SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
La acusación particular ha solicitado 38 años de cárcel y el pago de una indemnización de 389.000 euros para un hombre acusado de matar "por celos" a su expareja en la localidad sevillana de Pruna tras asestarle un total de 42 puñaladas, unos hechos por los que la Fiscalía de Sevilla pide 25 años de prisión y el pago de 301.000 euros a favor de los hijos y los padres de la víctima.
En su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, Guadalupe B.M., relata que ambos mantuvieron una relación de pareja a lo largo de todo el año 2009, llegando incluso a convivir durante dos meses, pero el 9 de febrero de 2010 se produjo la ruptura de la relación, momento a partir del cual el acusado "no dejó de acosar, molestar y seguir" a la fallecida.
En este sentido, asevera que incluso llegó a agredirla físicamente en "varias" ocasiones, unas agresiones que nunca fueron denunciadas por la víctima "por el temor" que le producía el imputado, F.M.P., tras lo que precisa que éste, "movido por los celos y con la intención de acabar con la vida" de Guadalupe, portaba desde hacía unos días un cuchillo de 18 centímetros de hoja.
Pues bien, agrega que, sobre las 3,30 horas del día 30 de mayo de 2010, el acusado se dirigió con su vehículo al domicilio de la fallecida, aparcando el mismo en una calle paralela y escalando la fachada de la vivienda hasta entrar por la puerta de la azotea, "que sabía que al estar rota posibilitaría su acceso sin el consentimiento" de la finada.
Una vez dentro, bajó a la planta baja del inmueble y, "tras hacerse con una llave" del mismo "para posibilitar su huida una vez hubiese terminado con la vida" de su expareja, esperó a que ésta llegase y, "tras cerciorarse de que venía sola, se escondió en el armario de su dormitorio y esperó a que se quedara dormida". Después, salió del armario y se colocó a la altura de la cama de la víctima, "a la que llamó por su nombre provocando que despertara, se saliera de la cama y se colocara de pie frente" a él.
De este modo, y "ante la sorpresa" de la víctima, "que no esperaba que el acusado se encontrara en el interior de su dormitorio", y "sin esperar que reaccionase y pudiera defenderse", el acusado asestó una primera puñalada a su expareja en la zona abdominal, "consciente de que ello no acabaría de forma inmediata con su vida pero sí la sumiría en un estado de indefensión". A continuación, la empujó, cayendo Guadalupe de rodillas al suelo.
TRAS ASESINARLA, SE APODERÓ DE JOYAS Y PENDIENTES
Una vez en el suelo, la víctima trató de proteger sus órganos vitales, pero el acusado apuñaló "reiteradamente" a su ex, tras lo que "fue girando en torno" a la víctima y acuchillándola en zonas no vitales "a sabiendas de que ello alargaría su sufrimiento y padecimiento", hasta que, finalmente "y estando situado detrás de ella", nuevamente la empujó colocándola boca abajo contra el suelo y siguió apuñalándola hasta acabar con su vida.
Una vez consumada la muerte, el acusado procedió a registrar los cajones de la mesita de noche de la víctima, donde "sabía que guardaba" todas sus joyas y objetos de valor, apoderándose "con ánimo de lucro" de varias pulseras, reloj y pendientes, todo ello valorado en 17.400 euros. Todos estos objetos fueron hallados en la guantera del vehículo del procesado.
Posteriormente, el imputado abandonó el lugar de los hechos, se dirigió a su domicilio y se lavó "para eliminar los restos de sangre", tras lo que se desplazó a las afueras del municipio, donde en un contenedor de basura arrojó la ropa y el calzado que llevaba "con el fin de dificultar" la investigación de los hechos.
JURADO POPULAR
Por estos hechos, la acusación particular que ejerce el letrado Antonio Valle en nombre de la familia pide para el acusado 25 años de cárcel por un delito de asesinato; cinco años por un delito de robo con violencia y fuerza en las cosas; cuatro años de prisión por un delito de allanamiento de morada; tres años por un delito de violencia física y/o psíquica habitual, y un año de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar. Un jurado popular enjuiciará este caso a partir del 10 de febrero.
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