Un juzgado de Sevilla ha ordenado
devolver el llamado "canon digital" a un abogado que demostró que
usó los CD's para copiar juicios, que son actos públicos, y por lo
tanto no los utilizó para reproducir obras protegidas por derechos
de propiedad intelectual.
Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, condena a un comerciante a devolver al abogado
Joaquín Moeckel 1,12 euros, importe del "canon digital" de cuatro CD
que, según demostró en el juicio, utilizó para reproducir otras
tantas actividades judiciales. Según la sentencia, con ello "queda suficientemente acreditado
que el destino o uso final" de los CD no fue la copia privada, que
es el objetivo del "canon digital" que, tras ser abonado al
comerciante, cobra la Sociedad General de Autores de España (SGAE).
Moeckel ha explicadoque, aunque esta sentencia se refiere
solo a su reclamación concreta, podría aplicarse a todos los
profesionales de la Justicia como abogados o procuradores y a otras
ramas como la Sanidad pública, que utilizan los CD para copiar
documentos de su trabajo que tienen carácter público.
Un canon que encarece el coste de la Justicia
El letrado, por ello, ha invitado "a la abogacía de toda España a
que a partir de ahora no acceda al pago de un canon que encarece el
coste de la Justicia" y que se movilice para modificar una
legislación que "presume la ilegalidad de las actuaciones de los
profesionales".
Ha informado de que, en su caso, cada uno de los CD's le costó 0,45
euros y el canon digital fue de 0,28 euros por cada uno, la mitad
del precio, lo que supone un total de 1,12 euros que el comerciante
donde compró los soportes, situado en la calle Zaragoza de Sevilla,
ya ha depositado en el juzgado.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil recuerda que la
Audiencia Provincial de Barcelona acordó en septiembre de 2008
elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas por tener dudas sobre "la aplicación
indiscriminada del referido canon a empresas y profesionales que
claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital
para finalidades ajenas a la copia privada".
Cita también un veredicto de la Audiencia de Málaga según el cual
aunque la ley "presume" la compra de los soportes citados para
reproducir obras protegidas, el ciudadano tiene derecho a presentar
pruebas en sentido contrario y demostrar que lo ha utilizado "para
otro fin distinto a la causa de tributación".
En su demanda, Moeckel invocó una resolución de septiembre de
2003 de la Comisión Permanente de Justicia del Consejo de la
Abogacía Española en la que acordó pedir al ministerio de Justicia y
al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la supresión del canon
digital en los CD usados para juicios orales, aunque hasta la fecha
tal petición no ha tenido resultado.
A juicio del abogado, al igual que algunas familias han decidido
acogerse a fórmulas como la suspensión de pagos, los ciudadanos
podrían presentar demandas similares a la suya y demostrar que no
compran los CD para copias obras protegidas sino para actos privados
como puede ser almacenar sus fotos familiares.
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