma manera le digo que si hoy apoyase la actual política económica estaría haciendo un pésimo servicio a mi país. Y a la oposición no se le puede pedir que respalde actuaciones que perjudican gravemente los intereses de su país, porque es tanto como exigirle que desaparezca o que no exista. -A quienes sí han respaldado es a los miles de agricultores que se echaron a la calle contra el Gobierno hace una semana en defensa de su sector. -Es una protesta que se veía venir porque los agricultores españoles han perdido una cuarta parte de su renta en los últimos tiempos y se sienten completamente abandonados por un Gobierno que, por no tener, no tiene ni Ministerio de Agricultura. En la cacareada ley de economía sostenible no hay ni una línea dedicada al campo; ésta es la prueba de lo que le importa a este Gobierno. El campo es estratégico para España y le hemos exigido al Gobierno que haga de este sector una de sus prioridades durante la Presidencia española de la Unión. Si no, del único campo que se hablará en Europa será del campo francés. -Esta pasada semana se celebró también el primer debate en el Congreso de la nueva Ley del Aborto. La ministra Bibiana Aído entreabrió la puerta a buscar el acuerdo en puntos polémicos como el de las menores de 16 años. ¿Aun así llevarán la ley al Constitucional? -Lo primero que hay que decir sobre esta cuestión es que se trata de un formidable fraude político porque el PSOE no llevó este asunto en su programa electoral, en su día lo descartó expresamente. Si finalmente se aprueba la ley de plazos, la recurriremos ante el Constitucional, que en su día ya estableció la necesidad de proteger la vida del feto. Además, vamos a dar la batalla por la protección de la maternidad. Es preciso ayudar a las mujeres para que no se vean abocadas a pasar por un trance tan dramático como el aborto. Tenemos que ofrecerles alternativas, ayuda y protección. Es una ley que contempla actuaciones en todos los ámbitos, en lo económico, en lo laboral, en lo social y, si me apura, hasta en lo cultural. -¿Usted se siente espiado? -Se ha generado una polémica que está más que justificada, porque el Gobierno se ha empecinado en incumplir el mandato de que sea una ley orgánica la que regule un sistema de escuchas que afecta a los derechos y a las libertades fundamentales. Un sistema democrático debe buscar un equilibrio entre la seguridad y la libertad del individuo. No se está pidiendo que se dejen de utilizar todos los instrumentos legales al alcance para perseguir el crimen, sino que se usen con las máximas garantías para preservar el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos. -¿Cree que este Gobierno ha hecho escuchas ilegales? -Yo he visto publicadas cosas que no existen en ningún sumario judicial . Y supongo que si es así es porque no tienen autorización judicial. Por eso lo hemos denunciado ante los tribunales. He leído, por ejemplo, conversaciones en las que se aludía a la alcaldesa de Valencia, o de un dirigente de mi partido con su abogado. Ninguna de ellas forma parte de un sumario y alguien las ha tenido que hacer. -¿Por orden del ministro  Rubalcaba? -A diferencia de la pasada Legislatura, Rubalcaba está haciendo una buena política antiterrorista. Pero en el Ministerio del Interior hay que ocuparse de muchas cosas más además de luchar contra ETA. A Rubalcaba no le ocupa la seguridad ciudadana, ni tampoco la inmigración ilegal. Interior tiene otras responsabilidades y no debe dedicarse a hacer política y a generar trifulcas con la oposición. El ministro del Interior debe generar confianza y no sospechas. -Sembrar dudas sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado también puede ser peligroso, ¿no? -Yo he sido ministro del Interior, fíjese si defiendo a las Fuerzas de Seguridad,  pero cuando yo dirigí ese Ministerio, como cuando lo hicieron Jaime Mayor o Ángel Acebes, jamás tuvimos escándalos como los de ahora. No había filtraciones, no había detenciones televisadas, no se grababa a los presos con sus abogados salvo casos excepcionales. Hemos pedido una ley orgánica y claridad, que se expliquen las cosas y que se diga la verdad. La opacidad y la falta de transparencia provocan dudas. La democracia es un régimen de transparencia y defender eso no hace ningún daño.La corrupción -¿Cree que puede haber motivos para solicitar la anulación de las actuaciones en el «caso Gürtel»?