La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy al nuevo Parlamento egipcio reformas legislativas e institucionales que le permitan desmarcarse de la política vigente durante el régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak.
París, 9 feb.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy al nuevo Parlamento egipcio reformas legislativas e institucionales que le permitan desmarcarse de la política vigente durante el régimen del depuesto presidente Hosni Mubarak.
En un comunicado emitido con motivo del primer aniversario de la caída de Mubarak, el próximo día 11, la FIDH exigió emprender los cambios necesarios para garantizar una mejor protección de los derechos y libertades fundamentales de los egipcios.
"En un momento clave para la protección de esos derechos (...) nos inquieta constatar que a lo largo del pasado año se han cruzado las líneas rojas sistemáticamente, lo que constituye un paso atrás frente a las exigencias iniciales de los movimientos de la revolución egipcia", destaca la FIDH en esa nota.
Según la FIDH, el nuevo Parlamento egipcio debe estar a la altura de las expectativas, y comenzar por adoptar una ley sobre las asociaciones que garantice la libertad de formar ONG sin tener que pasar antes la aprobación y control de las autoridades.
La FIDH solicitó, además, la modificación del Código de Justicia Militar que ahora permite presentar ante tribunales castrenses a civiles y que la asociación denuncia que se utilizan contra los opositores "para hacerlos callar".
La organización consideró que el régimen egipcio sigue recurriendo al "acoso judicial" para silenciar a ese colectivo, y exhortó al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas a cesar el envío de civiles a esos tribunales, "sin excepción", y que esa prohibición conste además en la nueva Constitución.
Para la FIDH, es necesario también que el Parlamento levante "completa e inmediatamente" el Estado de emergencia, todavía aplicable a "actos de delincuencia", para que se limite, según las disposiciones internacionales, a momentos en que "esté amenazada la vida de la nación".
Requirió, además, que se anule la ley que autoriza al ministro del Interior a ordenar el uso de munición real para dispersar manifestaciones y que se garantice en la Constitución la libertad de reunión.
En pro de las mejoras, impulsó a investigar de manera independiente e imparcial las denuncias de torturas cometidas bajo el régimen de Mubarak y hasta la actualidad, y que se permita a las ONG que trabajan en ese tipo de casos visitar las prisiones para examinar el estado de los detenidos.
"El Parlamento debe romper con la política de impunidad y exigir la persecución penal de todos los autores flagrantes de violaciones de los derechos humanos", destacó la FIDH.
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