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La lucha contra la corrupción, tarea pendiente en la España de las crisis

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martes, 26/02/13 - 08:58

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Esade augura que la mejora en los datos económicos tardará en llegar a los ciudadanos.

MADRID (Reuters) - Sin apenas margen de maniobra mientras trata de gestionar la profunda recesión que sufre España, el Gobierno ha visto cómo le estallaba en plena cara un escándalo de corrupción que añade una nueva dolencia a la salud del país y pone en evidencia los recursos para combatir las malas prácticas políticas.

La investigación al ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por supuestos pagos ocultos en el seno de la formación en el Gobierno, o el caso Nóos, que ha alcanzado a la Casa Real con la imputación del yerno del Rey, han puesto sobre la mesa la necesidad de dotar al Estado de mayor transparencia y de herramientas contundentes para prevenir y castigar la corrupción.

Con un 26 por ciento de los españoles desempleados y una economía maltrecha, los recientes escándalos han situado novedosamente la corrupción entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, por detrás de la situación económica y el paro, según la última encuesta del CIS, de enero pasado.

La ciudadanía asiste entre indignada y asombrada a una sucesión de noticias sobre supuestos casos de corrupción que salpican fundamentalmente a la clase política, mientras desde el Gobierno se piden a los españoles cada vez más sacrificios para hacer frente a la crisis económica.

No sorprende por tanto que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, equiparara en importancia las iniciativas para luchar contra la corrupción y las medidas para fomentar crecimiento y empleo en su primer debate sobre el estado de nación como mandatario.

Rajoy se negó tajantemente a considerar que España tenga un problema de corrupción generalizada, pero no obstante anunció iniciativas para un mayor control sobre las cuentas y la gestión de los partidos políticos y un endurecimiento de las penas por delitos de corrupción, a la vez que pidió colaboración y propuestas al resto de grupos políticos de la Cámara.

Para Irene Lozano, uno de los cinco diputados con que cuenta la formación UPyD en el Congreso, la corrupción ha llegado a hacerse sistémica en España porque no existen los mecanismos legales para castigarla.

"No creo que los españoles seamos más corruptos que otros, pero lo que han hecho otros es dotar al sistema legal, político, etc., de unos mecanismos de prevención y unos mecanismos de castigo, eso es lo que en España no se ha hecho", dijo Lozano en una entrevista con Reuters.

Alfred Bosch, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, coincide en que hasta ahora "el Gobierno español y el Estado español no han hecho los deberes en transparencia y en lucha contra la corrupción".

El jefe del Ejecutivo ha propuesto reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas por corrupción y acelerar la tramitación de dichos casos, además de ampliar los plazos de prescripción de estos delitos.

Además, ha anunciado modificaciones en la llamada Ley de Transparencia, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso y es una exigencia de colectivos entre los que se encuentran Transparencia Internacional o Reporteros sin Fronteras.

El alcance de dicha ley aún no está claro y se ignora si, como planteó Rajoy esta semana, acabará incluyendo de pleno a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales o a la Casa Real.

"En este país no se ha tenido en cuenta la necesidad de leyes que asegurasen la transparencia y el control ciudadano, por eso esta ley llega tarde y nos tememos que mal. Es insuficiente, para empezar hay una gran laguna en la Casa Real", declaró José Luis Centella, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, a Reuters.

"Tiene que mejorar mucho, pero tengo la pequeña esperanza de que ahora con todo el escándalo Bárcenas haya cosas que probablemente hace tres meses no hubieran aceptado incluir y que ahora se vean obligados, que es como actúa este Gobierno cuando ya se ve desbordado por los hechos", señaló por su parte Lozano.

Bárcenas, vinculado durante tres décadas al Partido Popular, formación de la que fue gerente y tesorero, ha sido interrogado por la Fiscalía Anticorrupción tras una información publicada por el diario El País que aseguraba que llevó cuadernos secretos con contribuciones de empresarios de la construcción que se canalizaban a los dirigentes del partido, incluido a Rajoy.

Además, la Audiencia Nacional lo mantiene imputado por cohecho, blanqueo de dinero y fraude fiscal por su relación con la trama de corrupción Gürtel, que supuestamente pagaba a políticos a cambio de adjudicaciones públicas. Las últimas pesquisas judiciales llevaron al hallazgo de cuentas millonarias del ex senador en Suiza, que él dice haber obtenido legítimamente.

Los cuestionamientos han alcanzado también a la más alta institución del Estado, la Casa Real, después de que el marido de la hija menor del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, fuera imputado por presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del instituto Nóos, fundación sin ánimo de lucro que presidía.