-Eso tendrán que decidirlo los abogados. Yo no lo soy. -Y como político, ¿acusa al Gobierno de haber manipulado con interés político el «caso Gürtel»?-No tengo la más mínima duda. Ha habido juicios paralelos, filtraciones de sumarios declarados secretos, filtraciones de actuaciones policiales que ni siquiera estaban en el sumario... Durante mucho tiempo ha habido mucha gente en una situación de absoluta indefensión sin estar citados por ningún fiscal ni juez, y eso es muy grave. -«Siempre estaré detrás de ti o delante o a un lado». ¿Volvería a dedicarle esta frase a Francisco Camps? ¿Mantiene la misma confianza en él?-Por supuesto que sí. -Hay estudios que dicen que la corrupción no tiene coste para los partidos políticos.-Yo creo que sí la tiene. Pero también es verdad que es injusto criminalizar a toda la clase política. Según los datos que ofreció el fiscal general del Estado en el Congreso, sólo el 0,5 de las personas que se dedican a la política está bajo investigación. Es injusto y malo para España poner en tela de juicio a todos los políticos. Dicho esto, hay que ser más eficaces y más contundentes en la persecución de esta lacra. Por eso nosotros hemos propuesto un pacto a todos los partidos y aprobaremos un código que nos impondrá obligaciones que van más allá de lo que dice la ley. -¿Ve posible el acuerdo con el PSOE en base a su propuesta? -Sí. Creo que se puede hablar. Ya nos han manifestado su disposición a hacerlo.El partido -Después de su último ejercicio de autoridad, ¿no le temblará el pulso para dejar fuera de las listas electorales incluso a algún primer espada si saca los pies del tiesto?-Ahora no estoy preocupado por las listas ni nadie del partido está en eso. Todos somos conscientes de que la unidad es fundamental para llegar al Gobierno y la actitud general ha mejorado en las últimas fechas. Estoy muy contento por ello. -Hace unos meses, usted declaraba a este periódico que le gustaría que Aguirre repitiera como candidata a la Comunidad de Madrid. ¿Sigue deseando lo mismo?-Por supuesto. -Con un PP en paz, con buenas encuestas... Todo lleva a que haya un Congreso Nacional antes de las generales, ¿no?-No veo ninguna razón para que no lo haya. -¿Mantiene la misma ilusión que el primer día en su trabajo de oposición? -Más. Nunca pensé que fuera posible, pero así es. -Decía hace unos días que usted recibió un PP en la oposición... ¿Y qué ha hecho con él?-Dirigirlo, mantenerlo unido y defender su independencia en unos momentos de extraordinaria dificultad. Colocarlo por encima del PSOE en las encuestas y ganar las elecciones que se han celebrado este año. Hemos recuperado Galicia y hemos sido el tercer partido más votado de los 27 países de Europa. Hoy este partido es la única alternativa al PSOE. Tiene un proyecto definido y que mantenemos en continuo proceso de actualización. - ¿Qué valoración hace de la Convención que ha celebrado hace unos días en Barcelona?-Ha sido un gran éxito tanto por su organización como por su contenido. Nos hemos mostrado como somos: un partido abierto a la sociedad y deseoso de escuchar e incorporar a nuestro proyecto las propuestas de todo aquel que tenga algo que aportar al bienestar común. En buena medida hemos abierto el debate sobre los temas que van a centrar la agenda, no del próximo año, sino de la próxima década: las pensiones, la sostenibilidad del sistema de bienestar, la competitividad de la economía, la educación y los valores que queremos que conformen nuestra sociedad.

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