El Gobierno aprueba el recorte de altos cargos y del sector público empresarial

30/04/2010 07:09 | Agencias

Las medidas podrían afectar a unos cuartenta altos cargos y a más de doscientos directivos y miembros del consejos de administración de empresas públicas.

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El Consejo de Ministros aprobará este viernes sendos planes para racionalizar la Administración general del Estado, con el consiguiente recorte de altos cargos, y para reducir el sector público empresarial, lo que implicará fusionar entidades y eliminar puestos directivos.

Según fuentes ministeriales, los recortes podrían afectar a unos cuarenta altos cargos, desde secretarios de Estado a directores generales, y a más de doscientos directivos y miembros de consejos de administración de empresas públicas.

El Gobierno busca con estos planes cumplir sus compromisos de austeridad para reducir el déficit.

El proyecto, coordinado por las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, llega con varias semanas de retraso a la mesa del Consejo, ya que, como reconocen las fuentes, la negociación con cada Ministerio ha sido complicada.

Las vicepresidentas han guardado silencio sobre los departamentos y empresas afectadas.

Sólo se ha confirmado oficialmente que se fusionarán las tres sociedades estatales adscritas a los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores: la de Conmemoraciones Culturales (SECC), la de Acción Cultural Exterior (SEACEX) y la de Exposiciones Internacionales (SEEI).

Junto a esta cuestión, estaba previsto que el Consejo aprobara el decreto que permitirá a España prestar ayuda financiera a Grecia, pero quedará para una próxima reunión porque todavía no se ha determinado el importe total que destinarán los países de la zona euro a Atenas.

En un principio los dieciséis países que comparten moneda única había apostado por un paquete de 30.000 millones de euros para este año (de los que corresponderían a España alrededor de 3.670 millones), pero se estudia ampliarlo y cubrir las necesidades de crédito de Atenas en los tres años de ajuste que ha previsto.

Sí podría estar sobre la mesa el anteproyecto de ley de tasas consulares, que reformará la norma que regula desde 1987 las cuotas que hay que pagar en las oficinas consulares por realizar determinados trámites, como la expedición de un pasaporte.