MAYOR ALCANCE, GESTOS INSUFICIENTES

Desde el principal grupo de la oposición, el PSOE, se muestran partidarios de que la Ley de Transparencia incluya a los partidos políticos y a la Casa Real, a la vez que han propuesto medidas como la prohibición de cualquier donación de empresas a partidos o la creación de una oficina antifraude para controlar las administraciones públicas.

"Queremos que estén Gobierno, administraciones, las empresas que contratan, por supuesto partidos políticos y todas las entidades e instituciones que reciben algún tipo de fondos públicos, eso incluye Iglesia católica, ONG, cualquier tipo de entidad que recibe subvención o ayuda o cualquier empresa que contrata", afirmó Juan Moscoso, diputado del PSOE, a Reuters.

Los casos de corrupción han cuestionado la eficacia de organismos supervisores como el Tribunal de Cuentas, y su director ha reconocido que la institución carece de las herramientas necesarias para actuar como cortafuegos.

"En el Tribunal de Cuentas se lamentan de que carece de un auténtico poder sancionador y que la nueva ley de financiación de los partidos de 2007 no aclara la posible prescripción de las infracciones y sanciones. El organismo tampoco puede cruzar los datos con la Seguridad Social ni con la Agencia Tributaria", sostuvo una fuente del tribunal.

En un gesto que pretendía responder a la petición de mayor transparencia, el presidente del Gobierno hizo públicas hace dos semanas sus declaraciones de la renta y de patrimonio de los últimos años, un gesto que fue repetido días después por el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sin embargo, estas iniciativas han sido consideradas insuficientes por el resto de grupos políticos, que insisten en que para encontrar el origen de la corrupción en España habría que remitirse al bipartidismo o al boom de la construcción.

"¿Por qué ahora no podemos esperar nada de lo de Bárcenas ni de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular? Porque el Tribunal de Cuentas está formado por gente nombrada por los partidos que de una manera abierta o encubierta obedecen a quien les nombra, lo mismo que el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial...", dijo Irene Lozano.

Para José Luis Centella, "la corrupción no ha sido cosa sólo de cuatro chorizos, nuestra idea es que forma parte del sistema que se ha generado sobre el ladrillo".

Muchos de los supuestos pagos que aparecen en los "papeles de Bárcenas" se produjeron durante el boom de la construcción en España, en los años 90 y hasta aproximadamente 2007, cuando los políticos concedían importantes contratos de infraestructuras.

"Necesitamos otros instrumentos porque está visto que los flujos de dinero se escapan a las instancias de inspección que tenemos ahora. Todos los estamentos de control, incluido el poder judicial, deberían ser mucho más independientes de los partidos políticos", afirmó Bosch.

LAS CRISIS DE ESPAÑA

En este entorno, el apoyo a los principales líderes políticos españoles ha caído a nuevos mínimos entre una ciudadanía a la que parece habérsele agotado la paciencia, a pesar de que hasta ahora se ha mostrado permisiva en las urnas con los partidos que incluían en sus listas a políticos investigados por corrupción.

"La gente en España ha pasado de ser apolítica a ser antipolítica, porque ven que la gente que supuestamente está ahí para solucionar problemas se ha convertido en parte del problema", dijo Lozano.

"En España hay una crisis económica que ha provocado una crisis social, y la crisis social está provocando mucho sufrimiento de muchos ciudadanos, que se sienten abandonados, y en una larga mayoría distantes de las instituciones democráticas", opinó el socialista Moscoso.

Tanto el PSOE como el PP, que hace algo más de un año se hizo con el poder con mayoría absoluta, ven cómo los ciudadanos les pasan factura en mayor medida que al resto de grupos políticos, que están rentabilizando la pérdida de credibilidad de los dos grandes partidos españoles.

Para Moscoso, es comprensible que a las formaciones que han estado en el Gobierno se les identifique más con la crisis institucional, aunque sostuvo que precisamente por ello "tienen la mayor responsabilidad para hacer propuestas y buscar salidas".

Según Centella, de IU, es necesario "abrir puertas, abrir ventanas y situarnos en el punto de partida de la transparencia".

Para el político catalán Alfred Bosch, que ha llegado a afirmar que el sistema político está "podrido", la responsabilidad política es fundamental en estos momentos.

"No todos estamos en la cueva de Ali Babá, pero todos tenemos la obligación de entrar y limpiarla porque si no, no saldremos de esta", concluyó.

/Por Raquel Castillo Lopez/

(Reuters)

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