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lunes, 15/09/14 - 06: 12 h

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El Gobierno recurre ante el Constitucional el euro por receta por vulnerar la igualdad

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viernes, 14/12/12 - 19:18

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Madrid, 14 dic (EFE).- El Gobierno ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica que se aplica en Cataluña desde el pasado mes de junio, al considerar que vulnera la igualdad de los españoles.

El Gobierno recurre ante el Constitucional el euro por receta por vulnerar la igualdad

Madrid, 14 dic (EFE).- El Gobierno ha acordado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica que se aplica en Cataluña desde el pasado mes de junio, al considerar que vulnera la igualdad de los españoles.

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir los artículos 16 y 41 de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas de Cataluña, para impugnar dos tasas, una judicial por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de justicia, y otra sanitaria, conocida como el euro por receta.

Según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo considera que el euro por receta supone gravar dos veces una misma circunstancia, la adquisición de medicamentos, en condiciones de no equidad.

En este sentido, ha recordado que el Parlamento aprobó una fórmula que permite discriminar en función de la renta las cantidades que se aportan a comprar medicamentos, el llamado copago farmacéutico.

Por el contrario, el euro por receta es una figura de carácter lineal, que afecta más a los enfermos polimedicados, que tienen unas mayores necesidades.

El Gobierno considera que la decisión de Cataluña vulnera la normativa estatal prevista para garantizar las bases de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Consejo de Estado emitió un informe que establecía que el euro por receta es un supuesto regulado por una ley estatal.

Según ese informe, las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de los precios de productos sanitarios porque vulneran la Constitución.

La Carta Magna garantiza al legislador popular una unidad mínima en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos, con independencia de donde se resida, para evitar desigualdades.

Esa desigualdad, según la vicepresidenta, se produce al obligar a los ciudadanos de Cataluña a adquirir medicamentos con un desembolso mayor que en otras comunidades.

Preguntada sobre si el Gobierno va a actuar de igual forma en el caso de que la Comunidad de Madrid aplique la misma medida a partir de enero, como tiene previsto, la vicepresidenta ha dicho que esta región debe ser "plenamente consciente" de que el Ejecutivo procederá de la misma forma.

No obstante, ha revelado que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se ha puesto en contacto con el presidente regional de Madrid, Ignacio González, y confía en llegar a un entendimiento "acorde con la Constitución".

Después de las negociaciones mantenidas en la mesa de diálogo entre la Administración Central y la Generalitat de Cataluña que prevé la normativa reguladora del TC, no ha sido posible llegar a un acuerdo en lo que se refiere al euro por receta y las tasas judiciales.

Sí ha habido un acuerdo, ya formalizado, en la gestión del patrimonio cultural sobre bienes culturales de interés nacional, sobre bienes muebles o catalogados y otros del patrimonio cultural catalán para que se contemple el respeto a los derechos que puede tener el Estado en las adquisiciones preferentes.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la impugnación de las tasas judiciales aprobadas en Cataluña se debe a que "coincide sustancialmente con lo ya previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal respecto de la tasa para ejercer la potestad jurisdiccional".

La vicepresidenta ha señalado que esa tasa vulnera el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que prohíbe que las autonomías puedan establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados por tributos del Estado.

La también portavoz del Gobierno ha indicado que se ha intentado en las mesas de diálogo con la Generalitat encontrar "fórmulas de acuerdo" para ajustar a la Constitución estos preceptos.

"Ojalá se pudiera haber llegado a un acuerdo sobre estos dos asuntos, como con la gestión de patrimonio", ha apostillado Sáenz de Santamaría.

(Agencia EFE)

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